La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil rechazó el viernes 7 de noviembre por unanimidad las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmó la pena de 27 años de cárcel dictada en septiembre por un intento de golpe de Estado.
El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el líder de la ultraderecha, abrió el camino para negar los recursos y fue secundado por los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lucia Antunes, lo que deja la sentencia virtualmente firme, pues si la defensa intentase otra apelación sería rechazada de antemano.
«No hubo ninguna omisión» en la sentencia, que «declara las circunstancias judiciales desfavorables» para Bolsonaro, por lo que se considera «inviable el argumento defensivo», indicó De Moraes en el voto que publicó en el sistema electrónico del tribunal, unos argumentos que fueron compartidos por Dino, Zanin y Antunes.
El juez Luiz Fux, hasta ahora integrante de la Primera Sala y que en la fase anterior había aceptado algunos alegatos de la defensa de Bolsonaro, acaba de separarse del colegiado y optó por no participar en esta fase final del proceso.
Las apelaciones analizadas, conocidas en la jurisprudencia brasileña como «embargo de declaración», eran los últimos recursos que podían intentar los abogados de Bolsonaro y, una vez negados, el proceso será dado oficialmente por concluido.
Aún así, la defensa del líder de la ultraderecha podría intentar otra apelación, aunque a sabiendas de que sería negada de oficio.
Es un tipo de recurso que se permite cuando una sentencia es dictada por solo un voto de diferencia, pero en el caso de Bolsonaro el resultado fue 4-1 por su culpabilidad y condena, con lo cual ese posible apelación sería archivada sin siquiera ser analizada.
Una vez que la corte decida dónde Bolsonaro cumplirá su pena, deberá ser trasladado al lugar en cuestión desde su residencia particular, en la que permanece en prisión domiciliaria desde agosto, tras haber incumplido diversas medidas cautelares que le fueron impuestas en el marco del proceso.
En los documentos que presentaron al recurrir la condena, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto «cercenamiento» del derecho a la defensa, en que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y en que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.
La condena de Bolsonaro
Bolsonaro fue condenado tras ser considerado culpable de haber tramado una conspiración para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de octubre de 2022.
Ese complot, que Bolsonaro nunca reconoció, habría llevado al asalto de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de la ultraderecha intentaron convencer a las Fuerzas Armadas de derrocar a Lula, que había asumido una semana antes.
Además de rechazar los recursos de exmandatario, el tribunal hizo lo propio con las apelaciones presentadas por otros siete condenados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares que, según la sentencia, también participaron en la trama golpista.
Las acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro
En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, pues lo considera “jefe” de la “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.
Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.
La trama fue desarrollada en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.
La conspiración pasó de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.
Lula asumió el poder finalmente el 1° de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron de uno de esos campamentos en Brasilia para asaltar con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.
De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que, según la acusación, fue “liderada” y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de “perpetuarse en el poder” e instalar “una dictadura”en Brasil.
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