¿Qué ocurre con un informe de la ONU una vez publicado? Esa es una de las preguntas que el periodista Luis Carlos Díaz plantea al comienzo de su análisis publicado en la web de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) sobre el caso de Alfredo Díaz Figueroa, exgobernador de Nueva Esparta y dirigente de Acción Democrática, quien murió bajo custodia del Estado venezolano.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, con el objetivo de contribuir a la rendición de cuentas y combatir la impunidad. Su mandato fue renovado posteriormente en tres ocasiones y está vigente hasta octubre de 2026.
Luis Carlos Díaz sostiene que el valor de estos informes no se limita a dejar constancia de las violaciones documentadas. En su análisis explica que las conclusiones de la Misión quedan respaldadas por testimonios, expedientes y otras evidencias que pueden ser útiles en procesos posteriores. “En otras palabras, estos informes nos han permitido construir, hecho por hecho, el expediente que algún día podrá sostener una acusación penal en Venezuela o afuera”, plantea.
El caso de Alfredo Díaz
La Misión investigó la muerte de Alfredo Díaz Figueroa, quien fue detenido por funcionarios del Sebin el 24 de noviembre de 2024 en Ospino, estado Portuguesa. Cuatro días después, el entonces ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó que se encontraba recluido en El Helicoide, principal centro de detención del Sebin en Caracas.
El informe señala que el exgobernador de Nueva Esparta fue acusado de “incitación al odio” y “terrorismo”. Durante el proceso penal permaneció incomunicado, sin acceso a un abogado de su elección ni a su expediente, mientras su familia tampoco fue informada sobre las actuaciones judiciales. El proceso quedó paralizado al momento de su muerte.
Pero el elemento central del caso, según la Misión, está relacionado con su estado de salud y la atención médica que recibió durante su reclusión.
Antes de ser detenido, un informe médico fechado el 19 de marzo de 2024 había registrado una primera convulsión con pérdida de conciencia, además de gastritis, un cuadro de ansiedad con rasgos paranoides y depresión. El documento recomendaba tratamiento farmacológico, una tomografía computarizada y evaluaciones de neurología y psicología. La Misión señala que Alfredo Díaz nunca fue evaluado por un especialista durante su detención.
De acuerdo con testimonios recogidos por la Misión, durante su permanencia en El Helicoide tuvo varios episodios de salud preocupantes. En uno de ellos, registrado el 7 de octubre de 2025, presentó dolor intenso, rigidez muscular, temblores y desorientación. Fue llevado al área médica del centro, donde se le diagnosticó una “indigestión” y fue devuelto a su celda sin seguimiento. Sus compañeros de reclusión consideraron que los síntomas podían corresponder a un problema cardíaco.
El 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 am, Díaz volvió a presentar síntomas similares. Fue trasladado al área médica de El Helicoide, donde recibió maniobras de reanimación y posteriormente fue llevado a un hospital. Murió ese mismo día.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio para el Servicio Penitenciario, falleció en el Hospital Clínico Universitario por un infarto agudo de miocardio. El certificado de defunción registró como causas el shock cardiogénico, infarto agudo de miocardio, cardiomiopatía isquémica e hipertensión arterial.
La conclusión de la Misión es más precisa que hablar simplemente de “negligencia médica”. El organismo señaló que existen “motivos razonables para creer” que la falta de atención médica especializada y oportuna fue un factor que contribuyó a la muerte de Díaz. También indicó que no encontró evidencias de que las autoridades hubieran realizado una investigación independiente e imparcial sobre su fallecimiento.
La conclusión se enmarca en una consideración más amplia de la Misión: cuando una persona se encuentra bajo custodia estatal, las autoridades tienen un deber reforzado de proteger su vida e integridad y de garantizarle atención médica adecuada y oportuna. El informe advierte que las muertes bajo custodia asociadas con la denegación o demora injustificada de atención pueden constituir privaciones arbitrarias de la vida atribuibles al Estado.
Un patrón que la Misión también documentó
El caso de Alfredo Díaz no aparece aislado en el informe. La Misión documentó también la muerte bajo custodia de Edison José Torres Fernández, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana con 24 años de servicio, quien había sido detenido en diciembre de 2025 después de difundir presuntamente mensajes críticos con el gobierno. El organismo incluyó ambos casos al analizar las consecuencias de las deficiencias en las condiciones de detención y en la atención médica.
El análisis de Luis Carlos Díaz conecta estos casos con una discusión más amplia sobre el uso que puede tener la documentación de la Misión fuera de Venezuela. En junio de 2026, la justicia argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2014, en un proceso basado en el principio de jurisdicción universal.
El periodista también aborda la decisión de Venezuela de iniciar en julio de 2026 el retiro del Estatuto de Roma. Sin embargo, el artículo 127 del propio Estatuto establece que la salida no extingue las obligaciones derivadas del periodo en que el Estado fue parte ni afecta los asuntos que ya estaban bajo consideración de la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI mantiene abierta la situación de Venezuela I, cuya investigación fue autorizada en 2021 y cuya reanudación fue autorizada en 2023.
Por eso, el argumento de Luis Carlos Díaz no se limita al caso del exgobernador de Nueva Esparta. Su análisis plantea que documentar cada caso, preservar las evidencias y establecer responsabilidades puede tener consecuencias más allá del momento en que se publica un informe. La Misión, mientras tanto, deja una conclusión concreta sobre Alfredo Díaz: la falta de atención médica especializada y oportuna fue un factor que contribuyó a su muerte mientras permanecía bajo custodia del Estado.