El gobierno de Argentina advirtió el jueves 22 de mayo a sus ciudadanos para que eviten viajar a Venezuela, luego de la detención de otro argentino por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
La información fue confirmada en exclusiva por Infobae, que consultó fuentes oficiales en la Casa Rosada, donde expresaron su profunda preocupación tras conocerse la captura de un ejecutivo argentino de una empresa de ciberseguridad, que ingresó al país caribeño con pasaporte italiano y fue arrestado bajo acusaciones de conspiración.
“Dejen de viajar a ese país, porque es un peligro. Los toman de rehén”, declararon altos funcionarios del Ejecutivo nacional, enfatizando que las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela están totalmente cortadas, dificultando la asistencia a los argentinos detenidos.
Esta detención se suma al caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela y cuya situación sigue siendo un misterio para las autoridades argentinas y su familia, quienes señalan que no han tenido comunicación alguna desde su captura.
Contexto de la alerta previa y la situación diplomática
Este nuevo llamado de atención se produce en un contexto donde el gobierno argentino ya había emitido una alerta formal a finales de 2024, recomendando a sus ciudadanos evitar o posponer viajes a Venezuela debido a la inseguridad y la falta de garantías para los viajeros.
En aquel momento, la Cancillería mencionó la difícil situación consular, ya que las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban prácticamente suspendidas.
Desde entonces, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado con la detención de argentinos bajo acusaciones cuestionadas de conspiración política.
Las fuentes oficiales argentinas aseguran que estas detenciones forman parte de una estrategia del gobierno de Maduro para utilizar a extranjeros como rehenes políticos en medio de sus conflictos internos.
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció el 21 de mayo la detención de tres ciudadanos extranjeros —argentino, español y búlgaro— acusados de participar en un plan conspirativo contra el régimen, justo antes de las elecciones regionales y parlamentarias que se celebrarán el 25 de mayo.
Sin embargo, desde Buenos Aires desestiman estas acusaciones y las califican como una maniobra política para tomar rehenes y ejercer presión.
