El Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió el lunes 24 de agosto al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que las inspecciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) incluyan las cárceles de El Rodeo I, Yare y Fuerte Guaicaipuro, ubicadas en el estado Miranda.
El 18 de agosto, el gobierno encargado anunció una cooperación técnica con la CICR en materia penitenciaria. En el comunicado, las autoridades anunciaron visitas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
“La nota no menciona a El Rodeo I, Yare o el Fuerte Guaicaipuro y hasta la fecha, no tenemos conocimiento de que esta cooperación haya llegado a estos centros donde familiares han denunciado torturas, malos tratos y graves condiciones de reclusión”, aseguró Clippve en su comunicado difundido en X.
Aunque el comité valoró que la demanda realizada por los familiares obtuviera una respuesta por parte de las autoridades, también recordó que falta que la respuesta llegue “a quienes han motivado buena parte de estas exigencias”.
“Experiencias anteriores nos obligan a mantener cautela frente a anuncios de cooperación internacional que no siempre se han traducido en acceso efectivo ni en cambios concretos para las personas detenidas”, agregó.
Protestas de los familiares de presos políticos frente a la Cancillería
El 7 de agosto, el secretario general de la Cancillería, Rodolfo Crespo, se reunió con los familiares de detenidos por razones políticas, así como integrantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y de Clippve.
El comité y las otras organizaciones participantes de la reunión insistieron en la necesidad de cumplir con los protocolos internacionales para lograr “la libertad plena” de los más de 400 presos políticos que siguen privados de libertad en Venezuela.
La reunión se llevó a cabo luego de que los familiares de los presos políticos realizaran una protesta frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en el centro de Caracas, y entregaran un documento en el que plantearon sus demandas relacionadas con la situación de los presos políticos y las condiciones que enfrentan quienes han sido excarcelados.
Las denuncias y propuestas presentadas
En la reunión, el equipo de Clippve entregó a Crespo un documento en el que presentó las siguientes denuncias:
- Violaciones sistemáticas: registros documentados de tortura, privación de alimentos y suspensión reiterada de las visitas familiares y legales.
- Urgencia médica: solicitaron atención médica oportuna y especializada para los reclusos con patologías graves.
- Restricciones a excarcelados: denunciaron obstáculos para la reinserción laboral y la retención indebida de documentos de identidad (cédula y pasaporte) de personas liberadas.
Asimismo, los familiares de presos políticos y las ONG propusieron crear una mesa técnica y plantearon un espacio de trabajo enfocado en tres acciones inmediatas:
- Permitir el ingreso y la participación activa de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Autorizar la entrada de la Cruz Roja a los centros de reclusión para evaluar las condiciones de salud física y psicológica de los detenidos.
- Incorporar a otros entes internacionales que cuenten con la confianza de los familiares.
