El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el martes 11 de agosto la muerte de tres reclusos bajo custodia en distintos centros de detención de Venezuela.
“Mientras las personas privadas de libertad continúan muriendo en Venezuela, cabe preguntarse dónde están las instituciones que tienen la obligación constitucional de protegerlas y qué están haciendo realmente para impedir que esta crisis siga cobrando vidas”, se lee en la denuncia publicada por el OVP en X.
Tres fallecidos bajo custodia
El ente independiente identificó a uno de los fallecidos como Anthony José Portillo Gómez, privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito, quien habría muerto el 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera, tras presentar complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.
A esta muerte se suma la de Víctor José Salgado, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo IV y falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani, en el municipio Sucre (Miranda), también por razones de salud.
El tercer caso corresponde a Adrián Felipe, privado de libertad en el Centro Penitenciario Fénix Lara, quien falleció en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.
El Clippve mencionó que estos tres casos ocurrieron en establecimientos diferentes, pero exponen la situación de las instituciones de reclusión venezolanas, por lo que cuestionaron la labor de los organismos de Estado para atender a privados de libertad enfermos.
“No basta con conocer las muertes después de que ocurren. Al contrario, si existen personas privadas de libertad con enfermedades graves, cuadros de deshidratación, hipertensión, diarreas persistentes u otras condiciones que pueden comprometer sus vidas, la actuación institucional debe producirse antes de que lleguen a una emergencia hospitalaria y no cuando ya es demasiado tarde”, denunció la organización.
En este sentido, el OVP solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público investigar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o en los traslados hospitalarios y determinar responsabilidades cuando la falta de actuación de un funcionario pudo contribuir al deterioro o muerte de una persona privada de libertad.
Afirmaron que también es necesario interpelar al Poder Judicial y, particularmente, a los jueces de ejecución, “quienes no pueden permanecer ajenos” a las condiciones en las que se cumple una medida privativa de libertad.
“Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Poder Judicial constituyen tres pilares fundamentales para la protección de los derechos humanos que, frente a la realidad penitenciaria venezolana, parecen actuar sin ver, oír ni hablar”, insistió el OVP.
Al menos 51 presos murieron en Venezuela entre abril y julio
El 7 de agosto de 2026, el OVP contabilizó que al menos 51 presos comunes fallecieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela.
“En los 15 años de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario han vulnerado sistemáticamente los derechos de la población penal”, afirmó el OVP en su cuenta de X.
El 4 de agosto, el OVP indicó que algunos de los fallecidos “padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.
“Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose”, subrayó entonces la organización.
Por tanto, exhortó a la Fiscalía a que inicie una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada fallecimiento, a fin de determinar las responsabilidades que “correspondan”.
