La Fiscalía anunció este miércoles 23 de abril que Venezuela recibió a un connacional extraditado desde El Salvador, a quien la institución identificó como Richard Billings Cardozo Urribarri y acusa de ser el “autor material” de un asesinato en el estado Zulia.
A través de Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Cardozo como integrante del grupo estructurado de delincuencia “El Yiyi”, quien -añadió- participó en el asesinato de una persona el 18 de febrero de 2023, un hecho en el que otras tres resultaron heridas.
Saab agregó que Cardozo fue detenido gracias a la alerta roja por los delitos de “asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo, homicidio intencional calificado por motivos fútiles y extorsión agravada”.
El fiscal general celebró la extradición como un “triunfo” y aseguró que lucha por “mantener activa” la cooperación penal internacional “sea cual sea la situación de las relaciones con otros países”.
El pasado 22 de marzo, Saab anunció que El Salvador aprobó, como parte del inicio de una cooperación penal, la extradición de Cardozo, involucrado en un tiroteo contra un comercio en Maracaibo, capital de Zulia.
Cardozo fue capturado por alerta roja y entregado a Venezuela
La extradición se da en medio de tensiones entre Venezuela y El Salvador, luego de que el gobierno de Estados Unidos deportara hasta el país centroamericano a más de 200 migrantes venezolanos acusados de ser presuntamente integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.
El lunes, Saab dijo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es “un violador serial de derechos humanos”, luego de que el mandatario ofreciera a Nicolás Maduro repatriar a los 252 venezolanos deportados por EE UU a cambio de la liberación de los considerados presos políticos en Venezuela.
La administración de Maduro envió el 22 de abril una carta a la Cancillería de El Salvador, en la que indicó que la propuesta, que calificó de “canje ilegal” y “moralmente inadmisible”, pretende condicionar la liberación de “personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético”.
En el documento, el gobierno venezolano también acusó a Bukele de utilizar políticamente el caso de los migrantes deportados, al tiempo que lo responsabilizó de las presuntas violaciones de derechos humanos que estarían ocurriendo en su país bajo el régimen de excepción.
La Cancillería venezolana calificó la oferta como una “maniobra distractora” y una forma de desviar la atención internacional de las denuncias contra su administración.
Además, la carta sostiene que los venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron recibidos conforme a los procedimientos migratorios habituales y que cualquier proceso judicial en su contra será llevado a cabo por las instituciones competentes en el país, sin injerencias extranjeras. “Venezuela no acepta imposiciones ni chantajes de ninguna naturaleza”, afirmó el texto.
La tensión entre ambos gobiernos se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre Caracas para que libere a presos políticos y respete los derechos humanos. Aunque Bukele no ha respondido directamente a la negativa venezolana, ha continuado defendiendo su propuesta como una acción humanitaria y reiterando que su intención es “darle libertad a inocentes a cambio de criminales”.
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