El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes 13 de octubre que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la protección de activistas de derechos humanos tras el atentado contra dos venezolanos en Bogotá.
“Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independientemente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”, escribió el mandatario en su cuenta en X.
El atentado se produjo en el barrio Cedritos, en Bogotá, y dejó heridos al defensor de derechos LGBTIQ+ y solicitante de refugio Yendri Velásquez, y al consultor político Luis Alejandro Peche. Ambos fueron trasladados a un centro médico, donde se encuentran estables, según confirmaron fuentes a El Diario. Velásquez debió someterse a cirugía.
Atentado y contexto de persecución
Testigos relataron que los activistas se dirigían a su vivienda cuando fueron atacados por sujetos desconocidos que se desplazaban en un vehículo y realizaron más de diez disparos antes de huir.
La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el hecho y recordó que Velásquez posee una solicitud de protección internacional en trámite. “Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas”, señaló el organismo en X.
La relatora especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romeo, calificó el atentado como un acto de “represión transnacional” y destacó que la solicitud de refugio de Velásquez aún no ha recibido respuesta: “Recibo con horror la información de que @yendrive sufrió un atentado en Bogotá y se encuentra recibiendo atención médica. La represión transnacional debe ser condenada”, escribió en su cuenta de X.
Otras reacciones y exigencias de protección
Diversas organizaciones exigieron investigaciones transparentes y medidas urgentes de protección.
La líder opositora María Corina Machado escribió en X que “este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”.
En ese sentido pidió “una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia (…) Pedimos que se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exiliados en Colombia”.
La ONG Provea exigió “una respuesta” del gobierno de Petro y destacó que “muchos defensores venezolanos se encuentran atrapados en un limbo migratorio por trabas institucionales (…) El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar protección efectiva a personas defensoras, solicitantes de refugio y en condición de especial vulnerabilidad”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también condenó el atentado, señalando que ambos activistas “tienen procesos migratorios abiertos en Colombia y fueron obligados a salir de Venezuela para resguardar su integridad”.
