El ámbito de la seguridad es vasto y multifacético, y este análisis se centra en destacar su relevancia como principio institucional esencial en las acciones y programas gubernamentales para el desarrollo de la sociedad civil. A lo largo del tiempo, el ser humano ha desarrollado un sentido instintivo para evaluar experiencias que pueden ser satisfactorias o peligrosas para la supervivencia individual o colectiva, utilizando tanto instintos animales como razonamientos racionales para garantizar su seguridad personal. Según la academia de filosofía, la seguridad se define como la capacidad de estar libre de preocupaciones y precauciones constantes. En el contexto social y civil, esta se construye como un sistema institucional diseñado para minimizar riesgos y garantizar los derechos que promueven el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.
El sociólogo Michel Foucault sugiere que la seguridad emana de la corriente liberal moderna, utilizando técnicas para regular y administrar la vida mediante controles institucionales en salud y espacios urbanos. Alessandro Baratta destaca el aspecto jurídico de la seguridad, argumentando que es fundamental para comprender la construcción social del miedo y la selectividad punitiva del Estado. Por su parte, el economista Amartya Sen ofrece una visión más amplia al considerar la seguridad no solo desde el orden policial o militar, sino como la garantía de una vida digna, satisfaciendo necesidades básicas y eliminando la violencia estructural. Cada teoría busca proteger a la población mediante un enfoque integrado que abarca prevención, acción y jurisdicción.
Desde una perspectiva histórica, la seguridad política internacional se ha desarrollado al considerar cada país como parte de un sistema político interconectado. En los siglos XIX y XX, la seguridad territorial se entendía principalmente como una herramienta para ejecutar guerras y mantener la paz estatal al preservar la soberanía y el respeto territorial frente a invasiones. Esto dio lugar a leyes y acuerdos internacionales que establecieron la seguridad política para proteger contra amenazas internas y externas que comprometen la estabilidad del poder y el orden público.
Hoy en día, organizaciones internacionales juegan un papel crucial en la prevención y puesta en práctica de leyes destinadas a proteger el derecho a la vida y fomentar la convivencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada en 1945, busca evitar futuros conflictos y promover la paz global mediante cooperación entre países para resolver cuestiones económicas, sociales y humanitarias. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reúne naciones aliadas para garantizar seguridad y estabilidad colectiva, interviniendo en cuestiones políticas críticas. La Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 1998, es un tribunal independiente encargado de juzgar a individuos acusados de crímenes atroces a nivel internacional.
Estos acuerdos han dado lugar a programas e investigaciones dedicados a intervenir en situaciones complicadas donde está en juego la vida de poblaciones, respetando los límites legales internos e internacionales sobre la autonomía estatal. Documentos fundamentales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y convenciones específicas clarifican estos compromisos. Además, conceptos como “Extraterritorialidad” regulan delitos contra la seguridad de un Estado, mientras que “Jurisdicción Universal” permite actuar sobre crímenes contra la humanidad sin importar el lugar donde se cometieron.
En el ámbito de la seguridad, como se ha interpretado recientemente, existe una plétora de acuerdos y leyes que se han establecido para mitigar los conflictos internacionales y salvaguardar a la humanidad. Sin embargo, estos esfuerzos tienden a traducirse más en gestos diplomáticos y retórica política que en resultados concretos. A pesar de los intentos, los conflictos continúan en aumento. Según Coface, una aseguradora de créditos, el riesgo político ha alcanzado el 41,1 % debido a tendencias de estancamiento y conflictos internacionales, como los ocurridos en Ucrania y el Medio Oriente, que han desencadenado un aumento en los disturbios sociales. El Institute for Economics and Peace (IEP) indica en su Índice de Paz Global (GPI) para 2026 que la violencia y la inestabilidad tienen un impacto económico equivalente al 10,5 % del PIB mundial, es decir, $21,81 millardos de dólares. Las tensiones geopolíticas están en ascenso, impulsadas por la confrontación geoeconómica y los conflictos armados, como alerta el Foro Económico Mundial. Además, Eurasia Group predice una revolución política derivada de la polarización de las grandes potencias mundiales, apuntando a un área crítica para la seguridad institucional.
A pesar de los numerosos esfuerzos realizados a través de acuerdos, alianzas y programas para fortalecer la paz en las Relaciones Internacionales y asegurar su sostenibilidad, la situación sigue siendo distinta en la práctica. Los intereses particulares y las justificaciones ideológicas o religiosas facilitan la competencia por el poder político, propiciando el enriquecimiento de una élite priorizando el gasto militar sobre la estabilidad institucional. Esto desvirtúa la calidad de vida sustentada en valores de respeto, convivencia y desarrollo humano.
Hasta ahora, los esfuerzos no han logrado establecer un orden mundial satisfactorio. Un ejemplo de acciones recientes incluiría las detenciones de Nicolás Maduro, Cilia Flores y Alex Saab en Venezuela, una operación ejecutada por las fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Estas acciones, realizadas presuntamente bajo la premisa de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, resultan insuficientes cuando solo se enfocan en individuos particulares dentro de un sistema criminal más grande conocido como el “Cartel de los Soles”, que ha operado durante años con el apoyo de elites políticas.
Lo que se proclamó como una acción heroica bajo acuerdos democráticos ha dejado perpleja a la sociedad venezolana. Las políticas internacionales deben ser implementadas conforme al acuerdo original y cada paso debe seguir el rumbo pautado inicialmente. Solo así los procesos institucionales pueden garantizar la recuperación democrática y restaurar la confianza del pueblo en sus líderes. Cualquier asignación de los recursos económicos de Venezuela debe realizarse con transparencia y consulta pública para evitar caer en corrupción internacional. De lo contrario, se fomentaría un entorno favorable para grupos antidemocráticos, debilitando aún más la democracia y vulnerando a las naciones frente a objetivos autoritarios.
La seguridad política interna venezolana
La situación actual de la política de seguridad interna en Venezuela es sumamente compleja. En el ámbito externo, los acuerdos económicos prevalecen sobre los derechos ciudadanos. Internamente, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado enfrentan la falta de apoyo institucional, resultado de la autocracia establecida por Hugo Chávez y continuada por Maduro, ahora representada por Delcy Rodríguez, quien ocupa su cargo mediante distintos apoyos, incluyendo uno facilitado por el presidente Trump.
Este complicado escenario hace difícil evaluar el comportamiento de nuestras fuerzas de seguridad del Estado durante casi 30 años de chavismo. Las Fuerzas Armadas, cuya misión histórica ha sido defender la soberanía e integridad territorial de Venezuela desde los tiempos de la independencia, han experimentado una transformación. Su lema tradicional “Honor y Divisa” denotaba un claro compromiso con la nación. Sin embargo, bajo el liderazgo de Chávez, este se transformó a “Patria, Socialismo o Muerte”, reflejando un cambio hacia un sistema autoritario.
Estos lemas son cruciales para entender las intenciones subyacentes a los propósitos de seguridad centrados en el control político y social, en detrimento de la institucionalidad democrática. La reforma de la Constitución en 1999 otorgó a los militares el derecho al voto, permitiendo así su influencia en el fortalecimiento del gobierno de Chávez. Este paso transformó a las fuerzas armadas de defensoras de la soberanía a colaboradores del régimen chavista, siendo implicados en casos de torturas, arbitrariedades y presunta participación en el narcotráfico, según acusaciones de la ONU y el FBI.
Los cuerpos de seguridad territorial, criminalística y urbana fueron creados para brindar protección y mantener el orden público bajo principios éticos basados en la prevención y control estatal. Sin embargo, organizaciones como Provea denuncian que estos cuerpos cometen delitos graves a diario, incluyendo sobornos, secuestros y torturas. Además, la aparición de grupos civiles armados que apoyan el sistema socialista y ejercen control sobre ciertas áreas agrava la situación. Informes de organizaciones como Provea, Human Rights Watch y Transparencia Venezuela documentan violaciones de derechos humanos realizadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que están acusadas de robos, asesinatos y extorsiones.
La corrupción afecta todos los poderes públicos venezolanos, incluido el sistema judicial y el Tribunal Supremo de Justicia, limitando la libertad en todos sus aspectos y socavando la ética que debería motivar a cada joven a formar parte de las fuerzas armadas. En este entorno, se distorsiona la moral para servir al crimen organizado a cambio de pagos ilícitos. La población vive atemorizada y en silencio debido al miedo y a la impunidad, lo que representa una alerta para los sistemas políticos al poner en riesgo la vida y la dignidad humana.
Ningún país que busque fortalecer sus instituciones podrá superar la violencia y la pobreza sin una organización de seguridad responsable, con cimientos sólidos y un sentido de pertenencia. El papel de estas organizaciones se distorsiona si pasan a proteger cargos en lugar de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Cuando estas instituciones decaen, se abre un vacío de poder que puede contribuir a la destrucción democrática y al servicio de gobiernos autocráticos. Su objetivo principal debe ser la seguridad interna, brindando confianza y tranquilidad al ciudadano. Servir al Estado implica que la ética debe prevalecer sobre cualquier juramento simbólico. El lema de una fuerza de seguridad no debe fomentar la idolatría hacia un gobierno, sino respetar la autoridad mientras protege la funcionalidad y defensa del país.
Es crucial centrar el objetivo en recuperar nuestra seguridad política interna y reducir la vulnerabilidad institucional jurídica. Invertir en la seguridad de un país es fundamental, pero también lo es formar a los funcionarios en herramientas técnicas, ética, principios, valores, y asegurar su estabilidad psicológica y económica. El marco institucional debe incorporar conocimientos sobre nuestras leyes, ejemplares de buena conducta y capacitación adecuada. La seguridad jurídica actúa como un activador automático para fortalecer todo el aparato constitucional del Estado, devolviendo la confianza y mejorando la seguridad social y económica del país.
