El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este martes 19 de mayo la ejecución de una medida de excarcelación masiva que beneficiará a 300 presos políticos en el país. De acuerdo con las declaraciones del parlamentario, el proceso de liberación progresiva comenzó este lunes 18 de mayo y está programado para culminar formalmente el próximo viernes 22 de mayo.
“Entre el día de ayer y este viernes 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incluso con delitos demostrados”, afirmó Rodríguez durante su alocución oficial. El representante del gobierno legislativo argumentó que esta decisión responde a una política de revisión de causas judiciales impulsada desde las altas esferas del poder del Estado.
Criterios y sectores incluidos en las liberaciones
El parlamentario detalló que la comisión técnica encargada de evaluar las medidas sustitutivas de libertad priorizó a los sectores de la población penal que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad. El beneficio incluye a adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como a personas diagnosticadas con patologías médicas crónicas que requieran atención especial e inmediata fuera de los centros de reclusión.
Asimismo, entre los nombres mencionados de forma explícita por Rodríguez figuran los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM), quienes permanecían detenidos en centros de reclusión militar y civil desde hace más de dos décadas tras los sucesos políticos registrados en Caracas en abril de 2002.
Alcance político de la medida
El anuncio de estas 300 excarcelaciones se produce en un contexto de persistentes solicitudes por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares, quienes han denunciado el grave hacinamiento y el deterioro de la salud de los privados de libertad por causas políticas.
Se espera que en las próximas horas los tribunales de ejecución correspondientes emitan las boletas de excarcelación de forma paulatina. Los activistas y defensores civiles se mantienen en las afueras de las distintas sedes de reclusión e inteligencia militar de la capital para verificar el estatus final, las restricciones de las medidas cautelares y las condiciones físicas en las que serán entregados los ciudadanos a sus familiares.
