Rubén Ramsés Martínez, miembro del Consejo Editorial y gerente de Operaciones de El Diario, y también miembro de la junta directiva de VPItv, enfrenta actualmente un proceso de extradición solicitado por el Estado venezolano, a pesar de haber abandonado el país en octubre de 2024 y haber solicitado protección internacional inmediatamente a su llegada en España luego de un contexto de amenazas, hostigamiento y vigilancia relacionados con su labor periodística.
La causa judicial que hoy se intenta proyectar internacionalmente se inició más de tres meses después de su salida de Venezuela. En un solo día se produjeron la recepción de una denuncia, la orden de inicio de investigación, la solicitud y emisión de una orden de aprehensión y la activación de mecanismos de cooperación penal internacional. Todo ello sin que conste una investigación previa, diligencias técnicas, experticias independientes o verificación mínima de los hechos denunciados.
Ese mismo día, Martínez fue expuesto públicamente en redes sociales y portales informativos afines al poder, acompañado de señalamientos que lo presentaban como culpable e incluso le atribuían delitos que no figuran en la denuncia original a la que este medio tuvo acceso. Esta exposición anticipada vulneró el principio de presunción de inocencia y limitó su posibilidad de ejercer una defensa efectiva.
Criminalización contra periodistas y medios independientes
El contexto institucional y de derechos humanos en Venezuela es relevante para entender este caso. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado patrones reiterados de criminalización y acciones judiciales contra periodistas y medios independientes, lo que se evidencia con detenciones arbitrarias, censura, amenazas y restricciones a la libertad de prensa.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha registrado múltiples ataques directos a la libertad de expresión en el país, entre detenciones, amenazas e intimidaciones en los últimos meses.
Asimismo, informes de organizaciones de libertad de expresión han documentado un patrón sostenido de procesos judiciales y detenciones arbitrarias contra trabajadores de la prensa, muchos de los cuales han sido excarcelados tras largos periodos sin garantías procesales, lo que refuerza la percepción de un uso selectivo del sistema penal contra quienes ejercen periodismo de investigación.
Este no es un fenómeno aislado.El Diario y VPItv, junto con otros medios independientes, han sido objeto de bloqueos digitales, ataques informáticos, allanamientos, confiscaciones de equipos y hostigamiento, lo que crea un ambiente de intimidación sistemática contra la labor periodística crítica.
El caso de Martínez se inscribe en una práctica más amplia de utilización del sistema penal como mecanismo para castigar, intimidar o neutralizar voces vinculadas al periodismo independiente y a la información de interés público. Dentro de ese contexto, especialistas y defensores de derechos humanos han señalado que la judicialización de casos contra periodistas es parte de una estrategia que combina acusaciones legales con deslegitimación pública, debilitando las garantías del debido proceso y afectando la libertad de prensa de manera estructural.
Lo que está en juego no es solo la situación individual de Martínez, sino el precedente que se sienta cuando la justicia se instrumentaliza como mecanismo de censura y persecución política. El respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales son pilares de cualquier Estado democrático; su vulneración en casos como este plantea dudas sobre la independencia judicial y el respeto a las libertades fundamentales en Venezuela.
