La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó este martes 22 de septiembre, por un voto, una reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast que buscaba ampliar el periodo de detención de migrantes con órdenes de expulsión administrativa.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, por lo que no alcanzó los 89 votos necesarios para su aprobación.
El proyecto, impulsado por los ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública de Chile, buscaba modificar la regulación constitucional de la detención asociada a la ejecución de expulsiones administrativas.
La propuesta establecía que el periodo de detención podía extenderse entre cinco y 60 días, con la posibilidad de renovarlo por otros 60 días hasta en dos oportunidades, bajo determinadas condiciones y con mecanismos de impugnación judicial.
¿Qué buscaba cambiar el gobierno?
Durante la discusión, el Ejecutivo argumentó que el plazo vigente resultaba insuficiente para concretar algunas expulsiones administrativas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo durante el debate que entre las actuaciones necesarias para ejecutar estas medidas se encontraban la identificación y localización de las personas, la notificación, la obtención o verificación de documentos de viaje, la coordinación con los países de destino y la organización de los traslados.
Según el gobierno, ampliar el periodo de detención habría permitido contar con más tiempo para completar esas gestiones y concretar las expulsiones.
Pese a ello, el rechazo de la reforma mantuvo las reglas vigentes sobre la detención de personas extranjeras sujetas a órdenes de expulsión. La decisión tampoco eliminó las órdenes de expulsión existentes ni suspendió los procedimientos administrativos en curso.
Los proyectos migratorios anunciados por Kast
En junio de 2026, el presidente Kast anunció dos proyectos como parte de su promesa de campaña electoral para combatir el ingreso irregular de extranjeros al país.
Además de la posibilidad de aumentar el plazo de retención de migrantes en situación irregular y que hayan cometido delitos menores, el mandatario anunció un segundo proyecto que busca sancionar la entrada y salida de migrantes que ingresaron por pasos no habilitados y “perseguir” a aquellas personas que faciliten sus traslados.
“Estamos planteando una modificación al Código Penal para que también sea constitutivo de delito y un agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación, y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular”, detalló Kast.
El gobierno justificó esta decisión con datos según los cuales entre 2018 y 2024 se registraron más de 216 mil ingresos por pasos no habilitados al país. En 2024, la población extranjera representaba 8,8 % del total de la población, lo que significó un incremento de 115,5 % en comparación con 2017.
