Un tribunal de apelaciones pausó la petición de Trump de revocar el parole humanitario

La medida impide la deportación de más de 500 mil extranjeros beneficiados con este permiso especial
Tahiana González
Tahiana González - Redactora
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El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos pausó la petición del gobierno de Donald Trump de terminar el parole humanitario que beneficia a miles de migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

Con esta decisión, más de 500 mil migrantes quedan, por ahora, bajo protección contra posibles deportaciones, explicaron diferentes medios estadounidenses. 

“El tribunal de distrito determinó que el artículo 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A) no otorga a la secretaria de Seguridad Nacional discreción no revisable para cancelar la libertad condicional, salvo caso por caso”, informaron tres jueces del Tribunal, confirmó Noticias Telemundo.

En ese sentido, se mantiene la orden de la jueza del tribunal de distrito de EE UU Indira Talwani, quien en abril de 2025 bloqueó temporalmente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de revocar “sin revisión caso por caso” el parole y los permisos de trabajo otorgados a estas personas que ingresaron legalmente al país bajo dicho programa.

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Foto: Pixabay

La decisión de la jueza Indira Talwani

El 14 de abril, la jueza dictaminó que el gobierno de Trump no podrá ponerle fin al parole humanitario para los migrantes. La funcionaria argumentó que el Estado no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al pretender reducir el plazo de dos años para el fin del programa. 

“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un periodo específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió Talwani en su sentencia.

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Agregó que tampoco es de interés público que cientos de miles de personas “ya no se consideren legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”.

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La demanda contra esta medida de Trump fue presentada por un grupo de migrantes con libertad condicional y sus patrocinadores en EE UU. Los demandantes argumentaron que la eliminación masiva del programa generaría grandes daños a miles de personas.

Por su parte, el gobierno de Trump ha defendido la idea de que eliminar el programa es necesario para tener un mayor control de verificación y seguridad. También alegó que el parole humanitario sea una “medida discrecional” del Ejecutivo.

Ante ello, la Casa Blanca anunció el 15 de abril que apelaría la decisión de la jueza Talwani. De acuerdo con Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, la decisión del Tribunal “está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva”. 

Otras medidas de protección vigentes para los migrantes en EE UU 

El segundo gobierno de Trump ha intentado aplicar diversas medidas migratorias, como la suspensión de programas, incluido el Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, muchas de estas decisiones han sido paralizadas por dictámenes de tribunales que rechazan las decisiones de la Casa Blanca. 

El 19 de abril, la Corte Suprema de EE UU también se pronunció con respecto a las expulsiones masivas de migrantes y bloqueó la deportación de un grupo de venezolanos detenidos en Texas. 

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Foto: Pixabay

El organismo también le ordenó al gobierno recientemente “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo. Sin embargo, tanto la administración de Trump como la de Nayib Bukele en El Salvador se han negado a efectuar esa medida.

Asimismo, un juez del estado de California, Estados Unidos, bloqueó el 31 de marzo el intento del gobierno de Trump de eliminar el TPS para venezolanos y haitianos.

El fallo del tribunal, firmado por el juez Edward M. Chen, responde a una demanda de un grupo de abogados de San Francisco quienes argumentaron que la medida se basaba en “prejuicios raciales” y que no seguía procedimientos administrativos adecuados.

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