A casi dos semanas de haber concluido el primer ciclo de conversaciones entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, la ciudadanía comienza a tener nociones de hacia dónde apuntan las negociaciones. La transición tutelada por el gobierno de Estados Unidos, de momento, se ha encaminado hacia dos primeros objetivos: la reinstitucionalización de los poderes públicos de Venezuela y la restitución de garantías políticas y civiles.
El 12 de agosto, la mesa de negociación firmó un acuerdo después de una semana de reuniones en las que estableció como punto de partida el uso de activos internacionales resguardados por el Parlamento 2015 para atender la emergencia por los terremotos del mes de junio. También se acordó emprender un proceso de reforma del sistema judicial, con miras a una renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con las expectativas de elecciones en el horizonte, los expertos señalan que estos pasos sientan las bases para revertir años de deterioro institucional y democrático, ajustando al país al nuevo momento que atraviesa desde los acontecimientos del 3 de enero. Para los diputados de la AN 2015, representa una oportunidad para lograr un cambio democrático en el que finalmente se respete la voluntad de la ciudadanía en las urnas.
“La clave sería la unidad estratégica. Ni el liderazgo se sostiene sin instituciones, ni la legalidad avanza sin pueblo. Su función no es sustituir el liderazgo político, sino ser el puente institucional donde las garantías se convierten en ley y los acuerdos en compromisos de Estado”, señala en entrevista para El Diario la diputada de 2015 Karin Salanova.
Nueva justicia
En entrevistas, Dinorah Figuera reveló que originalmente la delegación de la AN 2015 tenía previsto participar en la renovación solo de la Sala Electoral del TSJ. Sin embargo, al comenzar las conversaciones se acordó que el proceso debía abarcar a la totalidad de los magistrados de este organismo, que en una reciente reforma a la Ley Orgánica del TSJ pasó de 20 magistrados a tener nuevamente 32, como era antes del año 2022.
“Quienes proponían tocar únicamente la Sala Electoral tenían una visión demasiado pequeña del problema. Si es por el régimen, no se reforma nada. Es la manera en que trabaja el régimen: fragmentar, conceder un pedazo y conservar el resto. Si usted cambia la Sala Electoral y deja intacta la Sala Constitucional, esta última puede avocarse, revisar y anular lo que aquella decida. El resultado sería un cambio cosmético con costo político para quien lo acepta y beneficio para quien lo concede”, comenta en entrevista para El Diario el abogado y diputado de la AN 2015 Rafael Veloz.
Señala que una renovación del 100 % es necesaria para sentar las bases de legalidad y legitimidad que sostengan, posteriormente, la reconstrucción de otros poderes públicos, como el Poder Electoral, además de ir saneando los tribunales e instancias que dependen de las salas del TSJ. “El sistema de justicia no admite reparaciones por pedazos”, acota.
Renovación completa
Aunque no forma parte del equipo negociador de la AN 2015, como diputado Veloz ha estado cerca del proceso y ha asesorado en las decisiones que se han tomado en la mesa. Uno de los principales puntos acordados en la negociación fue la reformulación del Comité de Postulaciones Judiciales que ya había emprendido el Parlamento actual, electo en 2025, reiniciando su proceso de selección, ahora con mayor participación de la sociedad civil.
Explica que para esto se tomaron dos medidas administrativas importantes: la primera, reponer el proceso al estado de postulación, ofreciendo garantías a los seleccionados del comité anterior de volver a presentarse como candidatos. La segunda es la conformación de un Consejo de Revisión de Credenciales.
“Ese consejo refuerza y verifica el perfil que la ley exige: el perfil profesional y ético, el perfil de independencia y reconocida competencia, buena reputación, que debe tener un magistrado. Y aplica a los 32, sin excepción. A mi juicio, la mesa acertadamente ha trabajado para reinstitucionalizar de acuerdo con esta etapa de inicio de la transición”, añade.
Igualmente, entre los cambios que se han planteado como parte de la reinstitucionalización del sistema judicial, señala que la mesa de trabajo deberá avanzar sobre algunas de las reformas de la Ley Orgánica del TSJ adelantadas en mayo por la AN 2025, como la designación del Inspector General de Tribunales y del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, también bajo un concurso público con una evaluación rigurosa previa a la publicación de la lista de postulados.
El gran reto
Veloz reconoce que un acuerdo firmado no es un acuerdo cumplido, por lo que el primer reto que debe afrontar el equipo negociador de la AN 2015 es que todo lo anunciado el 12 de agosto se cumpla. “El cronograma que arranca en agosto tiene que traducirse en actos verificables: la reforma legal, el Comité de Postulaciones, la convocatoria publicada y el Consejo de Revisión funcionando”, apunta.
Periodistas como Eugenio Martínez o Gabriel Bastidas señalaron que, en su sesión del 21 de agosto, el Parlamento de 2025 debía discutir la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ para reiniciar el proceso de selección del Comité de Postulaciones Judiciales, ampliándolo a 23 miembros con mayor participación de la sociedad civil. Sin embargo, ese punto acordado en la mesa de negociación no estuvo en la orden del día ni se mencionó durante la plenaria.
Mientras tanto, el diputado indica que la delegación opositora creó recientemente el Programa de Organización Ciudadana (POC), el cual busca conectar a los comités encargados de la renovación judicial con expertos en la materia, como la Federación Venezolana de Colegios de Abogados, la academia y las universidades. Aun así, Veloz reconoce que no será una tarea fácil ni rápida recuperar un sistema que durante años ha acumulado múltiples denuncias de corrupción y subordinación a los intereses del gobierno.
“Un saneamiento completo en el corto plazo no es posible, y quien prometa lo contrario está engañando. Más del 85 % de los jueces del país son provisorios, removibles sin procedimiento, y eso no se corrige en semanas. Lo que sí es alcanzable en el corto plazo es lo que estamos haciendo: cambiar la cúpula y cambiar las reglas de designación. En el mediano plazo corresponde lo demás: los concursos públicos de oposición que ordena el artículo 255 de la Constitución y que llevan 27 años sin cumplirse, y ese trabajo va de arriba hacia abajo, porque el sistema es centralizado y el control baja desde el TSJ”, comenta.
Repensar el sistema
En los días posteriores a la firma del primer acuerdo de la mesa de negociación, el gobierno encargado anunció la excarcelación de 131 presos políticos, de los cuales organizaciones independientes han podido cotejar alrededor de 81. En una entrevista para Circuito Onda el 13 de agosto, el diputado y miembro del equipo negociador de la AN 2015 Jorge Millán declaró que el nuevo TSJ que esperan formar en los próximos meses garantizará no solo la liberación plena de los más de 450 presos políticos que siguen tras las rejas, sino también evitar nuevas detenciones arbitrarias.
Al respecto, Veloz admite que la libertad de los presos políticos no puede esperar a que se forme un nuevo TSJ, por lo que abogar por sus causas debe ser una tarea que se haga en paralelo a la agenda de conversaciones. No obstante, aclaró que solo cuando haya tribunales independientes se podrá avanzar realmente en revisar y revertir las sentencias arbitrarias, conceder amparos constitucionales y acatar las resoluciones de instancias internacionales como la Corte Interamericana, o proteger a los jueces que decidan actuar apegados a la ley.
“Hay un matiz que suele perderse: buena parte de quienes han salido permanecen bajo régimen de presentación y otras medidas restrictivas. No están libres. Libertad plena significa que la causa se revise y se cierre, no que se cambie la reja por una firma quincenal”, agregó.
Veloz indicó que el saneamiento de la justicia venezolana no se limita a los presos políticos, sino que involucra todas las dependencias encargadas de lo penal, e incluso de lo laboral y mercantil. Por eso, adelantó que desde la AN 2015 trabajan en una propuesta para regularizar el sistema de registros y notarías. También, junto al POC, estudian medidas para acabar con la provisionalidad mediante concursos. “Un juez que puede ser removido mañana no decide con libertad hoy, y tampoco decide rápido, porque consultar hacia arriba toma tiempo”, opina.
Igualmente, han planteado crear un expediente electrónico con la publicación íntegra de todas las sentencias, incluidas las de primera instancia, para que sean fáciles de auditar, así como estadísticas judiciales públicas de cuántas causas entran y salen por tribunal o cuánto duran. Y, finalmente, un régimen disciplinario que funcione contra el cobro por cada paso procesal. “La tarifa informal es, en la práctica, un impuesto privado sobre el derecho a la justicia”, dice.
Pero las aspiraciones de Veloz no se limitan solo al Poder Judicial. A su juicio, es necesario renovar también el Poder Ciudadano, a pesar de que a principios de año la AN 2025 cambió a las directivas del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Considera que todos los órganos auxiliares, como fiscales, defensores o incluso el sistema penitenciario, operan de manera interconectada, por lo que es necesaria una depuración completa para que la justicia pueda fluir en todos sus niveles.
“Se puede tener un buen juez y una mala investigación, o una defensa pública sin independencia, y el resultado sigue siendo injusto. Ahora, esa reconstrucción tiene que ser progresiva y ordenada. No se hace todo al mismo tiempo ni se hace bien si se improvisa. Por eso el avance de esta primera fase es tan importante: al cambiar la cúpula del sistema de justicia se abre la puerta para lo que viene abajo, que es el reordenamiento de toda la judicatura del país”, espera Veloz.
Nuevas elecciones
Una vez que se haya avanzado sobre la base de un nuevo Poder Judicial independiente, la mesa de negociación deberá encaminarse hacia su gran objetivo final: la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas en Venezuela. Para ello, Figuera ya ha adelantado que su misión será recuperar garantías como el levantamiento de las inhabilitaciones políticas y la devolución de tarjetas intervenidas, así como reformar normativas como la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
Con todo esto, al igual que el TSJ, se espera también una renovación completa del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el cambio de sus rectores. Karin Salanova indicó que esto no solo es una oportunidad para contar con un CNE integrado por rectores independientes y que cumplan los requisitos constitucionales, sino también para restablecer derechos de participación adaptados a las nuevas realidades del país.
Por ejemplo, menciona la importancia de modificar el artículo 124 de la Lopre, el cual establece que solo podrán votar en el exterior aquellos venezolanos que tengan residencia legal en el país en el que están. Una medida que, en los últimos años, ha ignorado incluso otros regímenes de permanencia o de asilo, dejando fuera del sistema a más de 5 millones de venezolanos de la diáspora que no han podido actualizar sus datos en el Registro Electoral.
“Hay que hacer las cosas bien para que cuando lleguen las elecciones no nos pase lo que nos pasó el 24 o en otras elecciones, porque hay cosas que se pueden arreglar o subsanar para que dé confianza esa nueva institución que se va a crear, para que vengan las elecciones libres en Venezuela”, observa.
Cuotas de poder
Salanova señala que el principal reto que la mesa negociadora debe enfrentar es desmantelar la lógica de “cuotas de poder” que durante años rigió la designación de los rectores del CNE. Recuerda que, en ocasiones anteriores, se había pactado una distribución de tres rectores afines al oficialismo y dos a la oposición, a pesar de que las leyes estipulan claramente que la junta directiva de esta institución no debe tener militancia ni vinculación con organizaciones políticas.
“La reinstitucionalización no se trata de negociar distribuciones de rectores, tres tuyos, dos míos, sino de restituir la independencia funcional y técnica del organismo. En el CNE hay funcionarios de carrera y es eso, que haya una comisión independiente, que se cumplan los requisitos de ley y que se modifique lo que se tenga que modificar”, opina.
La diputada afirma que es necesaria una reforma de la Lopre, pues desde su última versión, del año 2009, solo ha recibido reglamentos para atender situaciones concretas, muchas veces para manipular las condiciones en las que se desarrollan los comicios de forma parcializada. En su labor coordinando equipos de defensa del voto, incluso en las presidenciales de 2024, Salanova ha sido testigo de este tipo de normas, ordenando cambios arbitrarios de centros de votación o extendiendo a discreción el horario de apertura de los mismos.
“Cuando tú trabajas la materia electoral, pero desde abajo, desde el municipio, desde el centro de votación, desde la mesa, te das cuenta, inclusive, cuáles son esos vacíos, cuáles pueden ser inclusive esas trampas”, asegura.
Fechas y convocatorias
Tanto el equipo negociador como el gobierno de Estados Unidos han dejado claro que la fase final del plan de tres etapas diseñado por la administración de Donald Trump es una transición con elecciones presidenciales. Salanova señala que, por ese motivo, se escogió a la AN 2015 como interlocutor para protagonizar este proceso, al ser la única institución reconocida como legítima por Washington y en la cual deposita su confianza.
“Para que haya unas elecciones libres, que es lo que queremos todos los venezolanos, debemos caminar por esta ruta, que es la ideal. El inicio de ninguna transición es perfecto, pero es lo que nos tocó vivir, es lo que nos toca en este momento y lo tenemos que transitar”, opina.
No obstante, lo que ha sido objeto de especulación ha sido cuándo llegarán estas elecciones, o si habrá primero comicios para elegir otras instancias, como alcaldías y gobernaciones, antes de ir a las presidenciales. Al respecto, si bien la parlamentaria cree que la primera elección que debería hacerse en el país es justamente la presidencial, afirma que antes de definir un cronograma electoral, lo importante es garantizar que haya condiciones para que, sea cual sea el tipo de votación, se realice de forma justa.
“El verdadero dilema no es qué elección se hace primero, sino qué garantías sustentan a todo el cronograma. La prioridad de la AN 2015 y la fuerza de la oposición democrática es asegurar una ruta integral y normada que blinde el derecho al voto libre”, apunta.
En cuanto a las fechas, aunque no hay una estimación clara de cuándo podrían ser estas elecciones, lo que sí estima es que para finales de este año la mesa de negociación ya debería entregar al país un nuevo CNE que proponga su calendario electoral. “Si avanzamos rápido con un cronograma de trabajo, si detectamos todos los nudos que tenemos para poder tener el voto libre, yo creo que este año nosotros estaríamos viendo los cambios”, calcula.
Control social
Precisamente, entre las condiciones mínimas que debe tener una elección para resultar competitiva, Salanova afirma que no basta solo con las garantías civiles y políticas que se espera entren en discusión dentro de la mesa en septiembre. A su juicio, debe desmantelarse todo el aparato de control social que durante años el oficialismo ha construido para condicionar el voto de la población bajo consentimiento del CNE.
Como exconcejal del municipio Ribas del estado Aragua, narra cómo, en las diferentes elecciones en las que ha participado, ha sido testigo de la forma en que se ha manipulado el voto no desde el sistema electrónico o la totalización, sino a través de los denominados “puntos rojos”, donde militantes oficialistas y consejos comunales creaban listas de votantes que los ciudadanos debían firmar para no perder beneficios gubernamentales. También cómo se extorsionaba con la suspensión de servicios, como bolsas de alimentos o bonos económicos, de los cuales dependen varios sectores vulnerables de la población.
“Por eso es que es necesario poder arrancar la reconstrucción de las casas y de todo lo que se tenga que dar a los venezolanos y que haya esa auditoría por parte de todos nosotros, de que no vaya a ser el que yo darte un apartamento porque lo perdiste por culpa de un terremoto, y eso se convierta en un nuevo control social. El dilema realmente es hoy en día buscar garantías que sustenten que el voto sea libre en Venezuela”, expresa.
