El Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que la Cancillería venezolana no ha respondido a los familiares de presos políticos, diez días después de la reunión en la que entregaron un documento para exigir el ingreso de misiones internacionales de derechos humanos.
En la reunión con el secretario general de la Cancillería, Rodolfo Crespo, que se llevó a cabo el 7 de agosto, estuvieron presentes familiares de detenidos por razones políticas, así como integrantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y de Clippve.
“Pese a que las familias dejaron sus números de contacto directos tras el compromiso del organismo de darles respuesta de inmediato, transcurrida una semana aún no han recibido ninguna comunicación oficial”, precisó el comité en su cuenta de X.
Asimismo, Clippve y las otras organizaciones participantes de la reunión insistieron en la necesidad de cumplir con los protocolos internacionales para lograr “la libertad plena” de los más de 400 presos políticos que siguen privados de libertad en Venezuela.
EN LA CANCILLERÍA | A más de 10 días de la reunión entre familiares, Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos con la Cancillería en Caracas, las autoridades no han emitido respuesta.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 17, 2026
Durante el encuentro sostenido con el secretario general de la Cancillería,… pic.twitter.com/ORdCEg3m6A
Las denuncias y propuestas presentadas
En la reunión, el equipo de Clippve entregó a Crespo un documento en el que presentó las siguientes denuncias:
- Violaciones sistemáticas: registros documentados de tortura, privación de alimentos y suspensión reiterada de las visitas familiares y legales.
- Urgencia médica: solicitaron atención médica oportuna y especializada para los reclusos con patologías graves.
- Restricciones a excarcelados: denunciaron obstáculos para la reinserción laboral y la retención indebida de documentos de identidad (cédula y pasaporte) de personas liberadas.
Asimismo, los familiares de presos políticos y las ONG propusieron crear una mesa técnica y plantearon un espacio de trabajo enfocado en tres acciones inmediatas:
- Permitir el ingreso y la participación activa de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Autorizar la entrada de la Cruz Roja a los centros de reclusión para evaluar las condiciones de salud física y psicológica de los detenidos.
- Incorporar a otros entes internacionales que cuenten con la confianza de los familiares.
Protestas de Clippve frente a la Cancillería
El 7 de agosto, familiares de presos políticos y activistas se concentraron en las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Caracas, para exigir la libertad plena de las personas privadas de libertad por razones políticas.
Los manifestantes avanzaron hasta las puertas de la Cancillería, ubicada en el edificio de Relaciones Exteriores, en el centro de Caracas, luego de superar el perímetro de seguridad establecido en la zona por los cuerpos de seguridad.
Durante la protesta, los familiares esperaron ser atendidos por representantes de la institución para entregar un documento en el que plantearon sus demandas relacionadas con la situación de los presos políticos y las condiciones que enfrentan quienes han sido excarcelados.
Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), informó que los manifestantes exigían que se respetaran las garantías de los privados de libertad y sus familiares.
“Esperamos y exigimos que se respeten los derechos humanos de los presos políticos, que haya garantías procesales (…) Mañana se cumplen siete meses de los familiares durmiendo fuera de las cárceles, esperando justicia”, expresó Baduel ante los medios de comunicación desde las adyacencias de la institución.
Los familiares señalaron que el documento busca llamar la atención de las autoridades sobre la situación de las personas que permanecen privadas de libertad, así como de quienes continúan bajo medidas posteriores a sus excarcelaciones.