La Inteligencia de Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza menor para sus intereses nacionales tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, al tener en cuenta los cambios impulsados por el actual gobierno del país caribeño.
Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI), publicado esta semana, Washington observa una disposición del gobierno venezolano a cooperar con EE UU para abrir su economía y desarrollar su capacidad de extracción de petróleo y gas natural.
El reporte destaca también que el Ejecutivo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha liberado a algunos presos políticos como parte de un programa de amnistía.
Persisten riesgos en la región y tensiones geopolíticas
El informe considera “casi seguro” que Latinoamérica y el Caribe enfrentarán focos de volatilidad en el próximo año, con potencial para afectar los esfuerzos de los países en mejorar las condiciones de vida, combatir el narcotráfico y contrarrestar la influencia extranjera.
En ese contexto, y pese a rebajar la amenaza que representa Venezuela, el documento reconoce que el país “continúa lidiando con estas dinámicas”, vinculadas a inestabilidad y desafíos estructurales.
Además, dedica un apartado al papel de China, Rusia e Irán en América Latina, cuya presencia podría entrar en conflicto con los intereses de Estados Unidos en la región.
“Es probable que la demanda china de materias primas impulse la expansión económica en Latinoamérica, mientras que Rusia buscará ampliar sus lazos diplomáticos y de seguridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela”, señala la inteligencia estadounidense.
Las relaciones entre EE UU y Venezuela han cambiado de forma sustancial en los primeros meses de 2026, tras un giro en la dinámica política y diplomática entre ambos países.
El 5 de marzo, ambas naciones anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019, con la reapertura de embajadas y una agenda de cooperación condicionada a reformas políticas y garantías de transición democrática por parte de Caracas.
En el plano económico, Washington ha relajado sanciones sobre PDVSA para permitir la venta de crudo a empresas estadounidenses y en mercados internacionales, además de flexibilizar restricciones sobre el gas y el oro.
Estados Unidos también ha asumido un rol de control sobre los flujos del petróleo venezolano, mediante cuentas supervisadas cuyos ingresos —según la administración Trump— deben destinarse a beneficiar a la población y apoyar la transición democrática.
