La organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia denunció el martes 29 de abril que se -“intensificó” el uso del sistema de justicia en Venezuela como un instrumento de persecución política.
La información fue publicada en el informe anual correspondiente a 2024 llamado El colapso definitivo de la fachada democrática en Venezuela, el cual documenta cómo se consumó el uso de inhabilitaciones masivas, leyes represivas y procesos judiciales arbitrarios para “eliminar” cualquier forma de disidencia.
“(Esto) mientras se consolidaba un sistema electoral carente de garantías mínimas que sepultó los últimos vestigios de pluralismo político en el país”, se lee en el informe, el cual hizo referencia a las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, señaló que el nombre se debe a que, a su juicio, la “apariencia de democracia” que se mantenía en Venezuela actualmente es insostenible.
Además, el documento expone cómo el espacio cívico se agravó en 2024 con la represión y las posibles consecuencias para 2025.
Deterioro del sistema de justicia en Venezuela
La representante de Acceso a la Justicia señaló la “falta de independencia” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante la presentación de la memoria y cuenta de Nicolás Maduro, presidente de la República, hecha el 31 de enero de 2025.
“La presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, exaltó la figura de Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez, así como destacó el papel crucial de ese tribunal en la estabilidad del gobierno”, se lee en el informe.
Además, la ONG denunció que el organismo expresó su compromiso de apoyar a la comisión designada por el mandatario nacional para la reforma constitucional.
Otra de las críticas que llevó a cabo la ONG fue que la presidenta del TSJ anunció en 2024 que la Comisión Judicial designó 985 jueces provisorios y suplentes, un 29,09 % más que en 2023.
“Pese a ofrecer la cifra, omitió informar sobre por qué tuvo que nombrar a tantos jueces, ni cuántos fueron removidos y por qué, ni tampoco el número de jueces en la actualidad”, reprochó el informe.
La ONG también reclamó que la funcionaria reportó cuántos juzgados fueron inaugurados en 2024, sin embargo, no precisó en dónde fueron abiertos ni cuáles son sus competencias.
Asimismo, Acceso a la Justicia declaró que Elsa González, presidenta de la Sala de Casación Penal, justificara la alineación del Poder Judicial con el gobierno en el principio de colaboración entre poderes.
“(González) argumentó que esta armonía es esencial para el funcionamiento de la democracia participativa y protagónica en Venezuela”, agregó.
Además, la ONG denunció que la Sala Constitucional confirmó la decisión de la Sala Electoral del Poder Electoral mediante las sentencias n° 211 del 11 de octubre de 2024.
Represión y arbitrariedad electoral
Acceso a la Justicia expuso que se produjeron detenciones masivas que fueron denunciadas por instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
“Estas aprehensiones, en la mayoría de los casos, se produjeron sin órdenes judiciales y sin circunstancias de flagrancia”, afirmó la publicación.
En este sentido, la ONG citó un informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en septiembre de 2024, en el que concluye que tanto el TSJ como el Ministerio Público son parte de la “maquinaria represiva” del Estado.
También mencionaron las decenas de casos de denegación de justicia en los que los tribunales se opusieron a recibir demandas de habeas corpus.
Tras el informe, Acceso a la Justicia determinó que las denuncias más frecuentes estuvieron relacionadas con la imposición de defensores públicos en lugar de abogados de confianza, la falta de acceso a la información y la obstrucción del derecho a la defensa.
