- La directora adjunta de investigación de la ONG, Valentina Ballesta, señaló que desde la organización insisten en el uso del término de niños a los menos de 17 de años de edad, ya que en temas internacionales de los derechos humanos a los menores de 18 años de edad se les protege como niños | Foto: EFE
Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional (AI), reiteró el 2 de diciembre que los adolescentes detenidos en el contexto poselectoral en Venezuela son obligados por las autoridades a grabar videos en los que se “autoincriminan”, bajo la promesa de que se les deducirán las penas.
“Hemos documentado el patrón de que son sometidos en gravísimas violencia y exigen grabar para autoincriminarse o incriminar a otras personas. Hemos documentado que estando en el tribunal se les sugiere que admitan culpabilidad para de alguna forma rebajar la pena”, dijo Ballesta durante una entrevista para VPITv.
Recordó que entre las denuncias que han recibido en la organización destacan malos tratos y violencia de parte de las autoridades venezolanas contra los menores de edad.
“Lo que queremos exponer al mundo es cómo el pico represivo poselectoral se centra en un patrón sistemático generalizado de violaciones de derechos humanos, que incluso podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Realmente la evidencia que recogimos por estas atrocidades cometidas en contra de niños, niñas y adolescentes tiene que sentar un precedente inequívoco para que la justicia actúe”, dijo la defensora de derechos humanos.
La directora adjunta de investigación de AI recalcó que desde la organización insisten en el uso del término de niños a los menos de 17 de años de edad, ya que en temas internacionales de los derechos humanos, a los menores de 18 años de edad se les protege como niños.
Las condiciones de detención
Ballesta precisó que en el informe divulgado por la organización el 28 de noviembre se expuso la ejecución de aprehensión sin una orden de detención y que las violaciones de derechos en torno a los niños y adolescentes son las “más graves” documentadas en Venezuela en los últimos 10 años.
“Están siendo sometidos a procesos penales con cargos como terrorismo. Lo hemos visto muchísimo en los ultimos años, tenemos una amplia documentación de un informe de cómo se usa los tipos penales, como terrorismo, incitación al odio, y silenciar cualquier forma de disidencia (en casos de presos políticos) ahora (es) aplicado, en niños, niñas y adolescentes, en virtud de estos casos, es un nuevo umbral del gobierno”, precisó la experta.
La defensora alertó sobre las secuelas psicoemocionales que han expuesto los padres de los adolescentes detenidos en el contexto poselectoral.
“Los testimonios que también recabamos fueron de los familiares. Nos contaron cómo sus niños y niñas no quieren continuar con su vida debido a la grave violencia que han sufrido en su detención (…). Esto es algo que va a tomar mucho tiempo atender y reparar”, dijo.
El informe de Amnistía Internacional
La organización no gubernamental denunció el 28 de noviembre que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en Venezuela ocurrieron detenciones arbitrarias de niños y adolescentes. Además, alertó que estos habrían sido “sometidos a torturas”.
“En total, se contabilizaron al menos 198 niños y niñas detenidos, de los cuales, en septiembre, fueron excarcelados más de 100 y en noviembre alrededor de 25. Aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo. Amnistía Internacional condena las detenciones arbitrarias, posibles desapariciones forzadas, torturas, y falta de garantías judiciales en su contra, y exige la inmediata liberación de los al menos 69 niños y niñas que permanecen privados de la libertad”, reza el comunicado.
Instó a que estos casos se deben sumar a la investigación abierta de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con énfasis en los “operadores de justicia y la cadena de mando que ordena y permite este ataque contra la infancia en Venezuela”.
Explicó que en al menos en cinco de los casos documentados, los niños y adolescentes habrían sido sometidos a “tortura mediante golpes, choques eléctricos y amenazas de muerte o sexuales”, esto con el objetivo de “forzarles una confesión”.
