Un tribunal federal de Estados Unidos fijó para el 8 de octubre el debate en el que se examinará la petición de libertad provisional interpuesta por la representación legal de Cilia Flores, de acuerdo con un documento publicado por el tribunal y firmado por el magistrado del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein.
La información también fue compartida por el abogado Nizar El Fakih, quien detalló que el recurso busca la concesión de un beneficio cautelar que le permita a Flores afrontar el proceso penal en su contra fuera de un centro de reclusión mientras continúan los trámites correspondientes al juicio.
“El 8 de octubre será debatida la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de Cilia Flores”, comunicó El Fakih a través de su cuenta en la red social X el 16 de septiembre.
La representación de la Fiscalía estadounidense ya expresó su negativa a otorgar el beneficio a favor de la procesada. No obstante, ante este escenario, la responsabilidad de examinar los alegatos presentados por las partes recaerá de forma exclusiva en el juez federal Hellerstein.
Durante la audiencia prevista para la primera semana de octubre, el magistrado analizará si la petición cumple con los parámetros fijados por la legislación estadounidense para autorizar la medida y, en caso de resultar procedente, dictaminaría las restricciones o garantías bajo las cuales se ejecutaría la excarcelación temporal.
El Fakih añadió que, si bien la determinación final depende de la autoridad judicial, cualquier entendimiento previo que pudiesen pactar los abogados defensores y los fiscales del caso influiría en el establecimiento de los términos de una eventual medida de gracia antes de que comience el juicio previsto para el 1° de junio de 2027.
Alegatos de los abogados de Cilia Flores
En un documento judicial, la defensa de Flores pidió que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.
Flores, de 69 años de edad, aseguró que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, día en que fueron capturados por militares de EE UU, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.
Los abogados de la esposa de Maduro aseguraron que los costos de este traslado serían asumidos por Flores y ofrecieron también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.
En la carta presentada ante la corte, los abogados describieron episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de 11 kilos desde su detención.
De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio Flores habría sufrido un grave episodio de salud que, según sus abogados, aparentemente “pudo tratarse de un infarto leve”, aunque este extremo no ha sido confirmado médicamente.
Historial médico de Flores
El juez Hellerstein ordenó el 10 de septiembre sellar el historial médico de Flores para mantener protegidos los datos de salud que se recogen en su solicitud de la medida de libertad provisional.
De esta manera, no se podrán conocer los problemas de salud alegados por la defensa de la venezolana para solicitar su cambio de régimen.
“Los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello, al considerar que las partes tienen un fuerte interés en la privacidad de su información médica”, aseguró el juez en el escrito.
Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.
Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, mientras la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
El proceso se encuentra en una fase previa al juicio en la que las defensas han comenzado a presentar recursos para intentar desestimar la acusación.
