La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este miércoles 10 de junio que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no ha respondido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las “irregularidades” que rodean el proceso de designación de los cargos de fiscal general de la República y defensor del Pueblo.
El cuestionamiento institucional surge tras las alertas emitidas por los relatores internacionales, quienes evalúan el cumplimiento de los tratados de Ginebra y los principios de independencia judicial en el país.
Alertas de abuso de poder
A través de sus canales oficiales, la ONG difundió los argumentos de las misiones técnicas del organismo internacional respecto a las condiciones de elegibilidad de los funcionarios ratificados o seleccionados por el Poder Ciudadano.
“Las expertas de la ONU advierten que las mismas personas que no cumplen estándares requeridos y contra quienes existen alegaciones creíbles de abuso de poder y violaciones de derechos humanos, tuvieron éxito en sus postulaciones para estos puestos”, indicó Provea en sus redes sociales, haciendo referencia directa a la falta de idoneidad señalada por los comités internacionales.
Patrón de opacidad institucional
De acuerdo con el monitoreo y el balance presentado por la organización defensora de derechos humanos, el silencio administrativo ante los requerimientos de la comunidad internacional forma parte de una conducta recurrente por parte de las autoridades locales.
“No es la primera vez, desde junio de 2021, el Estado venezolano solo ha respondido una de las 24 comunicaciones recibidas de los mecanismos de derechos humanos de la ONU”, añadió Provea, alertando sobre el aislamiento institucional y el sistemático incumplimiento de los mandatos de transparencia y examen internacional por parte del gobierno venezolano.
