- Las limitaciones que desde el Estado se ha impuesto a los sueldos de los docentes han afectado su calidad de vida, llevando a algunos a buscar otras fuentes de ingresos e incluso recurrir a ayudas económicas | Foto: EFE
Una de las primeras leyes que se promulgó al regresar la democracia en 1958 fue la Ley de Universidades, que creó la figura de la autonomía universitaria, como una demostración de los tiempos de libertad que estaban por venir. En conmemoración a este hito, cada 5 de diciembre, fecha en que emitió el decreto, se celebra el Día del Profesor Universitario en Venezuela, como la ratificación de los principios que rigen la ley desde su artículo 1:
Sin embargo, a más de 65 años de su promulgación, aquella búsqueda de la trascendencia a través de la academia se ve obstaculizada por la realidad de un gremio docente que lucha para sobrevivir a la crisis humanitaria del país. Con sueldos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y trabajando en recintos que colapsan por el deterioro de sus infraestructuras, hoy la comunidad universitaria afronta una situación delicada.
De acuerdo con la ONG Aula Abierta, en su informe Violaciones de los derechos laborales de los profesores universitarios en Venezuela. Enero 2023-Enero 2024, el gobierno de Nicolás Maduro practica una “agresión sistemática” contra la educación superior en el país al limitar el presupuesto asignado a las universidades. Esto convierte a los profesores en uno de los grupos más afectados, llevando a algunos a vivir en condiciones de pobreza extrema.
Instructivo de la Onapre
En 2022, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) emitió un instructivo que, de acuerdo con el informe, “disminuyó los salarios de toda la administración pública”. En ese acto se ajustaron las tablas salariales fijadas en los contratos colectivos de los profesores universitarios, una medida rechazada por organizaciones como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
Aunque la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó en agosto de 2022 al instructivo de la Onapre como un “acto administrativo inexistente”, en la práctica sigue siendo aplicado por el gobierno. Desde su implementación, estas tablas se han mantenido estáticas, ajenas a la realidad inflacionaria del país, lo que se traduce en la constante devaluación del salario de los profesionales.
Más de dos años sin aumento
Para este Día del Profesor Universitario, los docentes cumplen 995 días sin recibir ningún tipo de aumento salarial. El docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Humberto Rojas consideró la situación del gremio como “sumamente crítica” en entrevista para El Diario.
Indicó que actualmente el sueldo de un profesor titular es de 522,16 bolívares, lo que equivalía a 121 dólares en marzo de 2022, cuando tuvieron el último ajuste de sus tablas salariales, y hoy en día apenas con $10,9 a la tasa de cambio oficial. En el caso de los instructores, que representan el 57 % de los docentes actuales de la UCV, ganan Bs. 320,25, equivalentes a unos $7 mensuales.
“Es terrible porque, con base en el sueldo se calculan todas las bonificaciones que forman parte del salario. Cosas como el aguinaldo y el bono vocacional se calculan también así, y eso significa en el caso del aguinaldo que estamos recibiendo para estas festividades, una disminución del 74 % de su valor en dos años”, calculó.
Sin beneficios
Rojas ha enseñado en la Facultad de Ciencias de la UCV durante 33 años. Al sumar todas las bonificaciones que su contrato contempla como profesor titular a dedicación exclusiva, su sueldo total es de solo $80 al mes. Esto pues tras meses de depreciación de las tablas salariales, la prima por alcanzar el máximo escalafón equivale a $2,18, mientras la prima por sus doctorados es de $6,54.
Igualmente, la Onapre modificó las primas por antigüedad para tener un límite de hasta 23 años de servicio, lo que en su caso, sería de unos Bs. 373 ($7,79). Aseguró que el gobierno intenta compensar esta situación con bonos depositados a través del Sistema Patria, pero estos, además de ser insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, no se cuentan al momento de calcular sus prestaciones por ser parte de su sueldo.
“Entonces por supuesto todos estos elementos se ven afectados y hacen que el salario sea una cosa verdaderamente vergonzosa. Si tú mantienes el sueldo tabla congelado durante casi mil días sin aumento, por supuesto todos estos beneficios que complementaban el salario desaparecen por completo”, dijo.
El físico, quien es coordinador del Centro de Microscopía Electrónica Mitsuo Ogura, agregó que los problemas no se limitan solo al salario. Indicó que cuentan con un seguro médico con una cobertura de hasta $5 mil a través del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu), pero que rara vez pueden usarlo debido a la cantidad de trabas que el mismo organismo les pone para atenderlos. “Eso ha sido un desastre desde su inicio”, comenta.
De acuerdo con el informe de Aula Abierta, el 81 % de los docentes de universidades públicas consultados aseguró que no cuenta con un servicio de previsión social digno dentro de su institución, mientras el 92 % dijo que los servicios existentes empeoraron. Esto en gran parte por la iniciativa del gobierno de centralizar las pólizas mediante el Sismeu, que sustituyó los planes de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) con los que contaban antes.
Excluidos
“El gobierno ha cerrado todos los espacios de negociación con los gremios”, declaró Rojas, quien fue vocero de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv). Indicó que el Ministerio de Educación Universitaria reconoce a la Fapuv como representante del gremio, y solo acepta en sus mesas de trabajo a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), de línea oficialista. Opinó que hasta el gobierno no ha mostrado interés por atender ninguna de las peticiones que profesores y empleados universitarios hacen de homologar sus sueldos.
Aula Abierta coincide con esta postura, denunciando que la exclusión de la Fapuv de la discusión de las convenciones colectivas vulnera el derechos de sus agremiados a la libre asociación. Igualmente, tanto dirigentes gremiales y sindicales, como técnicos y autoridades universitarias se han reunido con representantes de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu). La ONG acotó que a pesar de la receptividad de esta dependencia, los puntos tratados en esas conversaciones nunca llegan a nada.
Dilema humanitario
Una encuesta hecha por Aula Abierta a 580 profesores de 19 universidades arrojó que el 72,3 % de sus consultados manifestó tener pocos artículos de la canasta básica en su casa, mientras el 36 % confesó tener otros trabajos para poder cubrir las carencias de su salario y 32,6 % percibe ingresos ocasionales aparte de su labor docente.
En el porcentaje restante que solo vive de su sueldo en la universidad se encuentran muchas historias que se han viralizado en redes sociales sobre profesores en una grave situación económica. Un problema parecido al que ocurre con muchos profesores jubilados se han visto en la necesidad de recurrir a la caridad para sobrevivir.
Al respecto, Rojas reconoció que actualmente se siguen presentando en la UCV casos de docentes, sobre todo jubilados, que requieren ayudas pues sus pensiones no cubren el monto de la canasta básica. Agregó que muchos profesores durante su carrera ejercieron con dedicación exclusiva, por lo que no tenían otras fuentes de ingreso en su vida.
“En este momento muchos de ellos están en una situación crítica. Tenemos profesores con signos de desnutrición, y qué por su edad presentan una serie de dolencias como hipertensión, problemas cardíacos y sufren los gastos relacionados con los medicamentos que deben consumir.
El portal Prodavinci reveló en su especial La promesa rota: el colapso de la Seguridad Social en Venezuela, que un profesor universitario retirado tras 60 años de carrera (55 años en el caso de las mujeres) debe haber aportado en promedio $16 mil al sistema de pensiones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para cubrir 20 años de retiro. Sin embargo, con el valor actual de las pensiones, un profesor jubilado tendría que vivir más de 1.450 años para poder recibir toda su cotización.
Una lucha permanente
Entre enero y diciembre de 2023, Aula Abierta contabilizó 82 protestas vinculadas exclusivamente al sector universitario. La gran mayoría del gremio docente está reclamando por sus derechos laborales y contra los recortes que han sufrido en beneficios como sus bonos vacacionales, los cuales fueron cancelados de forma fraccionada por el gobierno.
Al respecto, Rojas señala que no solo los profesores universitarios han sido afectados por el instructivo de la Onapre. Indicó que es un problema que ha afectado a buena parte de los profesionales de la administración pública como docentes regulares, enfermeras, médicos, entre otros. Por ese motivo, consideró que los gremios deben enfocar sus acciones en lograr ser incluidos en las conversaciones con las autoridades competentes, en su caso, del Ministerio de Educación Universitaria, y presionar para que los acuerdos resultantes se cumplan.
El profesor apunta a que es necesario también que la lucha por las reivindicaciones incluya no solo al gremio docente, sino a cada sector de la comunidad universitaria que padece el mismo problema. Desde los trabajadores administrativos y obreros hasta los estudiantes, cuyas becas apenas equivalen a $5 mensuales.
“Cualquiera que viva la situación universitaria tiene que ser consciente de que esto requiere de manifestarse y alertar sobre lo grave que puede ser esto para la universidad”, ratifica.