Un médico especialista recomendó operar a Wilber Garcés, el migrante venezolano detenido en el sur de Texas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) le disparara en la espalda, para extraerle la bala que aún tiene incrustada en el cuerpo.
El congresista demócrata Greg Casar informó sobre la recomendación el 23 de septiembre en una rueda de prensa en San Antonio, Texas, después de visitar a Garcés en el centro de detención de Pearsall.
Casar visitó este miércoles a Garcés para conocer su estado de salud y hablar directamente con él. El legislador aseguró que el migrante, de 28 años de edad, está en una silla de ruedas, tiene un cabestrillo en el brazo izquierdo y la herida por donde penetró la bala está cubierta con gasa, en la que se “está acumulando sangre”.
A su vez, agregó Casar, Garcés dijo haber estado sufriendo dolor “constante” desde que fue baleado y solo haber recibido analgésicos orales hasta una hora antes de la visita del congresista, cuando le pusieron una inyección que “lo alivió un poco”.
El domingo, después de que Garcés recibiera el disparo por parte de ICE, los servicios de emergencia de Austin lo llevaron a un hospital local. Sin embargo, el centro médico le dio el alta unas tres horas después de admitirlo, con la bala aún dentro de su cuerpo.
De ahí, señaló Casar, las autoridades lo trasladaron primero a un centro de procesamiento de ICE en Pflugerville, al norte de Austin, y luego al centro de Pearsall, donde llegó en la madrugada del lunes.
Según el legislador, Garcés pudo ver al especialista médico el miércoles 23 de septiembre en un hospital de San Antonio, quien le recomendó que se sometiera a una cirugía para retirarle la bala.
“Obviamente, todos sabemos que una operación tiene sus riesgos y sus beneficios, pero si Wilber y su esposa deciden que la necesita, ICE debe agilizar su atención médica”, agregó el político, del ala progresista del Partido Demócrata.
Congresistas pidieron su liberación
La visita del legislador a Garcés llega un día después de que un grupo de más de 100 congresistas exigiera a ICE la liberación del migrante para que pueda obtener el cuidado médico necesario, así como que se impida su deportación a Venezuela.
Casar insistió este miércoles en estas exigencias y pidió, a su vez, transparencia sobre la atención médica que recibió Garcés el día del tiroteo.
“A ninguno de los profesionales de la salud con los que he hablado le parece lógico que una persona que recibió un disparo en la espalda, todavía tiene la bala dentro del cuerpo, sigue sangrando y siente un dolor intenso haya recibido el alta hospitalaria menos de cuatro horas después del disparo”, indicó, y agregó que “alguien con una herida así debería permanecer bajo atención médica”.
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, rechazó también este miércoles en una publicación en la plataforma X las denuncias de Casar y aseguró que los migrantes en centros de detención “reciben una atención de mejor calidad que en la que hay en la mayoría de prisiones donde están recluidos ciudadanos estadounidenses”.
La abogada que representa a Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, presentó el lunes una demanda ante una corte federal en la que se solicita su liberación inmediata y la suspensión de su deportación. La corte fijó una audiencia para el 30 de septiembre.
El migrante tiene una orden de deportación
El venezolano entró en Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada fronterizo y pedir asilo, según su abogada y su familia.
Pese a que presentó una solicitud de asilo, el migrante tiene una orden de deportación en su contra, dictada en ausencia por un juez de inmigración. Según Lincoln-Goldfinch, él no acudió a la audiencia porque la notificación llegó a una dirección antigua, pese a que había informado al gobierno de su cambio de domicilio.
