La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compartió un comunicado sobre la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la operación estadounidense en Caracas el sábado 3 de enero.
De acuerdo con el documento, la acción de captura de Maduro se ejecutó en colaboración con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Comunidad de Inteligencia.
“Estados Unidos buscó todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse”, indica la nota.
Liderazgo militar y custodia especializada
El comunicado conjunto enfatiza que la misión requirió “meses de coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable” entre los distintos componentes del gobierno federal. Según el texto oficial, el Departamento de Guerra lideró este “notable esfuerzo”, destacando el papel de las fuerzas militares en la incursión.
Por su parte, el manejo de los detenidos quedó en manos de personal especializado. Equipos tácticos y de transporte del FBI y la DEA trabajaron junto a los abogados del Departamento de Justicia para “garantizar el movimiento seguro, el control y la transferencia de dos acusados de alto riesgo”.
El informe asegura que todo el personal involucrado actuó “de manera decisiva y en estricta conformidad con la ley estadounidense”, calificando la maniobra como una “operación perfectamente ejecutada” basada en la cooperación entre el equipo del presidente Donald Trump.
Narcotráfico y seguridad nacional
La Fiscalía justificó el despliegue como un soporte necesario para un proceso penal en curso. El documento detalla que la operación busca procesar delitos vinculados al “tráfico de narcóticos a gran escala y delitos conexos”, actividades que, según Washington, han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de drogas que cobra vidas estadounidenses.
El texto concluye reafirmando el compromiso del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas y la seguridad nacional, subrayando que el objetivo final era hacer valer el estado de derecho frente a las amenazas transnacionales.
