Fueron segundos más largos de lo normal, mientras la adrenalina y el miedo empujaban a las personas a buscar desesperadamente la salida. Muchos lograron llegar a la calle para encontrar afuera un paisaje de destrucción, con cristales y escombros caídos, e incluso edificios que en ese instante desaparecieron en una columna de humo. Otras personas no pudieron escapar y quedaron atrapadas entre pilas de concreto que alguna vez fueron sus casas.
El 24 de junio de 2026, a las 6:04 pm, dos terremotos consecutivos devastaron la zona norte de Venezuela, provocando destrozos en al menos siete estados. La hora exacta quedó registrada en las alertas sísmicas que se activaron en los teléfonos, avisando a muchos a tiempo para resguardarse. Los servicios sismológicos internacionales posteriormente indicaron que el primer temblor tuvo una magnitud de 7,2 en la escala Richter, y el segundo, de 7,5, separados entre sí apenas por 39 segundos.
El punto más afectado por los terremotos fue el estado La Guaira, declarado por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez como zona de desastre natural. En zonas como Caraballeda, Catia La Mar, Macuto y El Junquito, cuadras enteras de edificios quedaron reducidas a escombros, mientras que en Caracas también colapsaron edificios residenciales en sectores como Los Palos Grandes, Altamira, San Bernardino, El Paraíso y Pinto Salinas.
A siete días de la tragedia, el país todavía lucha por levantarse de las ruinas. Equipos de rescate nacionales e internacionales siguen trabajando para rescatar sobrevivientes, mientras la ciudadanía toma la batuta entregando y transportando donativos para los campamentos de damnificados, o removiendo con sus propias manos los escombros ante el desbordamiento de los organismos de seguridad. Una situación que ha demostrado las deficiencias del Estado para atender la emergencia, pero también la solidaridad del mundo y del pueblo venezolano al momento de salvar vidas.
Balance de la destrucción
Para el 30 de junio, el balance oficial del gobierno encargado es de 1.943 fallecidos por el terremoto. De acuerdo con el boletín dado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por el momento se registran 10.571 heridos. Explicó que, al momento del desastre, había un estimado de 30 mil personas entre Caraballeda y Catia La Mar.
De esta cifra, dijo que entre 13.400 y 13.500 pudieron salir por sus propios medios de las estructuras afectadas en los primeros minutos. Otras 6.461 han sido ya rescatadas de los derrumbes, bien por familiares y vecinos, como por los brigadistas. Esto da un total de más de 19 mil personas rescatadas, aunque también deja una brecha de alrededor de 10 mil que siguen desaparecidas o atrapadas.
El gobierno encargado dejó de dar cifras de desaparecidos para el 30 de junio, aunque plataformas digitales independientes con reportes de allegados apuntan a 40 mil desaparecidos, una cifra cercana a los 50 mil estimados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El coordinador de este organismo para Venezuela, Gianluca Rampolla, también ha expresado su temor de que la cifra de fallecidos sea mucho mayor a la anunciada por las autoridades, por lo que anunció la entrega de 10 mil bolsas para cadáveres.
En cuanto a daños materiales, el último parte oficial señala que 855 edificios fueron afectados por el terremoto, 189 con colapso total y 666 con algún tipo de daño considerable. Aparte, 44 centros comerciales y 38 hospitales fueron afectados, así como 1.501 estructuras, como puentes y carreteras. Sin embargo, análisis hechos por AI for Good de Microsoft estiman más de 30.000 edificios dañados solamente en La Guaira, mientras que imágenes satelitales mostradas por la NASA indicarían que las afectaciones se extienden a más de 60 mil edificaciones.
También dijo que en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar había un estimado de 30 mil personas al momento del sismo, de las cuales más de 19 mil ya han logrado salir de los escombros, bien por familiares y vecinos o por los cuerpos de rescate. No obstante, eso deja a aproximadamente 10 mil personas de las que aún no se tienen noticias bajo los escombros.
Los estados en los que se registraron afectaciones por el terremoto fueron Yaracuy, Falcón, Carabobo y Aragua, todos en el norte del país, con la mayor concentración de destrucción en La Guaira, Miranda y el Distrito Capital. En Caracas, la alcaldesa Carmen Meléndez indicó que la zona más comprometida fue San Bernardino, con tres edificios derrumbados; mientras, en El Paraíso, colapsaron totalmente las Residencias San Judas Tadeo y en Pinto Salinas hubo un colapso parcial del Bloque 5. Otros edificios también quedaron inhabitables al presentar fallas estructurales, aunque no dio una cifra exacta ni un balance total de fallecidos.
En el área metropolitana, el municipio Chacao fue el más afectado, con más de 100 edificaciones comprometidas y tres edificios que colapsaron totalmente: el Petunia, en Los Palos Grandes; Obelisco, en Altamira; y Don Pepe, en Bello Campo. El alcalde Gustavo Duque informó el 30 de junio que 58 personas fallecieron durante el terremoto, mientras que 28 han sido rescatadas hasta ahora.
En Tucacas, estado Falcón, se reportaron 12 muertos por el desplome del complejo turístico La Mar Suites, mientras que poblaciones como Boca de Aroa y Palma Sola quedaron fuertemente afectadas. Por su parte, en el estado Carabobo se reportaron 14 fallecidos, 67 heridos y al menos 46 viviendas dañadas, sobre todo en la localidad de Morón, que fue el epicentro del segundo terremoto. San Felipe, en Yaracuy, que fue también epicentro del primer sismo, no registró pérdidas mayores.
Ayuda internacional
Desde el primer instante de la tragedia, los gobiernos de varios países anunciaron el envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria para atender la emergencia en Venezuela. El viceministro para Norteamérica y Europa, Oliver Blanco, indicó el 30 de junio que, hasta el momento, 30 países han contactado a la Cancillería para enviar asistencia, mientras que un estimado de 3.800 brigadistas internacionales se han desplegado en los rescates. También han llegado 118 perros buscadores y 1.200 toneladas de insumos para atender a la población.
Uno de los primeros países en pronunciarse fue Estados Unidos, que hasta el momento lidera la cifra de rescatistas con 312 especialistas en búsqueda y rescate urbano (USAR), así como bomberos de los condados de Los Ángeles, Miami-Dade y Fairfax. El Departamento de Estado anunció además la creación de un fondo de $300 millones para asistencia humanitaria y reconstrucción de las zonas afectadas, mientras que el Comando Sur desplegó más de 1.400 marines, así como aeronaves, vehículos anfibios y el buque USS Fort Lauderdale para apoyar en labores logísticas, como la entrega de insumos o la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
La ayuda internacional ha trascendido sesgos ideológicos, con países como El Salvador liderando los rescates con 300 brigadistas, al igual que otros países con gobiernos adversos al oficialismo venezolano, como Argentina, Chile, Guatemala, Israel, Siria, Italia o Alemania. Otros, como Brasil, Colombia, Turquía, Catar, Jordania y España, también han contribuido con las labores, destacando el caso de México, con más de 270 especialistas y equipos como la reconocida organización Los Topos.
Acción ciudadana
Las primeras acciones de rescate y recuperación tras el terremoto vinieron de los mismos ciudadanos que, aún cubiertos de polvo o sangrantes, se lanzaron a los edificios destruidos para sacar a las personas atrapadas. A ellos se sumaron bomberos y funcionarios de Protección Civil que trabajaron sin equipos, apenas con picos y palas donados por negocios cercanos. Pasadas las horas, al caer la noche, el panorama seguía igual, en una alusión al refrán popular de «solo el pueblo salva al pueblo».
La solidaridad también se manifestó en una ola de donaciones de ropa, comida, insumos médicos o herramientas para los voluntarios que llegaban masivamente a las zonas de desastre a ayudar. Desde el Estado se activaron centros de acopio en instituciones públicas en varios municipios, mientras que en la sociedad civil se habilitaron centros en espacios como la Universidad Central de Venezuela (UCV), centros comerciales, plazas, sedes de partidos políticos o de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Al día siguiente del terremoto, se difundieron videos de la gran cantidad de vehículos, sobre todo motorizados, dirigiéndose de Caracas hacia La Guaira para llevar cargamentos de ayuda humanitaria recogida por donaciones ciudadanas a las comunidades afectadas. También de voluntarios, a veces equipados con cascos de moto o guantes de jardinería, sumándose a los cuerpos de rescate. Desde todo el país también enviaron camiones con insumos no solo para La Guaira, sino también para otras ciudades afectadas, como Tucacas (Falcón), El Junquito, Morón (Carabobo) o Maracay (Aragua).
En redes sociales, ciberactivistas desarrollaron páginas web para gestionar mejor la búsqueda de personas desaparecidas, avanzando luego a registros de mascotas perdidas y encontradas, o listas de los ingresados a los hospitales y campamentos. Por otro lado, las plataformas también sirvieron para servicios sociales, informando sobre las zonas que necesitaban acción urgente de rescatistas, los insumos faltantes en los centros de salud o los centros de acopio disponibles en cada ciudad.
Críticas al Estado
El amplio despliegue ciudadano también resaltó una cara más oscura de la situación: la ausencia del Estado en la atención inmediata de la emergencia. Aunque funcionarios policiales y militares sí fueron vistos actuando por voluntad propia, no fue sino hasta el 26 de junio que Delcy Rodríguez anunció la militarización de La Guaira para recuperar el orden público.
A esto se sumaron fuertes críticas debido a la falta de equipos especializados por parte de los organismos de rescate. No fue sino hasta pasadas las 24 horas del sismo que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la llegada de maquinarias pesadas, como grúas y excavadoras, y que se creó un puente aéreo para el envío de ayuda desde otros estados del país.
Tras la militarización, el gobierno emitió una orden para restringir el acceso a La Guaira de personas, debido al colapso vial que provocó la cantidad de vehículos llevando ayuda en la autopista y avenidas, así como el exceso de personas que, en algunos casos, entorpecía la búsqueda de sobrevivientes. Se habilitó un centro en el Poliedro de Caracas para que los voluntarios con capacidades de utilidad pudieran registrarse y tener un salvoconducto que les permitiera entrar a La Guaira. No obstante, en los primeros días se registraron protestas debido a la lentitud del proceso, caídas del sistema e incluso la negativa de los funcionarios a cargo de acreditar voluntarios de noche.
Otra arista que ha causado un fuerte descontento popular ha sido la actuación de los funcionarios durante la crisis. En redes sociales se han visto varios videos de ciudadanos confrontando a los uniformados por su inacción, por instalar alcabalas que bloquean el paso a los voluntarios y la ayuda humanitaria, e incluso algunos casos aislados en los que han sido encontrados hurtando objetos de valor de las casas destruidas.
También se han reportado otros incidentes que han involucrado el retraso de rescatistas internacionales, sobre todo de organizaciones independientes o regionales, que han quedado varados en aeropuertos debido a trabas burocráticas o falta de comunicación con el gobierno venezolano. Lo mismo con otras denuncias de alcaldes y dirigentes políticos señalados por retener ayudas y prohibir centros de acopio que no están vinculados al oficialismo.
Campamentos y damnificados
De acuerdo con el balance de Jorge Rodríguez, aproximadamente 15.866 personas quedaron damnificadas por el terremoto. En varias plazas y avenidas de Caracas se pueden ver carpas de vecinos cuyos apartamentos quedaron destruidos o fueron declarados de alto riesgo. En el Parque del Oeste Alí Primera, en Catia, alrededor de 10 mil personas, la mayoría provenientes de La Guaira, pernoctan en campamentos humanitarios.
El 29 de junio, Delcy Rodríguez instaló el Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación Acelerada de Proyectos de Vivienda, autoridad encargada de administrar varios de los refugios creados en escuelas e instalaciones públicas. Algunos de ellos han sido espacios deportivos como el Domo José María Vargas, en La Guaira, o el Coliseo de Petare.
Hasta el momento, La Guaira cuenta con 11 refugios abiertos, incluido uno acondicionado exclusivamente para menores de edad solos en el edificio Pdval de la urbanización Armando Reverón, en Guaracarumbo; y otro para personas de la tercera edad, en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Santa Eduvigis, en Urimare. En Caracas hay también 13 refugios, destacando el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, el Complejo Cultural y Deportivo Guayana Esequiba de San Bernardino, o el Instituto Nacional de Deportes (IND) en El Paraíso.
Aunque las acciones del Estado de momento se enfocan en las labores de rescate de sobrevivientes y la recuperación de infraestructuras esenciales, el terremoto agrega un nivel más de complejidad a un país ya sometido a una emergencia humanitaria compleja por su crisis económica, social y política. La imagen de los refugios reaviva en muchos los recuerdos del manejo de los damnificados por el deslave de La Guaira de 1999, y de otros desastres que por años llevaron a las personas sin hogar a saltar de albergue en albergue, e incluso a la expropiación y ocupación de edificios no residenciales como el Sambil La Candelaria, la torre El Chorro o la torre de Confinanzas, en el centro de Caracas.
Por ese motivo, tanto la ONU como Estados Unidos han dedicado ya buena parte de sus fondos destinados a Venezuela para la construcción de nuevas viviendas, más allá de los programas gubernamentales ya en curso, como la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, las heridas del terremoto seguirán en la tierra de La Guaira, sobre las cicatrices del deslave de 1999, esperando sanar poco a poco con un pueblo ya acostumbrado a levantarse de cada tragedia.
