La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó el martes 29 de septiembre a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el objetivo de avanzar en la despenalización de algunas conductas contempladas en la norma.
Rodríguez planteó la reforma como parte de las medidas para abrir “nuevos espacios de reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad”.
La propuesta también busca, de acuerdo con el planteamiento de Rodríguez, corregir las desviaciones que se hayan producido en la aplicación de la legislación desde su entrada en vigencia.
La propuesta también forma parte, de acuerdo con el planteamiento de Rodríguez, de una iniciativa “para transformar el sistema de justicia en Venezuela”.
¿Qué significa una reforma parcial de la Ley contra el Odio?
Una reforma parcial significa que no se modifica la ley completa, sino determinados artículos o disposiciones de su contenido. El resto de la normativa permanece vigente sin cambios, salvo que el proyecto aprobado establezca otra cosa.
En este caso, la solicitud presentada por Rodríguez plantea modificar la Ley contra el Odio, pero todavía no precisa públicamente cuáles artículos serán reformados ni qué disposiciones permanecerán sin cambios.
Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han cuestionado la Ley contra el Odio desde su implementación por considerar que su redacción vaga y el margen de discrecionalidad en su aplicación permitieron la criminalización de expresiones, manifestaciones pacíficas y actividades de participación política, además de “silenciar a los defensores de los derechos humanos y a las voces críticas”.
Entre sus principales críticas está la falta de una definición precisa de qué constituye “odio”, una característica que, según estos actores, facilitó interpretaciones amplias de la norma y afectó derechos como la libertad de expresión, opinión e información.
La reforma parcial no equivale a derogar la ley. La derogación eliminaría la vigencia de una norma completa o de determinadas disposiciones.
Por ahora, la Ley contra el Odio continúa vigente. La Asamblea Nacional deberá discutir el proyecto y determinar qué artículos serán modificados antes de que cualquier cambio pueda entrar en vigor.
Una ley que ha generado cuestionamientos por su aplicación
La reforma propuesta ocurre después de años de cuestionamientos sobre el uso de esta legislación en Venezuela.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la Ley contra el Odio ha sido utilizada de forma selectiva y desproporcionada y ha expresado preocupación por sus efectos sobre la libertad de expresión. En junio de 2026, la oficina volvió a incluirla entre las normas que, a su juicio, restringen indebidamente ese derecho y pidió su derogación.
La CIDH también documentó en 2026 casos de periodistas procesados bajo esta legislación y señaló la existencia de restricciones al derecho de defensa en algunos de esos procesos.
