El economista Asdrúbal Oliveros advirtió que, de acuerdo con las estimaciones preliminares de su equipo técnico, los daños y pérdidas materiales, derivados del doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 registrado en Venezuela el 24 de junio, se ubican en un rango de entre 7,5 y 9 millardos de dólares, lo que equivale aproximadamente al 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Oliveros consideró que la magnitud del evento desplazó por completo la agenda de reformas y estabilización que se discutía previamente en el país, lo que posiciona a la reconstrucción como el eje central de la dinámica económica para la próxima década.
De acuerdo con el análisis de Oliveros, publicado en el medio Ecosistemag el 29 de junio, el proceso de recuperación de las zonas afectadas requerirá una inversión neta de entre 12 y 15 millardos de dólares, un compromiso financiero que aseguró excede las capacidades actuales del flujo de caja pública.
El especialista enfatizó que la resolución de la crisis no dependerá exclusivamente de la disponibilidad de capital, sino de una profunda asistencia técnica y de la articulación institucional con organismos multilaterales, dado el debilitamiento operativo que arrastra la administración pública venezolana.
Destrucción de capital físico y limitaciones del Estado
La evaluación económica del economista resaltó que las consecuencias de la contingencia sísmica trascienden la pérdida visible de edificaciones.
En ese sentido, argumentó que el fenómeno afectó de forma directa variables estructurales como la productividad, el empleo formal, los ingresos fiscales y el funcionamiento de las cadenas logísticas.
“Quien piense que el problema se limita al costo de reconstruir carreteras, hospitales o viviendas está viendo apenas una parte del cuadro”, señaló en el artículo de opinión.
Agregó que la paralización operativa de miles de empresas y la incertidumbre generalizada ralentizarán el dinamismo del consumo interno durante meses o años.
El experto precisó que la literatura de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) demuestra que el impacto prolongado de un desastre natural guarda mayor relación con la fortaleza institucional del país que con la intensidad del movimiento telúrico.
En el caso venezolano, resaltó que el principal desafío radica en que la emergencia coincide con un ciclo prolongado de pérdida de capacidades fiscales y técnicas dentro del Estado.
“Reconstruir ciudades exige mucho más que recursos financieros: requiere planificación, ingeniería, capacidad de contratación, supervisión técnica y una administración pública capaz de coordinar miles de proyectos de manera simultánea. Hoy el Estado venezolano carece de buena parte de esas capacidades”, afirmó Oliveros.
El activo de la sociedad civil y la condición de la ayuda externa
Frente a las limitaciones de la gestión pública, el informe del economista destacó positivamente la capacidad de respuesta demostrada por los actores no estatales, ya que indicó que el sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las universidades, las instituciones religiosas y las redes ciudadanas han acumulado experiencia organizativa en crisis previas, tales como la emergencia sanitaria por la pandemia o los deslaves en Las Tejerías.
Si bien destacó que este tejido social representa un activo fundamental para la atención inmediata de la contingencia, aclaró que su alcance es insuficiente para asumir por cuenta propia una reconstrucción de escala macroeconómica.
En consecuencia, Oliveros manifestó que la apertura hacia la cooperación internacional dejó de ser un factor complementario para convertirse en una “condición necesaria” para viabilizar la recuperación.
Asimismo, el experto puntualizó que el restablecimiento progresivo de los canales de comunicación con los entes financieros globales abre una ventana de oportunidad para captar créditos de rápido acceso, infraestructura temporal y hospitales de campaña.
“Después de un terremoto, los países no necesitan discursos sobre soberanía; necesitan ingenieros, maquinaria, hospitales, agua potable, electricidad y capacidad para reconstruir”, sentenció.
Proyecciones internacionales
Los balances iniciales ofrecidos por el economista se acercan a los modelos predictivos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó los daños físicos directos en 6.7 millardos de dólares, lo que establece un umbral de variabilidad técnica situado entre los 4,7 y los 8,7 millardos de dólares.
No obstante, la misión de la ONU aclaró en su reporte técnico que dicha estimación inicial solo capta la afectación estructural de activos económicos y unidades habitacionales.
Al no contabilizar la red vial principal, las disrupciones comerciales secundarias ni las variables de mediano plazo del proceso constructivo, el PNUD advirtió que el impacto total real en desastres de esta envergadura suele multiplicarse por un factor de entre 1,5 y 3 veces la tasa de daño directo.
Esta proyección estadística elevaría la factura global de la contingencia en Venezuela hacia el entorno de los 20 millardos de dólares.
Por su parte, los modelos analíticos presentados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinaron de manera independiente que las pérdidas económicas globales ya superan los 10 millardos de dólares.
Al respecto, Oliveros relacionó el éxito de la hoja de ruta económica al desarrollo de un marco de confianza legal y estabilidad interna.
Sostuvo que la sostenibilidad de cualquier programa de reconstrucción e inversión privada demandará un liderazgo con legitimidad democrática y la construcción de acuerdos políticos amplios que fijen reglas claras.
“La economía venezolana acaba de entrar en una nueva etapa y la rapidez con la que logremos combinar el esfuerzo del Estado, la capacidad demostrada por el sector privado y la sociedad civil, y el apoyo decidido de la comunidad internacional, determinará no solo el desempeño económico de 2026, sino las posibilidades reales de recuperación durante la próxima década”, acotó el economista.
