La reactivación parcial del sector petrolero venezolano, impulsada por recientes anuncios sobre flexibilización de licencias internacionales y ajustes regulatorios internos, comienza a reflejarse en la publicación de nuevas ofertas laborales vinculadas directa e indirectamente a la industria energética.
Aunque el impacto aún es incipiente, especialistas coinciden en que el movimiento envía una señal relevante a un mercado laboral golpeado por años de contracción económica.
La industria petrolera nacional experimentó una caída en producción y capacidad operativa durante los últimos 15 años. Por ejemplo, en 2013 Venezuela producía aproximadamente 2,5 millones de barriles diarios (bpd), de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (EIA).
Sin embargo, en años más recientes como 2023, Venezuela promedió 783 mil bpd de producción de crudo, lo que refleja una baja respecto a producciones previas más altas dentro de la última década.
Para 2024, la producción mostró una recuperación, pero aún permaneció muy por debajo de un millón de barriles diarios, con un promedio de 921.000 bpd, según datos oficiales publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Posteriormente, cifras oficiales reportadas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo ante la OPEP mencionan que Venezuela produjo 1.031.000 bpd en enero de 2025.
El repunte coincide con decisiones internacionales que han habilitado a empresas con operaciones en el país para retomar actividades limitadas bajo esquemas de licencias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó actualizaciones regulatorias que flexibilizan determinadas transacciones vinculadas al sector energético venezolano.
Los permisos que fueron emitidos en las primeras semanas de febrero de 2026 autorizaron a cinco empresas petroleras mundiales, entre ellas Chevron, BP, Eni, Repsol y Shell, a operar nuevamente en Venezuela tras años de restricciones, incluidas actividades de exploración, producción, exportación y servicios asociados.
Reactivación de procesos de reclutamiento en la industria petrolera
Como efecto de la apertura regulatoria, varias corporaciones internacionales vinculadas al sector energético comenzaron a movilizar procesos de reclutamiento de personal especializado en Venezuela, aunque la escala aún es modesta comparada con décadas anteriores.
Un caso es el de Halliburton, la firma global de servicios petroleros que publicó llamados para recopilación de currículos en Venezuela para ingenieros, técnicos y otros perfiles especializados, con el fin de conformar una red de talento local que pueda integrarse en eventuales operaciones futuras.
La agencia de noticias EFE aseguró que el director ejecutivo de la empresa, Jeffrey Miller, destacó el 21 de enero de 2026 las “oportunidades” que tiene Venezuela y dijo confiar en poder avanzar “rápido” para hacer crecer su negocio en el país.
“Halliburton conoce este mercado bien y haremos crecer nuestro negocio allí tan pronto como se resuelvan los términos comerciales y legales, incluyendo una certidumbre en los pagos. Los primeros pasos ya están en marcha”, dijo Miller.
Los ejecutivos de Halliburton formaron parte del grupo de petroleras que visitaron la Casa Blanca este mes después de que el gobierno de EE UU capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y abogara por reactivar la industria energética de Venezuela y comercializar su petróleo.
Aunque no todas las vacantes han sido publicadas de forma abierta en portales de empleo tradicionales, la propia intención de empresas de servicios indica una recuperación de interés en capital humano técnico venezolano, que durante años migró o cambió de rubro debido a la contracción del sector.
Contexto legal y regulatorio
La emisión de licencias generales por parte de la OFAC en febrero de 2026 representa un cambio frente al marco de sanciones que había prevalecido desde finales de la década anterior.
Las nuevas autorizaciones no solo permiten operar, sino también negociar contratos de inversión con entidades venezolanas y con la estatal PDVSA, potenciando un clima de negocios más activo.
Este movimiento viene acompañado de un reconocimiento por parte del gobierno estadounidense de derechos fiscales y de pago para las compañías que vuelvan a invertir en el país, aunque bajo mecanismos que protegen determinados fondos y regulan las transacciones financieras vinculadas a estos contratos.
