El significado conceptual de la soberanía y su impacto en un país se han vuelto cada vez más importantes para comprender la sostenibilidad política de Venezuela en medio de conflictos, acuerdos e intereses contrapuestos. Desde una perspectiva ontológica y jurídica, Jean Bodin definió la soberanía como el poder absoluto, perpetuo e indivisible del Estado. Sin embargo, este poder está limitado por la justicia moral, la propiedad privada y las leyes y acuerdos constitucionales. En Venezuela, este principio se establece en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y por ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y están sujetos a ella”.
Comprender el origen popular de la soberanía nos permite comparar el sistema constitucional de Venezuela con los de otros países. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, también comienza con un preámbulo fundamentado en la autoridad del pueblo. Esta comparación permite reconocer que la voz de la ciudadanía debe ser tratada como una prioridad política.
Las funciones de la soberanía
Desde el punto de vista institucional, la soberanía está directamente vinculada a la administración pública. Para implementar políticas públicas, un país debe transformar la confianza depositada por sus ciudadanos en resultados concretos que promuevan el desarrollo, la seguridad y el bienestar social. Jean-Baptiste Bonnin, el pensador francés considerado uno de los fundadores de la ciencia administrativa, sostenía que la administración pública debe gestionar la relación entre los ciudadanos y el Estado. Debe definir las funciones y los controles de las diferentes ramas del gobierno, garantizando al mismo tiempo la propiedad, la libertad y el orden social. Estos principios siguen vigentes en las constituciones de los países democráticos actuales.
Por lo tanto, la soberanía no puede reducirse a una declaración legal. Debe expresarse a través de instituciones capaces de responder a las necesidades de la sociedad. Cuando las autoridades públicas no protegen los derechos, no administran justicia ni garantizan la seguridad, la relación entre los ciudadanos y el Estado se debilita. La soberanía se convierte entonces en un mero símbolo, en lugar de un instrumento eficaz de poder colectivo.
Una acción y una realidad inesperada
En Venezuela, a principios de 2026, se produjeron acontecimientos que muchos ciudadanos consideraron potencialmente favorables. Estados Unidos supuestamente decidió abordar las quejas relacionadas con el conflicto territorial venezolano y las consiguientes preocupaciones económicas y de seguridad. Según este relato, Estados Unidos justificó la acción militar ante sus instituciones legislativas como parte de una campaña contra el terrorismo internacional y el narcotráfico. La operación habría culminado con la captura de Nicolás Maduro, identificado en la narrativa como el principal líder del llamado “Cártel de los Soles”, seguida de una intervención destinada a pacificar el país y restaurar la democracia.
Para una nación que experimentaba un colapso institucional, tal intervención podría parecer inicialmente una esperanza. Venezuela había sufrido pobreza, persecución, tortura, impunidad y la supresión de los derechos electorales, mientras que las instituciones públicas habían perdido su eficacia e independencia. Muchos ciudadanos interpretaron, por lo tanto, la posibilidad de un cambio político como una oportunidad para recuperar su poder original: la soberanía.
Según el relato presentado, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anunció un proceso destinado a democratizar el Estado venezolano a través de tres etapas: recuperación, estabilidad y transición. Este anuncio generó esperanza entre los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Recuperar la soberanía nacional parecía, una vez más, un posible horizonte político. Sin embargo, toda acción militar o política presentada como defensa de la justicia debe ser coherente, transparente y creíble. Jürgen Habermas sostenía que la comunicación legítima depende de la búsqueda del entendimiento mutuo. Cuando el receptor percibe un mensaje como manipulador, la confianza se ve inmediatamente afectada.
Este principio cobra especial relevancia cuando los gobiernos afirman combatir la corrupción y el crimen organizado mientras mantienen alianzas con las mismas estructuras acusadas de actividad delictiva. Si las decisiones se toman sin el debido proceso, si los cargos públicos se asignan según la lealtad personal o si los presuntos perpetradores permanecen protegidos, la credibilidad de todo el proyecto de democratización se ve comprometida.
La crisis venezolana ha sido descrita por organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, a través de documentación sobre tortura, desapariciones, persecución, exilio y otras violaciones de los derechos humanos. Estos informes han contribuido al debate internacional sobre la responsabilidad de las autoridades venezolanas y las consecuencias regionales de la crisis. La preservación de estructuras criminales o autoritarias mediante acuerdos políticos, concesiones económicas o acuerdos petroleros no fortalece la soberanía. Por el contrario, debilita las instituciones y pone los recursos nacionales al servicio de intereses privados. Las organizaciones o gobiernos que solo buscan protegerse y eludir la rendición de cuentas no contribuyen a la reconstrucción democrática, a instituciones transparentes ni a una auténtica independencia nacional.
El ejemplo de la lucha por la independencia
Analizar la lucha de Venezuela por la independencia nos ayuda a comprender cómo una nación puede superar un sistema colonial dominado por el poder militar y las élites sociales. Entre las figuras más importantes de este proceso se encontraban Simón Bolívar y José Antonio Páez. Provenían de diferentes estratos sociales. Bolívar era un líder militar de la acaudalada aristocracia criolla, vinculado a la élite colonial mantuana. Páez, en cambio, provenía de un entorno más modesto y se forjó en las llanuras, la experiencia militar y un profundo conocimiento del territorio venezolano.
A pesar de sus diferencias, ambos hombres estaban unidos por un objetivo común: la libertad y la soberanía de Venezuela. Su encuentro el 30 de enero de 1818 en Hato de Cañafístola, en San Juan de Payara, Apure, representó una convergencia de visión política, estrategia militar y propósito nacional. Su cooperación contribuyó a importantes victorias, incluyendo la Batalla de Carabobo en 1821.
La lección más importante de esta historia no es simplemente la celebración de los logros militares, sino el reconocimiento de que la unidad política, la madurez estratégica y el sentido de pertenencia pueden transformar una población dividida en una nación soberana. Bolívar y Páez demostraron que diferentes orígenes y perspectivas sociales pueden unirse cuando un objetivo nacional común se antepone a las ambiciones individuales.
Volviendo a nuestra identidad nacional
Un país con un rico patrimonio cultural, una historia compleja, ciudadanos talentosos y abundantes recursos naturales debe, ante todo, reconocer la importancia de su pacto social. La soberanía requiere una ciudadanía consciente e informada, capaz de comprender sus responsabilidades para con la nación. El escritor e historiador venezolano Rómulo Gallegos reflejó, a través de su literatura, las realidades culturales de diferentes regiones del país. Su trabajo sugiere que el desarrollo nacional puede construirse a través de la educación, el trabajo y el reconocimiento de la identidad cultural mixta de Venezuela.
Si bien los venezolanos pueden vivir en diferentes entornos y seguir diversas tradiciones, están unidos por la identidad soberana de una sola nación. Esta identidad común debería alentar a los ciudadanos a defender el Estado de derecho, fortalecer la democracia, promover la estabilidad económica y preservar la justicia.
Las circunstancias políticas actuales difieren de las del período colonial. Sin embargo, una verdad estratégica fundamental permanece inalterable: una nación puede alcanzar sus objetivos cuando su pueblo está unido por un sentimiento de pertenencia y la voluntad de participar en la vida pública.
Los gobiernos legítimos dependen de la participación ciudadana, elecciones transparentes y el respeto a los procesos legales. Las lecciones de la historia de Venezuela demuestran que la recuperación institucional no puede imponerse únicamente desde el exterior. El apoyo internacional puede ser útil, pero la reconstrucción de la soberanía debe, en última instancia, fundamentarse en la voluntad, la participación y la responsabilidad del pueblo venezolano. Los venezolanos son un pueblo noble, generoso y resiliente. Merecen reconstruir su nación mediante garantías institucionales, acuerdos legales y un pacto social democrático. El poder político solo puede mantenerse legítimo cuando se basa en la confianza, el respeto, la rendición de cuentas y el bien común. El verdadero propósito de la soberanía no es la dominación, sino la organización equitativa de la convivencia entre ciudadanos y naciones, con respeto a los derechos, la independencia y la dignidad de cada pueblo. El futuro de Venezuela dependerá de si sus ciudadanos logran transformar el eco de la soberanía en una realidad efectiva, democrática y compartida.
