Hay presidentes que hacen anuncios. Donald Trump hace publicidad. El sábado 29 de agosto escribió en Truth Social que Estados Unidos acababa de firmar “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, y que además era “un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”. Un regalo. Como si el subsuelo de Zulia y Trujillo fuera una caja de bombones que uno envuelve con lacito para el cumpleaños de otro país. Nadie nos preguntó si queríamos regalarlo. Nadie nos preguntó, de hecho, nada.
El trato, según lo que se sabe —que no es mucho, porque el contrato completo nadie lo ha visto—, entrega a Estados Unidos control mayoritario sobre 65 mil millones de barriles de reservas probadas, un 21 % del total del país, repartidos en 17 campos. Delcy Rodríguez, que hace apenas unos meses hablaba de “soberanía petrolera” con la misma solemnidad con la que antes se hablaba del socialismo del siglo XXI, dice que esto traerá 100 mil millones de dólares en inversión y 209 mil millones en impuestos. Cifras grandes, redondas, bonitas para un titular. El problema, como con casi todo en este país, es lo que pasa cuando alguien saca la calculadora.
Y alguien la sacó. El economista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, dividió los 209 mil millones prometidos entre los 65 mil millones de barriles comprometidos y le dio 3,22 dólares por barril. Un 4,7 % del precio del crudo en el mercado. Para ponerlo en criollo: ni Juan Vicente Gómez, que no tenía fama de generoso precisamente, pedía tan poco por sus concesiones petroleras de hace 100 años. Hay quien matiza la cuenta —que son “campos verdes”, que hay que invertir primero, que en 25 años sube a 19 dólares el barril—, y puede ser. Pero cuando hasta el analista más comprensivo con el trato lo describe como “un monto extremadamente bajo” y pide transparencia que nadie ha entregado, uno entiende que no está frente a un negocio, está frente a una liquidación.
Y como en toda liquidación que se respete, hubo que preparar el local antes de abrir las puertas. El 27 de agosto, un día antes del anuncio, el Tesoro de Estados Unidos modificó ocho licencias que regulan quién puede operar en el sector petrolero venezolano y bajo qué reglas. Le quitaron a las petroleras la obligación de someter sus contratos a cortes estadounidenses. Con la discreción de quien mueve el mueble antes de que lleguen las visitas, se despejó el terreno legal exactamente veinticuatro horas antes de anunciar que se entregaba la quinta parte de las reservas probadas más grandes del planeta. Casualidad, seguro.
Sobre quién administra parte de este regalo, tampoco hay mucho que celebrar. Bloomberg contó que el Pentágono negocia directamente con el empresario Alejandro Betancourt un arrendamiento de hasta 100 años sobre yacimientos en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo. Betancourt es el mismo nombre que en 2013 le vendió al Estado venezolano plantas eléctricas usadas —facturadas como nuevas— para abastecer hospitales en plena crisis energética, y que hoy carga investigaciones abiertas en Suiza y España por presunto lavado de capitales y una orden de arresto vigente en Estados Unidos, sin que nada de eso le impida viajar tranquilamente entre Washington y Caracas. En Venezuela el pasado no es un lugar al que uno no vuelve: es una sala de espera con nombre y apellido, y a veces hasta con nuevo contrato.
Mientras tanto, en Trujillo —mi tierra, la que sigo cargando aunque escriba desde Madrid—, cuatro municipios llevan más de tres semanas sin agua potable porque cada bajón de luz apaga la planta de bombeo, y ponerla a andar de nuevo toma una hora que después se pierde con el siguiente bajón. Corpoelec volvió a racionar la electricidad por embalses bajos. La canasta alimentaria de julio costó 727 dólares con 89 centavos, y el ingreso mínimo con todos los bonos del gobierno junto no llega ni a la mitad de eso. Ese es el país que existe hoy, el mismo día en que se anuncia que otros administrarán nuestro petróleo por 100 años.
Provea lo dijo esta semana mejor de lo que yo podría decirlo: el riesgo no es que Venezuela no cambie, es que se convierta en una “atípica tecnocracia autoritaria” —un país que le abre la puerta de par en par al capital extranjero mientras mantiene 326 presos políticos tras las rejas, según el último conteo del Foro Penal, 35 de ellos enfermos de gravedad. Se firman contratos que amarran generaciones enteras mientras el poder político sigue sin abrirse ni un centímetro. Riqueza que entra, país que no cambia. Ya lo vivimos con el petróleo antes; ahora, aparentemente, lo vamos a vivir en inglés.
No escribo esto para decir que Venezuela no necesita inversión extranjera. La necesita, y con urgencia, después de años de que el único capital que crecía era la fuga. Escribo esto porque un país no pierde su soberanía por recibir dinero de afuera; la pierde cuando ese dinero se negocia a escondidas, se anuncia en la red social de un presidente ajeno, se calcula a un precio que ni Gómez hubiera aceptado y se administra en parte con un señor que tiene más causas judiciales abiertas que contratos limpios.
Trump dice que nos hizo un regalo. Y a mí, que de números vivo y por eso desconfío de los que llegan sin factura, ese tipo de regalo me suena más a inventario que a generosidad. A Venezuela no le urge que le regalen su propio petróleo. Le urge que alguien, algún día, le pregunte antes de firmarlo. Mientras tanto, en Trujillo y otros estados de Venezuela siguen esperando que abran el agua.
Y si algún día alguien nos explica, con cifras que no cambien cada semana, a dónde va exactamente esa riqueza, avísenme. Yo, desde Madrid, sigo la cuenta.
