El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes 17 de marzo la activación de una “alerta de viaje” para que los venezolanos no visiten Estados Unidos tras las recientes medidas del mandatario de ese país, Donald Trump, contra migrantes.
La medida del dirigente oficialista se produjo luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hiciera la petición al Ejecutivo nacional.
“Ese no es un país seguro en los actuales momentos. En Estados Unidos no hay Estado de derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos que nuestros migrantes deben tener”, aseguró Rodríguez en unas declaraciones recogidas por los medios de comunicación.
#17Mar | El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que le propondrá a Nicolás Maduro que “emita una solicitud para que ningún venezolano” viaje a Estados Unidos, al considerar que este “no es un país seguro”.
— El Diario (@eldiario) March 17, 2025
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El domingo 16 de marzo, el canciller Yván Gil rechazó las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra migrantes venezolanos. El comunicado se publicó en respuesta al envío de un grupo de venezolanos a una cárcel de El Salvador, luego de que los acusaran de ser presuntamente miembros del Tren de Aragua.
“Con profunda indignación repudiamos la amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad: nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas, que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos”, sostuvo la Cancillería en un comunicado publicado en redes sociales.
Venezolanos enviados a cárcel de El Salvador
El domingo 16 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la llegada de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua procedentes de Estados Unidos.
“Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un periodo de un año (renovable)”, precisó en su cuenta de X.
De acuerdo con Bukele, Estados Unidos y El Salvador acordaron que el gobierno de Trump pagará “una tarifa muy baja” por recibir en sus cárceles a los presuntos integrantes del Tren de Aragua.
Desde que se anunció esta noticia, familiares de algunos de los venezolanos detenidos en El Salvador denunciaron que varios de los migrantes detenidos son inocentes como el caso de Mirelys Casique, quien confirmó que su hijo es uno de los deportados a El Salvador.
Casique recibió una llamada de su hijo Francisco García desde Texas, Estados Unidos, en la que le informaba que estaba retenido en un centro de Laredo y lo enviarían a otro país sin especificar cuál sería su destino.
“Pido que lo chequeen en Interpol, en donde sea, para que sepan que no es un delincuente, no tiene antecedentes y lo envíen a su país”, dijo Casique en entrevista para Telemundo.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humano (Provea) rechazó el domingo 16 de marzo las deportaciones de EE UU a El Salvador “sin garantizar debido proceso”
“¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo los procesaron? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal”, cuestionó Provea en un comunicado.
Bloqueo de la Ley de Enemigos Extranjeros en EE UU
El sábado 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar la detención y deportación de presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
En un comunicado, la Casa Blanca calificó al Tren de Aragua como “un peligro para la paz o seguridad pública de Estados Unidos”.
“Todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros del Tren de Aragua, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o no sean residentes permanentes legales están sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y deportados como enemigos extranjeros”, aseguró el gobierno de Trump en el texto.
Sin embargo, el domingo 16 de marzo el juez federal James Boasberg bloqueó el uso de esta legislación. La orden judicial estará vigente durante 14 días.
“Un breve retraso en su expulsión no le causa ningún daño al gobierno”, indicó Boasberg en declaraciones recogidas por la cadena CNN, añadiendo que “cualquier avión que contenga a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire debe devolverse a Estados Unidos”.
Antes de la invocación de la ley, Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos.
