La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público publicó su balance mensual sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, en el que registró 13 violaciones a este derecho durante mayo de 2026.
De acuerdo con el informe de la ONG, publicado en su página web el 6 de junio, este periodo estuvo caracterizado por el incremento de la opacidad institucional, el cerco a las coberturas de prensa en las regiones y las restricciones en el entorno digital.
El balance de la institución defensora de los derechos humanos determinó que las agresiones se concentraron en siete casos específicos que afectaron principalmente a periodistas, reporteros gráficos y plataformas web.
Espacio Público detalló que documentaron un total de 45 casos, 104 violaciones generales a los flujos informativos y 29 detenciones arbitrarias en los primeros cinco meses del año en curso.
Censura e intimidación en el entorno físico y digital
Los patrones de agresión analizados por la ONG revelaron que los mecanismos de coacción estatal se enfocaron en restringir el acceso a la información de interés público, tanto en las inmediaciones de centros hospitalarios como en las plataformas digitales.
El estudio estadístico arrojó que las acciones se ejecutaron de forma mayoritaria en el espacio virtual, un ámbito que acumuló el mayor índice de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año.
“Documentamos 7 casos y 13 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde la censura (5) y la intimidación (4) concentraron cerca del 70 % del total”, detalló Espacio Público.
Acotó que entre las víctimas se registraron 4 periodistas o reporteros, junto con dos medios de comunicación, un reportero gráfico y una página web.
“Entre los victimarios figuran los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado, las operadoras privadas, los atacantes informáticos y funcionarios/as públicos. Cuatro de los siete casos del mes ocurrieron en Internet, la cifra más alta del año en ese ámbito”, especificó el reporte.
Ocultamiento de muertes bajo custodia estatal
Otro de los puntos que la ONG documentó en el informe correspondió a la gestión de la información sobre las personas privadas de libertad en los centros carcelarios del país.
En ese sentido, el balance resaltó la notificación tardía sobre la muerte de Víctor Quero en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, cuyo paradero permaneció desconocido para sus familiares directos durante casi un año a pesar de los reclamos públicos.
“El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó el 7 de mayo, a través de un comunicado en redes sociales, que el ciudadano Víctor Hugo Quero Navas falleció bajo custodia el 24 de julio de 2025. Lo sepultaron el 30 de julio de 2025, por la ausencia de sus familiares”, expuso el documento de Espacio Público.
La organización cuestionó los argumentos oficiales para justificar la falta de notificación oportuna a los familiares de Quero, en especial a su madre Carmen Navas, quien permaneció pidiendo información sobre su paradero durante casi un año.
“El Estado ocultó el paradero de Quero a su madre Carmen Navas, quien lo buscó sin descanso. El comunicado oficial alegó que el ciudadano no suministró datos de vínculos filiatorios, una explicación poco creíble e innecesaria cuando el Estado maneja registros de toda la población, sumado a la búsqueda notoria y pública por parte de Navas, argumentó la ONG en el balance.
Ante esta situación, los defensores de derechos humanos formalizaron una serie de requerimientos dirigidos a las autoridades competentes con el objetivo de establecer responsabilidades administrativas y penales en la cadena de mando. La solicitud exige transparencia en los registros históricos de mortalidad penitenciaria en el país.
Además, Espacio Público pidió la publicación del listado de todas las personas muertas bajo custodia del Estado desde 2002 y de las que se mantienen detenidas en centros formales e informales en todo el país.
Opacidad en la aplicación de la Ley de Amnistía
Con respecto al acceso a los datos relacionados con el sistema de administración de justicia penal, la ONG también registró retrocesos durante el mes de mayo, ya que señalaron que la Fiscalía General desestimó las solicitudes de información interpuestas de forma conjunta por varias organizaciones de contraloría social sobre la ejecución de las medidas de amnistía aprobadas en el primer trimestre del año.
“El lunes 4 de mayo el fiscal general de la República, Larry Devoe, negó la información que solicitamos junto con Alerta Venezuela y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026”, apuntó el informe.
Espacio Público explicó que la coalición de organizaciones civiles requería conocer la distribución geográfica y las condiciones de las excarcelaciones para verificar el cumplimiento efectivo de la norma legal, sin embargo, la respuesta institucional se limitó a la entrega de una cifra global sin especificar los criterios técnicos de la asignación de los beneficios.
“Pedimos el desglose por estado y por centro de detención de las boletas de excarcelación emitidas y ejecutadas, las medidas cautelares concedidas, las solicitudes declaradas improcedentes y las denuncias por retardo. La Fiscalía solo aportó una cifra agregada: 8.616 beneficiados”, se lee en el informe.
El cerco a las coberturas periodísticas
Espacio Público también se refirió, en su informe, a la actividad de los reporteros en las calles de Caracas y en otros estados del interior del país, en los que se han enfrentado a obstáculos físicos e intimidaciones por parte de funcionarios policiales y militares.
Los incidentes documentados demostraron una tendencia a restringir la captura de imágenes en las adyacencias de los centros de salud pública y durante los despliegues de autoridades ministeriales o regionales.
“El miércoles 6 de mayo, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hostigaron al periodista Rafael Espejo en la parroquia Caricuao, en Caracas, mientras cubría una actividad ciudadana y se acercaba al Centro de Diagnóstico Integral donde se preveía la visita de la Ministra de Salud. Tomó fotos del perímetro y los efectivos lo presionaron para que las borrara”, detalló la ONG.
Asimismo, los expertos de la ONG registraron situaciones de similar naturaleza que se repitieron en los Valles del Tuy (Miranda) y en el estado Monagas, donde los equipos de prensa sufrieron desalojos forzosos y el borrado de material gráfico por parte de los cuerpos de seguridad.
Como ejemplo, Espacio Público mencionó el caso del periodista Reneé Herrera de la La Revista del Tuy, ocurrido el miércoles 27 de mayo, en el que cuatro funcionarios policiales lo cercaron en el Hospital General de los Valles del Tuy para impedir que realizara su trabajo.
“Ese mismo día en Maturín, al menos tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al equipo de La Prensa de Monagas cerca del servicio de emergencia del Hospital Central Manuel Núñez Tovar. Los efectivos persiguieron al carro del medio, cerraron el paso y obligaron al fotógrafo a borrar el material grabado”, señaló el reporte.
Para Espacio Público, estos casos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una conducta institucionalizada orientada a mermar la capacidad operativa de los profesionales de la comunicación.
La ONG reiteró la necesidad de garantizar el libre ejercicio establecido en los tratados internacionales y también el derecho de la ciudadanía a informarse sobre asuntos de interés público.
“Exigimos el cese inmediato de la persecución, la intimidación y las agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa”, resaltó el balance de Espacio Público.
