La organización no gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que durante los primeros cinco días de mayo se registraron dos nuevas muertes de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado venezolano.
De acuerdo con la denuncia de la ONG en su cuenta en X, uno de los casos ocurrió en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara. La víctima fue identificada como José Espinales, de 23 años de edad, quien padecía de una enfermedad respiratoria que lo mantuvo hospitalizado durante cinco meses.
“En condiciones que vulneraron su dignidad, ya que permanecía esposado a una cama. Durante ese tiempo, su familia asumió la totalidad de los gastos médicos, cubriendo tanto el tratamiento como los insumos exigidos por el centro de salud para su atención”, precisó la ONG.
El joven era oriundo del estado Yaracuy, por lo que se encontraba lejos de su lugar de origen, una situación que, de acuerdo con la organización, “no solo refleja el desarraigo que enfrentan los privados de libertad trasladados, sino también el peso que recae sobre sus familias en medio de esta crisis”.
El otro caso
El otro caso fue el de Francisco Segundo Ojeda, recluido en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, en Guárico. El OVP precisó que “se inscribe en el mismo patrón” de detenidos que enferman y no reciben atención médica oportuna.
“No se trata de hechos aislados, sino de una práctica reiterada que el OVP ha venido documentando. En este contexto, las muertes por motivos de salud dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte de la realidad carcelaria venezolana, donde no existen garantías mínimas para la atención médica ni respuestas institucionales frente a estos hechos”, agregó el observatorio.
El OVP denunció que el Estado estaría violando “de manera sistemática” el derecho a la vida. Además, mencionó que continúan documentando la situación de los presos en Venezuela ante el sistema interamericano y universal de protección de los derechos humanos.
Finalizó exigiendo al gobierno encargado de Delcy Rodríguez que se cumpla el artículo 272 de la Constitución de Venezuela, que establece que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Casos previos
El 29 de abril, el OVP denunció la muerte de un privado de libertad en la antigua cárcel de El Marite, en Maracaibo, estado Zulia. La ONG explicó que el hecho ocurrió debido al deterioro progresivo de su salud sin haber recibido atención médica adecuada.
El caso se suma a una serie reciente de fallecimientos en centros penitenciarios del país. La semana pasada, las autoridades confirmaron la muerte de cinco reclusos en el internado judicial Yare III.
Los reos fueron identificados como Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. Aunque la versión oficial atribuyó estos decesos a un presunto motín, familiares de las víctimas aseguran que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego, lo que genera dudas sobre lo ocurrido.
A esta lista se añaden Ovidio José Madriz Mendoza, fallecido en Rodeo III; Deivi Enrique García, en Rodeo IV; Rosqui Norberto Escalona, en Uribana; y Yelamo Zárraga José Ramón, en Tocuyito. Según el OVP, estos casos están asociados a problemas de salud que no fueron atendidos de manera oportuna dentro de los recintos.
La organización sostuvo que, aunque las causas inmediatas varían, existe un patrón común: personas que mueren bajo custodia del Estado en condiciones de reclusión que no garantizan su vida ni integridad física.
Privados de libertad en riesgo
En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reseñó las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en Venezuela. Recalcó que los privados de libertad se enfrentan a una infraestructura deplorable, sobrepoblación e insalubridad en las cárceles.
Mencionó la muerte de 40 personas, principalmente por razones de salud y falta de atención médica oportuna.
En el informe también detalló las denuncias previas sobre la persistencia de actos de tortura y malos tratos en los calabozos.
“La Comisión reitera que los Estados, como garantes de las personas bajo su custodia, tienen la obligación de asegurar a las personas encarceladas condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. Estas incluyen, entre otras, una infraestructura adecuada, servicios de salud oportunos, adecuados y especializados. En adición, recuerda la prohibición absoluta de toda forma de tortura o maltrato, y urge al Estado adoptar medidas urgentes para combatir estos actos”, dice parte del texto.
