La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que el expediente penal del caso de Linda Loaiza López Soto evidencia la falta de voluntad del sistema judicial venezolano para avanzar de manera efectiva en la búsqueda de justicia. De acuerdo con la organización, la causa se mantiene activa principalmente por la insistencia de la propia víctima, mientras que las investigaciones destinadas a determinar responsabilidades de funcionarios involucrados en los abusos y en la posterior obstrucción del proceso permanecen paralizadas.
JEP señaló como ejemplo la orden de captura emitida en julio de 2026 contra el agresor. Mencionó que aunque la medida podría representar un avance, cuestionó su efectividad debido a que, según su denuncia, no ha sido notificada formalmente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ni comunicada a las autoridades migratorias o a Interpol.
“Al no ser notificada formalmente a la policía científica (CICPC) ni reportada a las autoridades de migración o a Interpol, sin salir del despacho del juez no evita que el acusado por crímenes tan atroces se evada de la justicia”, escribió la ONG en su cuenta de X.
A esta situación se suma, según JEP, el diferimiento constante de las audiencias, que habría sido utilizado de “manera sistemática” para mantener paralizado el juicio.
Sin embargo, la organización advirtió que el cumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano no depende exclusivamente de los tribunales. Recordó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas de reparación para Linda Loaiza que pueden ser ejecutadas directamente por el Poder Ejecutivo, sin depender de los tiempos del proceso judicial.
JEP mencionó que entre las medidas pendientes está la incorporación de un programa educativo sobre los derechos de las mujeres que lleve el nombre de Linda Loaiza en el currículo escolar, la atención médica y psicológica integral para la víctima, el pago de las indemnizaciones y la entrega de becas. También siguen en espera la reglamentación de la legislación contra la violencia de género y la realización de un acto público en el que el Estado reconozca su responsabilidad.
“Diferencia el estancamiento de los tribunales de la inacción del estado permite atender que reparar a la víctima es, ante todo, una cuestión de voluntad y compromiso con los derechos humanos”, recalcó la ONG.
Caso Linda Loaiza
Linda Loaiza fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 por Luis Carrera Almoina, cuando tenía 18 años. Luego de cuatro meses, fue rescatada el 19 de julio de ese mismo año en el apartamento donde permanecía cautiva, en delicado estado de salud.
De acuerdo con la denuncia, la hoy abogada fue víctima de abuso sexual y agresiones físicas que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, además de fracturas de la nariz y la mandíbula, entre otras lesiones.
Tras su liberación, Linda Loaiza permaneció seis meses hospitalizada y tuvo que ser sometida a 15 cirugías. En el proceso penal interno, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue condenado por privación ilegítima de libertad y lesiones graves, pero absuelto por abuso sexual.
Loaiza ha dedicado más de la mitad de su vida a buscar justicia y, pese a que obtuvo una sentencia a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado venezolano aún no ha cumplido con las garantías ordenadas por el tribunal. Con ese fallo, la abogada se convirtió en la primera venezolana en ganar un caso contra el Estado venezolano ante esa instancia internacional.
En el proceso ante la Corte IDH, Loaiza sostuvo que el Estado venezolano violó diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mientras que el Estado argumentó que no era responsable por violaciones a esa Convención, a la Convención de Belém do Pará ni a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El viernes 7 de agosto de 2026, la abogada fue notificada de una audiencia hoy 11 de agosto de 2026, ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para revisar nuevamente las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Público como por ella. Sin embargo, esta audiencia fue diferida.
“Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia”, escribió Loaiza en su cuenta de X.
