El Comité de Familiares de Presos Políticos en Venezuela (Clippve) informó que el Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo condenó el jueves 13 de agosto a seis años de prisión a Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot, tres pescadores artesanales del estado Falcón.
Los jóvenes permanecían privados de libertad desde el 20 de septiembre de 2024, cuando fueron aprehendidos mientras regresaban de pescar, de acuerdo con la información difundida por la organización.
Sus madres, Johely Atencio, Ana Añez y Yackelin Pérez, acudieron al Palacio de Justicia con la expectativa de que sus hijos recuperaran la libertad después de casi dos años de reclusión.
La audiencia de conclusiones comenzó alrededor de las 3:00 pm y terminó cerca de las 4:00 pm de este jueves. Los tres participaron de forma telemática desde Falcón, mientras sus familiares permanecieron en Caracas.
La defensa pidió la libertad plena al considerar que no se presentaron elementos suficientes para demostrar los delitos atribuidos. También señaló contradicciones en las declaraciones de los testigos.
Denuncian irregularidades en torno al juicio
Las madres de los pescadores sostuvieron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) les habrían atribuido “materiales como cables oxidados de turbinas eólicas, picos y palas” para sustentar las acusaciones, de acuerdo con un video difundido por Clippve en X.
Los tres fueron procesados por terrorismo, asociación para delinquir, extracción de material estratégico y sabotaje eléctrico. Sus familiares rechazaron estos señalamientos y aseguraron que son trabajadores y pescadores artesanales.
Durante el juicio, también cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la defensa. Según las familias, tuvieron dificultades para contar con abogados de confianza y denunciaron vulneraciones al debido proceso.
La defensa además solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía, pero la petición fue negada.
¿Qué planteó la defensa durante el proceso?
Los abogados sostuvieron que no habían pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los acusados y señalaron contradicciones entre las declaraciones de los testigos.
El juicio comenzó el 30 de abril de 2026, después de más de un año y medio de reclusión.
Tras conocer la sentencia, las familias cuestionaron nuevamente los fundamentos de la decisión y reclamaron que no se tomaran en cuenta los argumentos expuestos por la defensa.
La condena se produjo un día después de que se anunciaran acuerdos para iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano.
Para las madres, el caso evidencia la necesidad de garantizar el debido proceso en las causas judiciales y mantiene su reclamo por la libertad de los tres pescadores.
