Muchos de los 902 presos políticos en Venezuela al 15 de diciembre de 2025 esperan ser liberados, mientras enfrentan condiciones de detención precarias y enfermedades crónicas que agravan su situación.
De este total, 778 son hombres, 120 mujeres y 4 adolescentes entre 14 y 17 años, mientras que 97 son adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable ante la represión política y las deficiencias en el acceso a atención médica.
Foro Penal, organización no gubernamental venezolana (ONG) que realiza un monitoreo constante, difundió su último boletín el 20 de diciembre, en el que señaló nueve arrestos nuevos respecto al informe anterior, con 162 personas condenadas y 740 aún sin sentencia, además de 62 detenidos cuyo paradero se desconoce.
Denuncias sobre condiciones de salud críticas de los presos políticos en Venezuela
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó que al menos 91 presos políticos en Venezuela padecen enfermedades graves, muchas de ellas de carácter crónico o potencialmente mortales.
De acuerdo con la ONG, estas condiciones se ven agravadas por la falta de atención médica oportuna, la interrupción de tratamientos y la permanencia en espacios de reclusión con condiciones insalubres, lo que incrementa el riesgo para la vida y la integridad física de los detenidos.
Martha Tineo, coordinadora general de JEP, sostuvo que el deterioro físico progresivo que presentan muchos presos políticos no puede considerarse un efecto colateral del encierro, sino una forma de violencia estructural ejercida a través de la negación sistemática del derecho a la salud.
“La falta de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición prolongada a condiciones inadecuadas constituyen violaciones directas al derecho a la vida y a la integridad personal”, denunció Tineo.
Entre los casos documentados por JEP figuran ocho presos políticos con cáncer en estado avanzado, con diagnósticos que incluyen adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide, así como tumores pancreáticos y cerebrales. La ONG advirtió que varios de estos pacientes no reciben los tratamientos especializados que requieren, lo que compromete gravemente su pronóstico.
Asimismo, JEP identificó al menos 20 presos políticos con enfermedades cardíacas severas, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias graves e hipertensión crónica. Otros detenidos padecen diabetes e insuficiencia renal crónica, con casos de daño renal irreversible e infecciones urinarias persistentes que requieren atención médica continua.
Según la organización, algunos presos necesitan sondas urinarias, medicamentos especializados o seguimiento médico permanente, insumos que no reciben de manera regular o que deben ser costeados por sus familiares, quienes en muchos casos enfrentan obstáculos para suministrarlos. Esta situación, advirtió JEP, agrava la vulnerabilidad de los detenidos y profundiza el impacto físico y emocional del encarcelamiento.
Ante este panorama, JEP exigió a las autoridades venezolanas la adopción inmediata de medidas efectivas para garantizar la salud, seguridad e integridad de todas las personas detenidas por motivos políticos.
Más de 18 mil detenciones políticas registradas desde 2014
El Foro Penal señaló que, entre 2014 y 2025, en Venezuela se han registrado 18.612 detenciones por motivos políticos. De acuerdo con la organización, estos casos abarcan arrestos vinculados a protestas, procesos electorales y episodios de conflictividad política, muchos de los cuales derivaron en privaciones de libertad prolongadas o en medidas restrictivas sin condena firme.
Además de las personas que permanecen encarceladas, el Foro Penal indicó que más de 9.000 ciudadanos siguen sometidos a medidas restrictivas de libertad, como presentación periódica ante tribunales, prohibiciones de salida del país u otras limitaciones impuestas por el sistema judicial.
Estas medidas, aunque no implican reclusión, restringen derechos fundamentales y mantienen a las personas bajo vigilancia y control del Estado.
La ONG también informó que más de 14 mil presos políticos excarcelados han recibido asistencia legal, médica y psicosocial por parte de la organización desde 2014. Este acompañamiento, explicó, ha sido clave para documentar violaciones de derechos humanos, brindar apoyo a las víctimas y sostener el seguimiento de los casos ante instancias nacionales e internacionales.
Organizaciones de derechos humanos comenzaron la campaña La Mesa de los que Esperan, una protesta simbólica que tuvo lugar en varios países para visibilizar la situación de los presos políticos. La iniciativa incluyó mesas vacías y fotografías de personas privadas de libertad, en referencia a quienes no podrán compartir las celebraciones de Navidad y Año Nuevo con sus familiares y seres queridos.
