La mesa de diálogo establecida entre representantes del oficialismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015 acordó la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un aspecto que diversas organizaciones y políticos exigían para avanzar en el proceso de transición política que vive Venezuela, desde la captura de Nicolás Maduro por parte de militares de Estados Unidos.
El abogado de derechos humanos y director de la organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Alí Daniels, advirtió en entrevista para El Diario sobre la necesidad de reformar la Ley Orgánica del TSJ con el objetivo de garantizar que el nuevo Comité de Postulaciones Judiciales sea un órgano verdaderamente técnico y despolitizado.
A juicio del especialista, los procesos de selección llevados a cabo en las últimas décadas desnaturalizaron el mandato constitucional al colocar la dirección del mecanismo en manos de mayorías parlamentarias.
Actualmente, la composición de dicho comité se distribuye en 21 integrantes: 11 diputados de la Asamblea Nacional y 10 representantes de la sociedad civil.
“Lo primero es aclarar que la ley del TSJ actual y las que la han precedido desnaturalizaron el comité de postulaciones, porque en ninguna parte del artículo 270 de la Constitución se dice que el comité de postulaciones tiene que estar conformado por diputados, todo lo contrario. Lo que dice es que debe estar conformado por representantes de la sociedad. Esto se realizó constituyendo un comité con mayoría de actores políticos y minoría de la sociedad civil”, explicó Daniels.
El jurista enfatizó que la distorsión del mecanismo no fue solo numérica, sino también cualitativa. Denunció que históricamente no se designó a verdaderos voceros sociales, sino a personas vinculadas al poder, lo que, señaló, convierte al comité en una estructura netamente política.
“El comité ha sido un órgano político, y lo demuestra el hecho de que nunca publicó un baremo de evaluación, nunca cumplió con un programa de trabajo y nunca se supo cuáles fueron las evaluaciones que se hicieron. Las entrevistas a los postulantes siempre fueron privadas, nunca se hicieron públicas, y al final se escogía a dedo y no por los méritos de las personas, siempre con un perfil político de lealtad al gobierno”, remarcó.
Propuesta de integración: sociedad civil al frente del proceso
Frente a la posibilidad de adecuar la legislación a la Carta Magna, Daniels valoró de forma positiva que en las mesas de diálogo se haya planteado la reforma de la ley.
Desde Acceso a la Justicia, propuso que el nuevo comité esté constituido de forma exclusiva, o al menos en su mayoría, por representantes de la sociedad civil, y que la presidencia del ente recaiga en un miembro de este sector.
En cuanto a quiénes deben conformar esta representación social, el abogado precisó que el perfil debe enfocarse en miembros de instituciones con solidez técnica comprobada.
“Debería constituirse un comité formado por organizaciones con experiencia acreditada en defensa de derechos humanos y temas de Estado de derecho y de justicia, las academias, las facultades de derecho de las universidades autónomas y privadas, y los colegios profesionales. También hay que involucrar a asociaciones especializadas como la Asociación Venezolana de Derecho Tributario o la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que son personas de alto nivel profesional”, detalló.
En el caso de que se opte por mantener una fórmula mixta, Daniels planteó una distribución equilibrada donde la sociedad civil mantenga la conducción. En ese sentido, indicó que lo ideal sería una tercera parte de diputados y dos terceras partes de la sociedad civil.
Por otra parte, al evaluar las propuestas que giran en torno a las negociaciones, Daniels se refirió a la creación de un Consejo Técnico de Revisión de Credenciales como un paso previo indispensable.
“Dado que la creación de este consejo es algo acordado, creemos que en la reforma de la ley debería dividirse el proceso para que este consejo haga un primer filtro. Debe estar constituido por personas estrictamente técnicas, solo de la sociedad civil, para que sea el que haga la primera evaluación de credenciales y determine si cumplen los requisitos, además de recibir las impugnaciones ciudadanas”, resaltó el abogado.
El especialista subrayó la relevancia de la fase de impugnaciones para evitar que jueces cuestionados por violaciones de derechos humanos o actuaciones represivas aspiren a la alta magistratura.
“Si alguien se postula, se publica la lista y alguien sabe que esa persona fue un juez de terrorismo, un juez que actuó en el aparato represivo, o que tiene antecedentes penales, pues que lo informen. Hechos estos dos pasos, postulaciones e impugnaciones, de la lista depurada, ese consejo pasaría esa primera preselección al Comité de Postulaciones”, propuso el experto.
El consenso político en la mesa de diálogo: la postura parlamentaria
Desde la perspectiva parlamentaria involucrada en el proceso de negociación, la reformulación del procedimiento de designación representa el eje central para solventar la crisis institucional del país.
El diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015 y coordinador del Programa de Organizaciones Ciudadanas (POC), Rafael Veloz García, coincidió en que los puntos discutidos en la mesa de diálogo apuntan directamente hacia la raíz del problema estructural que afecta al Poder Judicial.
“Lo acordado se concentra en el procedimiento de designación, que es donde está parte de la raíz del problema. Primero, la reformulación del Comité de Postulaciones Judiciales, con ampliación de la participación de la sociedad civil. Este es un punto capital: el Comité es el filtro por donde pasan los aspirantes, y su integración determina la calidad de lo que llega al final”, afirmó Veloz García en entrevista para El Diario.
El parlamentario detalló que se han considerado dos medidas administrativas fundamentales para restituir la competitividad y la transparencia en el proceso. La primera abarca la reposición del concurso al estado de postulación para permitir la participación de perfiles idóneos. La segunda contempla la articulación formal del Consejo de Revisión de Credenciales.
“Ese Consejo refuerza y verifica el perfil que la ley exige: el perfil profesional y ético, el perfil de independencia y reconocida competencia, buena reputación, que debe tener un magistrado. Y aplica a los treinta y dos, sin excepción”, aseveró Veloz.
A la par de la propuesta de Acceso a la Justicia para instituir criterios públicos de puntuación y transmitir las evaluaciones, el diputado Veloz enfatizó que la reinstitucionalización en esta etapa inicial de transición debe abordar materias normativas que quedaron sin resolver en modificaciones legislativas previas.
Por su parte, Daniels planteó la obligación legal de diseñar e implementar un baremo público de puntuación antes de evaluar cualquier expediente curricular.
“¿Qué es un baremo? Son los criterios para valorar las credenciales de los candidatos. Es decir, qué puntuación le voy a dar a cada cosa que se exija para ser magistrado: experiencia en defensa de derechos humanos, en el ámbito judicial, posgrados, libros y artículos científicos publicados. Eso debe tener una tabla que arroje una puntuación y debe publicarse cómo salió cada quien en esa valoración, tal como se hace en México, para que la gente sepa quién tuvo la nota más alta de forma transparente”, argumentó Daniels.
Asimismo, criticó la falta de rigor con la que se condujeron las pasadas selecciones judiciales y exigió que las entrevistas a los candidatos sean públicas y transmitidas por medios de comunicación.
“En algún momento el Comité de Postulaciones dijo que había hecho 70 entrevistas en un día. Yo no entiendo cómo se pueden hacer 70 entrevistas a nadie en un día; eso habla de que eran procesos viciados que eran para ellos una mera formalidad. Lo que planteamos es que esas entrevistas sean públicas, para que la gente vea si efectivamente la persona sabe, tiene el conocimiento que dice tener, y que finalmente la preselección que se presente a la Asamblea Nacional responda a esa evaluación objetiva”, aseveró.
Por su parte, el diputado Veloz subrayó tres aspectos esenciales que deben ser corregidos respecto a las reformas legislativas aprobadas en mayo de 2026, con la finalidad de reinstitucionalizar el país en esta etapa inicial de la transición.
“La designación del Inspector General de Tribunales y del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, que quedaron en manos de la Asamblea Nacional; el baremo de evaluación, que debe ser público y conocido antes de que se abra el concurso, no después; y la publicidad íntegra del proceso, con lista pública de postulados, lapso de objeciones ciudadanas con pruebas y decisiones motivadas y publicadas. Reglas escritas antes de empezar, no sobre la marcha”, sentenció el parlamentario.
La trascendencia del TSJ y las implicaciones para la transición democrática
Tanto el director de Acceso a la Justicia como el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 coincidieron en que el control judicial ha sido utilizado históricamente por el poder para anular los contrapesos institucionales y desconocer la voluntad popular manifestada en los procesos electorales.
Daniels recordó el peso histórico y político que ha ejercido el Tribunal Supremo de Justicia en las últimas décadas, al calificarlo como el órgano que ha tenido la última palabra en la resolución de la casi totalidad de los conflictos institucionales de Venezuela.
“El Tribunal Supremo ha tenido la última palabra en el 99 % de los temas importantes de este país. En materia de elecciones, por ejemplo, el 28 de julio la última palabra la tuvo el TSJ, no la tuvo el CNE. El CNE es muy importante, pero tan importante como el CNE es el propio TSJ. ¿Quién metió presos a los alcaldes en el año 2014? Fue la Sala Constitucional. ¿Quién dijo que no importa que se presente un detenido luego de las 48 horas? Fue la Sala Constitucional”, rememoró Daniels.
De igual manera, recordó que el control sobre el Poder Judicial fue una de las primeras acciones políticas consolidadas en 1998, cuando una de las primeras decisiones que tomó el chavismo fue declarar la emergencia judicial para despedir a todos los jueces y nombrar a jueces afines a su proyecto político.
“Ya desde el inicio de este régimen se sabía la importancia de tener bajo control a este poder. Por eso ahora es tan importante que este proceso se haga seriamente y con rigurosidad”, enfatizó.
Desde el ámbito político, el diputado Rafael Veloz también sostuvo que la historia reciente demuestra cómo el aparato judicial fue configurado sistemáticamente como un instrumento de neutralización política de los resultados electorales.
“En diciembre de 2015, después de que la Asamblea saliente ya había cerrado sus sesiones, la reinstalaron para hacer sesiones extraordinarias antes de la toma de posesión y designar magistrados a la carrera. Era una operación preventiva. Cuando tomamos posesión de la Asamblea electa en 2015, ese Tribunal anuló la mayoría calificada suspendiendo a los diputados electos de Amazonas, dejó sin efecto las más de cincuenta leyes que produjimos y vació las competencias del Parlamento”, recordó Veloz.
El parlamentario advirtió que este patrón de anulación institucional atenta contra el ejercicio directo de la soberanía popular consagrado en la Constitución. Señaló que el patrón se repite: el ciudadano vota, se organiza, protesta pacíficamente y realiza todas las diligencias para producir el cambio por vía democrática, bajo la soberanía del artículo 5 de la Constitución, y, en el momento de materializar o ejecutar el resultado, aparece el Poder Judicial.
“Actúa como verdugo. Ocurrió en 2015 y volvió a ocurrir con la elección del 28 de julio de 2024”, remarcó.
Reinstitucionalización del TSJ
Veloz afirmó que la reinstitucionalización de los tribunales es un requisito sine qua non para sostener cualquier proceso de reforma o garantizar un cambio político en el país.
“Un poder electoral reformado sin un poder judicial independiente no garantiza nada, porque una sentencia puede desconocer el resultado. Por eso ambos poderes van juntos y en ese orden. Sin tribunales independientes no hay resultado electoral que se respete, no hay reforma que se sostenga y no hay transición que se consolide”, concluyó el diputado de la AN 2015.
Sobre los riesgos de no modificar la norma ni corregir los vicios del proceso, Daniels coincidió en que se mantendría la subordinación del sistema de justicia ante el Ejecutivo, ya que, si el comité no es constituido de manera rigurosa, se corre el riesgo de volver a tener magistrados escogidos por un perfil político y no por un perfil jurídico.
“Es importante garantizar que, después de 27 años, finalmente tengamos magistrados con las credenciales que exige la Constitución y con la capacidad de poder decirle que no al Poder Ejecutivo y a cualquier otro poder que pretenda violar los derechos en nuestro país”, aseveró.
Ante la consulta sobre el impacto de las presiones externas sobre los administradores de justicia, Daniels matizó que las presiones son inherentes a la función judicial en cualquier parte del mundo, pero que la clave reside en el criterio jurídico del magistrado.
“El tema es que el juez sea susceptible de decir que toma una decisión en razón de criterios jurídicos, a pesar de las presiones. Y le aseguro que en este país hay mucho más de 32 personas serias, con criterios de imparcialidad e independencia comprobadas, que pueden constituir un Tribunal Supremo verdaderamente imparcial e independiente”, afirmó.
Por último, el jurista lamentó que la renovación del TSJ y la reinstitucionalización de otros órganos como el Consejo Nacional Electoral no se estén ejecutando de manera simultánea.
“Para mí deberían haber sido procesos paralelos porque una cosa no obstaculiza a la otra, son procesos que tranquilamente pueden hacerse de forma independiente”, destacó Daniels.
Desde la perspectiva de ambos entrevistados, la discusión sobre la reforma de la Ley Orgánica del TSJ trasciende la técnica legislativa y se relaciona con la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial durante el proceso de transición.
La coincidencia entre la visión institucional de Acceso a la Justicia y el planteamiento parlamentario de la Asamblea Nacional de 2015 apunta a que la despolitización del máximo tribunal será uno de los elementos centrales para proteger los derechos ciudadanos, respaldar el trabajo de los órganos electorales y dar sustento a un eventual proceso de transición democrática en el país.
