El gobierno del presidente Javier Milei promulgó el jueves 30 de julio un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para expulsar del país o impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra Argentina o contra sus ciudadanos.
La norma comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque, como ocurre con todos los DNU, deberá ser analizada por el Congreso para determinar si mantiene su vigencia.
La medida abrió un debate entre especialistas en derecho constitucional sobre el alcance de las nuevas disposiciones, el procedimiento para aplicarlas y las garantías que deben respetarse antes de ordenar una expulsión.
¿Qué establece el decreto?
El decreto incorpora como causal migratoria la posibilidad de expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que, mediante manifestaciones orales, escritas o difundidas por cualquier medio, promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra Argentina o contra personas por su nacionalidad.
La decisión forma parte de los cambios impulsados por el Ejecutivo en materia migratoria y amplía las facultades de las autoridades para iniciar procedimientos de expulsión cuando consideren que una conducta encuadra dentro de los supuestos previstos en la norma.
No obstante, el decreto no detalla los criterios específicos que deberán utilizarse para determinar cuándo una expresión constituye un mensaje de odio o una incitación a la violencia, aspecto que deberá aclararse durante su reglamentación.
Especialistas cuestionan el mecanismo elegido para aprobar la medida
El abogado constitucionalista Félix Lonigro señaló para Infobae que la legislación argentina ya contempla la posibilidad de expulsar extranjeros en determinadas circunstancias, pero sostuvo que una modificación de este alcance debería ser debatida y aprobada por el Congreso.
A su juicio, el principio de legalidad exige que este tipo de restricciones se establezcan mediante una ley y no únicamente por un decreto presidencial.
El especialista recordó que los Decretos de Necesidad y Urgencia tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque permanecen sujetos al control parlamentario y pueden ser rechazados por el Poder Legislativo.
La decisión de expulsar aún debería pasar por la Justicia
Otro de los aspectos que ha generado debate es la autoridad que tendrá la última palabra para ordenar la expulsión de un extranjero.
Lonigro explicó para el medio de comunicación argentino que actualmente la Dirección Nacional de Migraciones puede iniciar el procedimiento administrativo, pero la decisión definitiva corresponde a un juez, quien debe evaluar las circunstancias particulares de cada caso.
El constitucionalista advirtió que concentrar esa facultad únicamente en una autoridad administrativa o política podría afectar las garantías del debido proceso y generar cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida.
También indicó que será necesario conocer la reglamentación del decreto para establecer qué organismo ejecutará las expulsiones y cuál será el procedimiento que deberán seguir las autoridades.
Las publicaciones en redes sociales también forman parte del debate
La aplicación del decreto también generó interrogantes sobre su alcance en plataformas digitales, debido a que contempla expresiones realizadas por distintos medios.
Especialistas consideran que las publicaciones en redes sociales deberán analizarse de forma individual para determinar si realmente constituyen mensajes de odio o una incitación a la violencia, y si cumplen los requisitos para justificar una sanción migratoria.
En ese sentido, Lonigro sostuvo que decisiones de esta naturaleza deberían contar con control judicial para garantizar el equilibrio entre la protección del orden público y el respeto a la libertad de expresión.
El decreto forma parte de la reforma migratoria impulsada por Milei
La nueva disposición se suma a otras modificaciones implementadas por el gobierno de Javier Milei en materia migratoria, orientadas a endurecer las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina.
Entre las reformas impulsadas por el Ejecutivo figuran nuevas causales de expulsión y restricciones para determinados beneficios públicos, medidas que también han generado debates jurídicos y políticos sobre sus alcances.
Mientras el decreto permanece vigente, el Congreso deberá pronunciarse sobre su validez y las autoridades deberán definir los procedimientos para su aplicación en los casos que puedan presentarse.
