La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de La Guaira, María Teresa Brito, afirmó que los subsidios otorgados por el Estado han provocado un incremento en los precios de venta y alquiler de inmuebles en la entidad tras los sismos del pasado 24 de junio.
Durante una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio, la representante gremial explicó que la contracción del mercado habitacional y el aumento en la demanda de reubicación por parte de los afectados por el doblete sísmico han alterado la dinámica comercial en la región costera y capital.
“Efectivamente, nuestra cartera inmobiliaria mermó en casi un 60 % y la emigración del guaireño es, por supuesto, oportuna por toda la situación que está atravesando. Además, este tema del subsidio ha movilizado el mercado inmobiliario a la búsqueda de propiedades de hasta 100.000 dólares, por lo que los precios han incrementado una barbaridad”, señaló Brito.
La gremialista agregó que la aprobación de financiamientos estatales generó la sobrevaluación en propiedades que, antes del evento telúrico, registraban costos sustancialmente menores en el mercado secundario.
“Un inmueble a lo sumo de tres habitaciones y dos baños podía costar 80.000 dólares, hablando de un promedio por metro de 800 dólares el valor por metro, entonces, si estamos manejando créditos de hasta 100.000, ahí podemos ver precios en 130, en 140, algo que está totalmente fuera de mercado”, puntualizó.
Exigencia de reservas en efectivo y plazos bancarios
Asimismo, la presidenta del gremio inmobiliario indicó que los compradores con viviendas colapsadas enfrentan condicionamientos financieros por parte de los vendedores, quienes solicitan pagos iniciales en divisas pese a la vulnerabilidad económica de las víctimas.
Añadió que ante la premura por concretar las operaciones y la falta de liquidez inmediata, es habitual que las partes apelen a acuerdos previos para financiar la puesta al día de los documentos del inmueble.
“Algunas personas esperan hasta lo último y como mayormente tienen que disponer del dinero para empezar los trámites. Entonces qué hacen, firman una promesa bilateral de compra o venta y con esa primera parte que reciben es que comienzan a hacer todo el proceso de la documentación, para luego en esa segunda parte poder entregar documentos, pagar la diferencia e ir al registro y protocolizar”, explicó Brito.
Trámites administrativos e información sobre exoneraciones
Con relación a los requerimientos legales en notarías y registros públicos, la experta abordó la falta de aplicación de la exoneración de impuestos decretada oficialmente para los expedientes canalizados dentro del programa Misión Venezuela Renace.
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria consideró contradictorio el cobro de tributos elevados cuando los financiamientos contemplan lapsos de gracia para los beneficiarios.
“Es incongruente que si tienes 12 meses de gracia para comenzar a pagar el crédito, te sometan a pagar impuestos, que de paso son elevados en algunas ocasiones”, puntualizó.
En ese sentido, ante la falta de actualización o desinformación en algunas taquillas subalternas, la representante del sector recomendó a los solicitantes presentar la norma oficial durante la gestión de sus expedientes.
“Lo que sugiero a las personas es que vayan a protocolizar una vez tengan sus créditos aprobados para el cálculo de la Planilla Única Bancaria, lleven la resolución que dice que están exonerados del pago del impuesto para poner al día al funcionario”, dijo Brito.
Condiciones técnicas y certificación de inmuebles
Por otra parte, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de La Guaira destacó que la ubicación geográfica de la oferta disponible se concentra principalmente en la zona céntrica de Maiquetía y en las cercanías del aeropuerto, en Sotavento, en contraste con la paralización del mercado en el sector este.
No obstante, la vocera hizo un llamado a la responsabilidad en el ejercicio inmobiliario, al enfatizar que solo deben comercializarse inmuebles que cuenten con la evaluación técnica correspondiente emitida por el Colegio de Ingenieros de Venezuela.
“Los inmuebles para vender o alquilar deben tener etiquetas verdes. La entidad bancaria está pidiendo la certificación del Colegio de Ingenieros”, resaltó.
Brito aclaró que los inmuebles evaluados con etiqueta amarilla pueden acceder a créditos destinados a la reparación de áreas comunes asignados a las juntas de condominio mediante el plan estatal.
Mientras que la etiqueta roja certifica la inhabilitación para vender o alquilar dichos inmuebles, aunque eso no signifique que la edificación vaya a ser demolida o sea irrecuperable en todos los casos.
