- La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, indicó que las detenciones se suelen llevar a cabo por agentes no identificados | Foto: EFE
Martha Tineo, directora de la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela), informó el 14 de enero que se ha detectado un patrón en cuanto a las detenciones por razones políticas en Venezuela que se ha implementado en arrestos durante años anteriores.
Tineo indicó que las detenciones que han documentado inician con una aprehensión arbitraria, seguida de una desaparición forzada de corta o larga duración.
La defensora de los derechos humanos recordó el caso de Emirlendris Benítez, detenida en 2018 y condenada a 30 años de cárcel por presuntamente estar implicada en un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Los familiares lograron saber cuál era el paradero de Benítez un mes después de su arresto, de acuerdo con Tineo.

“En este momento estamos viendo que el patrón se mantiene. Las personas son detenidas por agentes de seguridad no identificados, en vehículos no identificados y solo hay testigos que dicen que ven cómo se llevan a la persona. Pasan días, semanas e incluso meses hasta que se conoce el paradero de estas personas”, dijo la directora de JEP Venezuela en una entrevista para VPITv.
Recalcó que la desaparición forzada “es uno de los crímenes más graves” que se puede cometer contra los derechos humanos, ya que, explicó, no solo afecta a la persona detenida, sino a todo su entorno.
“Hay que insistir que el crimen de desaparición forzada es uno de los más graves que se pueden cometer contra los derechos humanos porque no solamente se deja en desamparo a la persona, sino que se genera a su entorno familiar, amigos y a la sociedad civil en general”, recordó.
Qué se sabe del caso de Carlos Correa
El 13 de enero, familiares y varias ONG denunciaron que aún se desconoce el paradero de Correa, luego de que fuera presuntamente retenido por supuestos funcionarios encapuchados el 7 de enero en Caracas.
“Hemos recorrido todos los centros de reclusión y en todos nos niegan su presencia, a seis días de la desaparición de Carlos Correa y todavía no tenemos noticias (…). Hemos hecho todo lo que hay que hacer humanamente y legalmente”, dijo la esposa de Correa, Mabel Calderín, a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas.

El 8 de enero, Calderín introdujo un habeas corpus en el Palacio de Justicia para conocer dónde se encuentra su esposo, sin embargo, aseguró que las autoridades no le han dado respuesta.
La misma situación vivieron el excandidato presidencial Enrique Márquez y el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, quienes fueron arrestados el 7 de enero. Un día después, el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Márquez y Tudares, aunque no reveló el lugar de reclusión.
Expertos de la ONU denunciaron las desapariciones forzadas en Venezuela
El 13 de enero, ocho misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el uso de las desapariciones forzadas de corta duración en Venezuela, en medio de los reportes de arrestos que se han llevado a cabo desde el 7 de enero.
El documento está firmado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

En el texto, las organizaciones denunciaron las condiciones “inadecuadas” de detención en Venezuela, en las que se incluyen falta de acceso a la alimentación, agua potable y saneamiento, así como la escasa atención y tratamiento médico en los centros de reclusión.
Asimismo, solicitaron información sobre la condición en la que se encuentran 18 presos políticos, quienes han sido víctimas de desaparición forzada entre ellos, José Javier Tarazona (caso cuatro años detenido), Williams Dávila (cinco meses detenido) y Dignora Hernández (10 meses detenida).