La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes, 16 de mayo, impedir que el presidente Donald Trump avance con las deportaciones de un grupo de migrantes venezolanos en el norte de Texas, al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El tribunal devolvió el caso a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, para que analice las preguntas legales de fondo, entre ellas si la aplicación de esta ley por parte del presidente es constitucional y cuánto tiempo de aviso deben recibir los migrantes antes de ser deportados, según detalló CNN.
Con esta decisión, que se suma a bloqueos previos en otras jurisdicciones, la Corte Suprema extiende una pausa nacional sobre las deportaciones bajo esta ley, mientras se resuelve el fondo del caso.
Tras conocerse el fallo, el presidente Trump aseguró que el máximo tribunal le impidió hacer «lo que fue elegido para hacer».
“El resultado de esta decisión permitirá que más criminales ingresen a nuestro país, causando un gran daño a nuestro querido pueblo estadounidense. También alentará a otros delincuentes a ingresar ilegalmente a nuestro país, sembrando el caos y el caos dondequiera que vayan, escribió en un mensaje publicado en la red Truth Social.
La petición de la administración de Trump
El 13 de mayo, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente reanudar la deportación de más de 170 venezolanos detenidos en Texas, pidiendo que se levantara la orden de suspensión previa dictada por la propia Corte.
Según un documento firmado por el procurador general John Sauer, varios de los 176 migrantes estarían presuntamente vinculados a la pandilla Tren de Aragua y habrían protagonizado incidentes de seguridad, incluido un episodio en el Centro de Detención Bluebonnet, donde 23 detenidos supuestamente amenazaron con tomar rehenes y agredir a funcionarios de ICE. Estas personas fueron reubicadas tras ser captadas por un dron mientras escribían un mensaje de “SOS”.
El Departamento de Justicia alegó que mantener a estos individuos detenidos representa un riesgo para la seguridad y podría fomentar la expansión de la pandilla dentro de prisiones en EE UU.
La postura de la Corte Suprema de EE UU
La Corte fue crítica tanto con el manejo del caso por parte de la administración Trump como con la actuación del juez federal James Hendrix, quien se negó a frenar las deportaciones en primera instancia. Hendrix, designado por Trump, consideró que la ACLU estaba presionando indebidamente al tribunal para tomar una decisión apresurada.
El máximo tribunal también citó el caso de Kilmar Abrego García, un migrante venezolano que fue deportado erróneamente a El Salvador y que no pudo ser repatriado, como ejemplo del riesgo real de daño irreparable en estos procedimientos acelerados. “Los intereses en juego para los detenidos son particularmente graves”, advirtió el fallo.
Asimismo, los magistrados criticaron que los migrantes solo estaban recibiendo 24 horas de aviso, sin información clara sobre cómo ejercer su derecho al debido proceso, de acuerdo con CNN.
Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, disintieron públicamente de la decisión de la mayoría.
Otras acciones contra migrantes venezolanos
El 9 de mayo, la Casa Blanca también solicitó a la Corte Suprema que le permitiera revocar el estatus legal temporal conocido como parole para más de 532 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Esta petición fue rechazada por una jueza federal, quien recordó que las deportaciones aceleradas solo se aplican a quienes ingresan irregularmente, no a personas con permisos vigentes.
De igual forma, se intentó revocar la Protección Temporal (TPS) que impide la deportación de más de 350 mil venezolanos, una medida que también fue bloqueada por un tribunal en California.
