La tragedia que ha devastado al estado Vargas —o La Guaira, como insisten en llamarlo desde el poder y que realmente es su capital— no es solo un terremoto. Es el espejo de una década de negaciones, de un régimen que durante años se negó a discutir de política mientras el país se desmoronaba. Y ahora, cuando la tierra tiembla y los escombros sepultan a miles, el chavismo sigue sin querer hablar de lo único que importa: el futuro.
El 24 de junio de 2026, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela. Vargas fue el territorio más severamente afectado. El balance oficial registra más de 4.000 fallecidos y cientos de edificaciones colapsadas según cifras oficiales pero ya hemos dicho que ese número no llega ni siquiera al die por ciento de los números proyectados. Pero las cifras no cuentan toda la historia. El hospital Vargas-IVSS, en La Guaira, alberga 96 pacientes en una sala con capacidad para ocho camas. La morgue está desbordada. Los ventiladores no funcionan por falta de energía. Miles de familias sobreviven en las calles, en aceras y plazas, sin agua, sin alimentos, sin baños, respirando el olor de la descomposición bajo los escombros.
Es la imagen más brutal del Estado que el chavismo construyó en 27 años: un régimen con control férreo pero sin estructura estatal. Un poder que se despliega con fusiles y uniformes, pero que no tiene picos ni palas ni maquinaria para rescatar a sus propios ciudadanos.
El chavismo se negó a discutir de política durante años. Mientras la economía se contraía, mientras la inflación devoraba los salarios, mientras la infraestructura se pudría, el discurso oficial fue siempre el mismo: la culpa era del bloqueo, de la guerra económica, de la derecha fascista. Nunca una autocrítica. Nunca una revisión. Nunca una discusión sincera sobre el modelo.
Hoy, esa negación tiene consecuencias concretas. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB proyecta que Venezuela transita hacia un escenario de «estabilización económica sin democratización política». Crecimiento del PIB, sí, pero sin apertura democrática. Una normalización autoritaria. El economista Asdrúbal Oliveros proyecta un crecimiento del 8,5% para el segundo semestre de 2026, pero con una inflación estimada en 235%. Cifras que, en el terreno, significan que el venezolano sigue sin poder comprar lo que necesita.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, ocurre algo paradójico. El chavismo, que durante años desconoció al Parlamento elegido en 2015 —la «última instancia democrática» reconocida por Estados Unidos—, ahora negocia con sus representantes. El 18 de junio, Jorge Rodríguez, presidente de la AN oficialista 2025, se reunió con Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de 2015. Anunciaron una hoja de ruta conjunta para «promover la democracia» y reformar el sistema electoral.
¿Qué significa esto? Que el chavismo, acorralado por la presión internacional y la debacle humanitaria, busca ganar tiempo. Que el «triunvirato» del PSUV —Delcy Eloina, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello— intenta recomponerse tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero de 2026. Que la estrategia es la misma de siempre: concesiones tácticas para mantenerse en el poder.
‘Pero la oposición también está fracturada. María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, se encuentra en el exilio. El 29 de junio denunció que el gobierno de Delcy Rodríguez le impide regresar al cerrar el espacio aéreo. Desde Panamá, declaró estar dispuesta a «hacer lo necesario» para entrar y ayudar a las víctimas. Mientras tanto, junto a Edmundo González Urrutia, convocó a la Plataforma Unitaria para definir una postura frente al diálogo con el chavismo. El riesgo es que el chavismo use esas negociaciones para desgastar a la oposición, dividirla y consolidar su control sin ceder poder real.
Sin embargo, mientras los líderes políticos juegan al ajedrez táctico, los escombros de Vargas claman por una verdad incómoda: la necesidad urgente de una gran unidad nacional para el cambio necesario. No se trata de una alianza electoral más, ni de un reparto de cuotas burocráticas. Se trata de un pacto civilizatorio que trascienda las siglas y los egos. Un frente que incluya a los partidos democráticos, a los gremios profesionales, a la Iglesia, a las universidades, a los empresarios, a las organizaciones sociales y, crucialmente, a esos venezolanos que, a pesar de haber sido chavistas de corazón, hoy ven con claridad que el modelo colapsó y están dispuestos a sumarse a la construcción de un nuevo contrato social.
El chavismo ha sobrevivido durante décadas gracias a la división estratégica de sus adversarios. Ha tejido su permanencia en la fragmentación de la oposición y en la polarización estéril que impide cualquier consenso mínimo. Pero la catástrofe en Vargas revela que ya no hay tiempo para diferencias secundarias. La emergencia humanitaria, la debacle sanitaria y la descomposición institucional exigen un paraguas común que ponga por encima de todo la vida de los venezolanos y el restablecimiento del Estado de derecho.
La gran unidad nacional no puede ser una excusa para diluir programas ni para claudicar en los principios democráticos. Debe ser, por el contrario, la plataforma que permita un gobierno de transición creíble, con un cronograma electoral claro y con la capacidad operativa para atender la crisis inmediata mientras se reconstruyen las bases políticas del país. Sin esa unidad, las negociaciones actuales entre la AN de 2015 y la de 2025 no serán más que un parche más, y el regreso de Machado —o su ausencia forzada— seguirá siendo un factor de tensión en lugar de un catalizador del cambio.
El politólogo Walter Molina lo dijo con crudeza: «El chavismo llegó al poder con la tragedia de Vargas en 1999 y se va a ir con otra tragedia». Quizás tenga razón. Pero el desenlace no está escrito. La historia no es un fatalismo; es una construcción colectiva. Vargas puede ser el epitafio de una era o el parto doloroso de una nueva. Dependerá de si la dirigencia política —oficialista y opositora— es capaz de anteponer el interés nacional a sus mezquindades. Los varguenses, que ya vivimos el deslave de 1999, no merecemos ser otra vez el sacrificio humano de una transición fallida.
El futuro de Venezuela pasa por Vargas, capital La Guaira. Pasa por la capacidad de sus líderes para mirar los escombros y entender que la única alternativa al colapso es una unidad amplia, generosa, sin exclusiones previas y con la mirada fija en el bien común. Porque el tiempo de las excusas terminó. Los muertos de Vargas no piden discursos; piden hechos. Y los hechos, hoy, exigen que todos los venezolanos de buena voluntad se tomen de la mano antes de que el próximo temblor —político o natural— nos encuentre otra vez divididos y enterrados bajo el peso de nuestra propia indiferencia.
