La reforma del régimen de alquiler de viviendas en Venezuela abre una nueva etapa para un mercado que durante años ha estado marcado por la incertidumbre de propietarios e inquilinos. Para la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, el nuevo marco legal representa un avance hacia una relación más equilibrada entre ambas partes y puede incentivar a propietarios que mantienen inmuebles desocupados a reincorporarlos al mercado de alquiler.
La nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda fue publicada en la Gaceta Oficial N.º 7.065 Extraordinario del 7 de agosto de 2026. La normativa establece un régimen aplicable a las relaciones arrendaticias que se acuerden después de su entrada en vigencia, por lo que los contratos anteriores continúan sometidos al régimen jurídico bajo el cual fueron celebrados.
Fernando Di Geronimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, consideró que uno de los principales efectos de la reforma es precisamente la recuperación de la confianza de los propietarios. A su juicio, las nuevas reglas ofrecen mayores herramientas para establecer garantías contractuales, definir las condiciones de pago y enfrentar eventuales incumplimientos.
“Esta reforma equilibra un poco lo que era la ley anterior y hace que los arrendadores tomen un poco más de confianza para poder arrendar los inmuebles que están cerrados hace muchísimos años”, afirmó Di Geronimo en exclusiva para El Diario.
Entre los cambios que destaca el representante gremial está la posibilidad de establecer depósitos y otras garantías dentro de los nuevos contratos, así como acordar pagos en moneda extranjera con una referencia al Banco Central de Venezuela para determinar su equivalente cuando corresponda. La nueva legislación también contempla mecanismos para la resolución de conflictos y establece procedimientos que, según la Cámara, buscan reducir los prolongados tiempos que caracterizaron numerosos litigios arrendaticios.
El contraste con el régimen anterior es uno de los puntos centrales de la valoración de Di Geronimo. Explicó que todavía existen conflictos iniciados bajo contratos anteriores que permanecen sin resolución durante años, mientras que la nueva legislación busca establecer mecanismos más ágiles para atender las controversias.
“Todavía hay conflictos que están abiertos (…) tienen tres, cinco, hasta 10 o 15 años. Esta es la innovación de esta condición”, dijo.
Una oferta que podría comenzar a ampliarse
La expectativa de la Cámara es que una mayor seguridad jurídica tenga un efecto directo sobre la cantidad de inmuebles disponibles para alquiler. A su juicio, si los propietarios perciben menores riesgos para recuperar su inmueble o hacer valer las condiciones pactadas en el contrato, más viviendas que permanecían cerradas podrían regresar al mercado.
Además, el impacto de una mayor oferta también podría sentirse en los precios. Di Geronimo sostuvo que la escasez de inmuebles disponibles había contribuido a elevar los valores de alquiler, mientras que una mayor cantidad de propiedades en circulación permitiría a los inquilinos comparar alternativas, lo que podría contribuir a moderar los precios.
“Como hay mayor oferta ahora de inmuebles, entonces se puede conseguir que esos precios que eran superelevados se balanceen, se equilibren y se estabilicen”, indicó.
De acuerdo con los datos más recientes suministrados por la Cámara Inmobiliaria, hasta el 31 de julio de 2026 se registraron 72 operaciones de alquiler de apartamentos, incluidos anexos, en los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Libertador y Sucre.
El área promedio de las propiedades fue de 96 metros cuadrados y el valor promedio registrado fue de 10,2 dólares por metro cuadrado.
El documento, al que tuvo acceso El Diario, Chacao registró un promedio de 13,4 dólares por metro cuadrado, seguido por Baruta, con 9,9 dólares; Sucre, con 11,4 dólares; Libertador, con 7,4 dólares; y El Hatillo, con 5,8 dólares. El valor máximo registrado en la muestra fue de 26,3 dólares por metro cuadrado y el mínimo de 2,8 dólares.
Estas cifras corresponden a operaciones reportadas a la Cámara mediante sus formularios y tienen corte al 31 de julio, por lo que todavía no reflejan el comportamiento posterior a la entrada en vigencia de la nueva ley el 7 de agosto.
El terremoto cambió las preferencias de los inquilinos
La discusión sobre la reforma ocurrió en un contexto marcado por los terremotos registrados el 24 de junio, que afectaron a Caracas, La Guaira, Miranda y otras zonas del país. La aprobación de la nueva legislación fue presentada precisamente como una medida para contribuir a incorporar viviendas al mercado y atender las necesidades habitacionales generadas por los sismos.
De acuerdo con Di Geronimo, el comportamiento de los solicitantes de alquiler ya evidencia un cambio en las preferencias. La Cámara está recibiendo solicitudes por viviendas ubicadas en pisos bajos, casas y anexos, así como por edificios de pocas plantas.
“Las casas que hasta hace poco no buscaban o no eran de interés, ahora se convirtieron en inmuebles muy apetecibles y muy buscados”, explicó.
La seguridad estructural también pasó a ocupar un lugar central en las decisiones de los potenciales inquilinos. El presidente de la Cámara Metropolitana señaló que actualmente las personas preguntan por las condiciones antisísmicas de las edificaciones y por la clasificación otorgada a los inmuebles afectados.
En este punto, Di Geronimo enfatizó que una propiedad comprometida estructuralmente no debería ser ofrecida en alquiler. La propia nueva legislación establece condiciones de habitabilidad y contempla restricciones para arrendar viviendas ubicadas en determinadas condiciones de riesgo.
¿Qué ocurre con los inmuebles afectados?
La situación posterior a los terremotos también plantea escenarios distintos para propietarios e inquilinos, dependiendo del nivel de afectación de cada inmueble.
Di Geronimo explicó que si una propiedad puede ser reparada, las partes pueden optar por mantener la relación arrendaticia mientras se ejecutan los trabajos. En otros casos, el inquilino puede preferir abandonar el inmueble y buscar una nueva vivienda, mientras que el propietario deberá posteriormente rehabilitar la propiedad para volver a colocarla en el mercado.
El escenario más complejo corresponde a los inmuebles que resultaron completamente destruidos. En esos casos, señaló, tanto propietarios como inquilinos deben encontrar una solución de acuerdo con las circunstancias particulares.
La nueva legislación también contempla la posibilidad de que el propietario solicite la restitución del inmueble cuando exista una necesidad justificada de ocuparlo, según explicó el representante gremial. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si el propietario perdió su vivienda como consecuencia de un evento como el terremoto y necesita ocupar el inmueble que tenía arrendado.
Una reforma que la Cámara considera perfectible
Pese a su respaldo a la reforma, Di Geronimo no considera que la nueva legislación sea definitiva. Por el contrario, insistió que deberá adaptarse a medida que aparezcan nuevas necesidades del mercado.
Entre las propuestas que considera viables está la incorporación de seguros asociados a los contratos de arrendamiento. Comentó como ejemplo que una póliza podría garantizar al propietario el pago periódico del canon o cubrir la recuperación del inmueble en caso de daños graves.
Consideró que este tipo de mecanismos permitiría avanzar hacia un mercado con mayores niveles de confianza y reducir los riesgos que históricamente han condicionado la decisión de los propietarios de alquilar sus inmuebles.
La apuesta del gremio es que el nuevo régimen no se limite a modificar las condiciones contractuales, sino que contribuya a poner nuevamente en circulación viviendas que permanecían cerradas.
“Vamos a hacer leyes versátiles, vamos a hacer que vayan ocurriendo los arreglos, los beneficios, las condiciones idóneas para que podamos tener una relación sana”, afirmó Di Geronimo.
Por ahora, los primeros datos disponibles muestran un mercado con diferencias significativas entre las distintas zonas del Área Metropolitana de Caracas. En el segmento de apartamentos, la Cámara registró 72 operaciones hasta finales de julio, mientras que en locales comerciales contabilizó 11 operaciones y en oficinas otras 10 durante el mismo período.
La verdadera prueba de la reforma, sin embargo, comenzará a observarse en los próximos meses cuando se pueda verificar si los propietarios de inmuebles regresan al mercado, si aumenta el número de viviendas disponibles y si ese incremento de la oferta termina traduciéndose en mayores alternativas y precios más equilibrados para los inquilinos.
