La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela publicó el 16 de septiembre una nueva actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país. El informe examina los acontecimientos ocurridos durante el último año y está acompañado por un documento de investigación dedicado al papel de los colectivos y sus vínculos con el Estado.
- Cambios en la represión, pero sin reformas institucionales
- La Misión documentó tortura y malos tratos después de la reducción de las detenciones
- La Misión señala que funcionarios vinculados con abusos siguen en puestos clave
- La Misión documentó vínculos entre colectivos y organismos del Estado
- La Misión advierte que la reducción de la represión no ha resuelto la impunidad
- La Misión plantea la justicia transicional ante años de violaciones de derechos humanos
- La Misión considera que los cambios siguen siendo frágiles sin reformas
La Misión documentó una “disminución” de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas con motivos políticos después del 3 de enero de 2026, fecha en la que fuerzas militares de Estados Unidos capturaron y extraditaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. También registró la excarcelación de cientos de personas detenidas por razones políticas y margen para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, el organismo advirtió que estos cambios no estuvieron acompañados por las reformas institucionales necesarias para modificar de manera significativa y sostenida la situación de los derechos humanos. Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes y los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.
Cambios en la represión, pero sin reformas institucionales
La reducción de algunas de las formas más severas de represión constituye uno de los principales cambios que identifica la Misión después del 3 de enero.
La Misión también registró un margen algo mayor para las protestas, las reuniones públicas y algunas actividades de la sociedad civil.
El organismo consideró que esta situación hace que cualquier cambio observado sea frágil y reversible, porque no se han modificado las condiciones institucionales que durante años permitieron graves violaciones de derechos humanos.
La Misión documentó tortura y malos tratos después de la reducción de las detenciones
La disminución de las detenciones prolongadas no estuvo acompañada, según la Misión, por el fin de la tortura y los malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos.
El organismo investigó 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero. Entre las prácticas documentadas en el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I se encuentran la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo”.
En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, la Misión investigó el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, además de exposición al frío, privación de alimentos y otras prácticas degradantes.
La Misión también señaló que cientos de personas continúan detenidas en condiciones que restringen gravemente su acceso a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica.
El organismo concluyó que varios casos de personas detenidas por motivos políticos que murieron bajo custodia estuvieron relacionados con la falta de atención médica adecuada y con malos tratos.
Entre los casos investigados figura el de Víctor Quero Navas, quien murió bajo custodia después de haber sido víctima de desaparición forzada. Su madre, Carmen Teresa Navas, conoció el destino de su hijo más de un año después de su detención y diez meses después de su fallecimiento. Navas murió diez días después de recibir esa información.
La Misión señala que funcionarios vinculados con abusos siguen en puestos clave
La permanencia de funcionarios señalados por graves violaciones de derechos humanos es otro de los elementos que la Misión utiliza para describir la falta de reformas.
El organismo señaló que al menos 19 funcionarios previamente identificados por su participación en graves violaciones continúan ocupando puestos clave o fueron reasignados a otras posiciones relevantes.
La Misión relaciona este hecho con la persistencia de la impunidad. Su análisis plantea que la liberación de personas detenidas y la reducción de determinadas prácticas represivas no sustituyen la necesidad de investigar las violaciones cometidas y establecer responsabilidades.
Por ello, el organismo instó a las autoridades a adoptar medidas de rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas.
La Misión documentó vínculos entre colectivos y organismos del Estado
El documento de investigación complementario presenta el análisis más detallado realizado hasta ahora por la Misión sobre los colectivos, grupos civiles armados progubernamentales a los que atribuye funciones dentro de un sistema más amplio de control social y represión.
La investigación encontró relaciones de larga data entre estos grupos y autoridades estatales. Entre ellas menciona respaldo político, financiamiento directo e indirecto, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.
La Misión tuvo motivos razonables para creer que el gobierno suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motos, teléfonos y equipos de radio. También encontró una relación de doble vía entre estos grupos y las instituciones estatales, con integrantes de las fuerzas de seguridad que pasaron a formar parte de colectivos y miembros de estos grupos que posteriormente ingresaron a organismos estatales.
Según la investigación, los colectivos participaron en tareas de vigilancia e inteligencia, identificación y localización de personas buscadas por organismos de seguridad, represión de manifestaciones y persecución selectiva de opositores reales o percibidos como tales. La Misión también documentó su influencia sobre consejos comunales, servicios públicos y programas sociales, espacios que, según el organismo, permitieron recompensar la lealtad política y castigar las críticas o la disidencia.
La Misión determinó que cuando los colectivos ejercen elementos de autoridad pública conferidos por la legislación venezolana o actúan por instrucciones, bajo la dirección o el control de órganos estatales, determinadas conductas pueden ser atribuibles al Estado. El organismo también recordó que, incluso cuando un acto concreto no pueda atribuirse directamente al Estado, el gobierno mantiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.
La Misión advierte que la reducción de la represión no ha resuelto la impunidad
Entre el 1º de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos. El 94 % ocurrió antes de finalizar 2025.
Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración contra activistas de oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Las excarcelaciones redujeron significativamente el número de presos políticos, pero organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas permanecían detenidas.
La Misión señaló que la ausencia de información oficial, transparente y verificable impide establecer con precisión quiénes fueron liberados, quiénes permanecen detenidos, dónde se encuentran y cuál es su situación jurídica.
Para el organismo, la rendición de cuentas requiere algo más que la reducción de las detenciones. También exige investigaciones, sanciones cuando corresponda y reparación para las víctimas.
La Misión plantea la justicia transicional ante años de violaciones de derechos humanos
La Misión pidió a las autoridades adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas.
En este contexto, la justicia transicional supone abordar las violaciones graves cometidas durante períodos de crisis o represión mediante mecanismos orientados a esclarecer los hechos, establecer responsabilidades, reparar a las víctimas y evitar la repetición de los abusos.
El organismo también instó a Venezuela a revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
La Misión sostuvo que los años de impunidad deben dar paso a mecanismos de rendición de cuentas.
El organismo también pidió a la comunidad internacional apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho.
La Misión considera que los cambios siguen siendo frágiles sin reformas
La conclusión que atraviesa el informe es la diferencia entre una reducción de determinadas prácticas represivas y una transformación de las estructuras que permitieron esas prácticas.
Al mismo tiempo, señala que no se han producido las reformas institucionales necesarias para garantizar que estos cambios sean sostenidos. Las leyes que criminalizan la disidencia permanecen vigentes, las estructuras de inteligencia y seguridad continúan esencialmente sin modificaciones y los colectivos no han sido desarmados ni desmantelados.
La Misión también pidió a Estados Unidos y otros actores con influencia sobre Venezuela promover cambios en materia de derechos humanos sin que sus políticas o acciones contribuyan a violaciones o faciliten la comisión de crímenes internacionales.
Alex Neve, uno de los expertos de la Misión, añadió que el contexto descrito en los informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país.
Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de septiembre de 2026.
