La organización no gubernamental (ONG) Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) emitió un comunicado el miércoles 17 de diciembre para expresar su preocupación y rechazo por la sentencia de 10 años contra Gabriel José Rodríguez Méndez, de 17 años de edad, por el delito de terrorismo.
Pronunciamiento de la #REDHNNA ante primer caso de un adolescente sentenciado por terrorismo en el contexto postelectoral de 2024 en #Venezuelahttps://t.co/kjCAV8qgQ3 pic.twitter.com/1y8CNVUkrQ
— REDHNNA Venezuela (@REDHNNA) December 17, 2025
La organización señaló que se trata del primer caso documentado en el contexto postelectoral de 2024 en el que un adolescente recibe esta condena, lo que, según la ONG, refleja “una peligrosa deriva punitiva y un uso expansivo del derecho penal frente a situaciones de conflictividad política”.
Condena por terrorismo a un adolescente en Venezuela
La Redhnna indicó que la aplicación de la figura de terrorismo a un adolescente contraviene los principios de justicia penal juvenil, que establecen que la privación de libertad debe ser excepcional y orientada al interés superior del niño.
La ONG agregó que el juicio de Rodríguez se desarrolló con “graves vulneraciones al debido proceso”, incluyendo limitaciones al “derecho de defensa, restricciones de contacto con su familia y ausencia de garantías de dignidad y protección integral”.
De acuerdo con el comunicado, este caso forma parte de un patrón de “criminalización de adolescentes mediante tipos penales desproporcionados e incompatibles con estándares nacionales e internacionales”.
La organización exigió la apelación inmediata de la sentencia, la garantía de seguridad e integridad del adolescente, la revisión de causas similares y la liberación de otros adolescentes encarcelados por motivos políticos.
En palabras de la ONG, “tratar a un menor como terrorista constituye una forma de violencia institucional”.
Contexto y exigencias
La Redhnna señaló que la condena de Rodríguez se produce en un contexto de uso intensivo del sistema penal contra adolescentes en situaciones políticas, y reiteró que la privación de libertad de menores debe ser “excepcional y supervisada”.
Entre sus exigencias, la organización destacó la interposición inmediata de recursos de apelación y la intervención de órganos nacionales e internacionales de protección de la niñez para asegurar seguimiento psicosocial y reparación del daño.
La ONG advirtió que el incumplimiento de estas medidas constituye una violación grave de los derechos de los niños y adolescentes en Venezuela.
