Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron a las autoridades venezolanas que informen sobre el paradero de las víctimas de desaparición forzada en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como durante y después de la investidura presidencial en enero de 2025.
“Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación”, señalaron los cinco expertos que componen el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en un comunicado difundido el 28 de febrero.
El equipo subrayó que han recibido testimonios de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil, quienes afirmaron que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.
“El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad”, lamentaron.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas está presidido por Gabriella Citroni y lo completan Grazyna Baranowska, Aua Baldé, Ana-Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi.
Protestas para exigir la liberación de los presos políticos
El 21 de febrero, el Foro Penal informó que en Venezuela hay un total de 1.061 hasta el 17 de febrero. La cifra supone 133 personas menos que hace una semana, cuando Foro Penal contabilizó 1.194 los detenidos por implicaciones políticas.
Entre estos detenidos, muchos de ellos fueron arrestados en el contexto poselectoral, hay dirigentes políticos, manifestantes, periodistas y activistas defensores de los derechos humanos.
Aunque algunos fueron excarcelados, con medidas cautelares, otros siguen detenidos, motivo por lo que familiares y organizaciones no gubernamentales (ONG) siguen protestante para exigir a las autoridades la liberación inmediata de los mismos.
Ruta por la Justicia y Libertad
Desde el 24 de febrero, los familiares de presos políticos han protestado por cinco días consecutivos para exigir la libertad y el debido proceso para los detenidos.
La convocatoría, denominada Ruta por la Justicia y Libertad, fue hecha por el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), quien denuncia que los centros de reclusión han sido “centros de tortura y castigo” para las personas que piensan diferente al gobierno.
Durante estas protestas, los manifestantes han colocado carteles con los rostros de los presos políticos y con la consigna “el derecho de ver a nuestros seres queridos es irrevocable”.
La actividad tiene como objetivo visitar distintos organismos del Estado, ubicados en Caracas, para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela. Las sedes a las que ya han manifestado son: Palacio de Justicia, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
