El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 27 de octubre la muerte de un preso, identificado como César Ramón Aguilera Villahermosa, en el Internado Judicial de Margarita, en el estado Nueva Esparta.
A través de un comunicado, publicado en la cuenta de X del OVP, solicitaron el inicio de una investigación exhaustiva e independiente sobre el fallecimiento de Aguilera ocurrida el 23 de octubre tras presentar complicaciones de salud.
La organización no gubernamental (ONG) señaló que la muerte del recluso reaviva las denuncias sobre las deficiencias del sistema sanitario carcelario en el país, al tiempo que recordó la obligación constitucional del Estado venezolano de velar por la integridad física y la salud de los ciudadanos que se encuentran bajo su custodia penitenciaria.
“De acuerdo con la información recibida por el OVP, las causas del fallecimiento fueron shock cardiogénico, miocardiopatía dilatada, arteriosclerosis severa e hipertensión arterial”, resaltó el OVP.
Responsabilidad estatal y custodia sanitaria
A juicio de la ONG, la manifestación de patologías cardiovasculares severas en un entorno de reclusión requiere el esclarecimiento de los antecedentes clínicos del paciente, por lo que la ONG subrayó la necesidad de determinar si el preso contaba con un diagnóstico formal, si se le garantizó el suministro constante de fármacos y si fue trasladado a tiempo a un centro de salud especializado.
En su pronunciamiento, el OVP reiteró que las personas privadas de libertad carecen de autonomía para gestionar tratamientos o consultas externas de manera independiente, por lo que cualquier desenlace fatal bajo custodia exige transparencia institucional.
“Una persona privada de libertad depende del Estado para acceder a medicamentos, evaluaciones médicas y traslados hospitalarios. Es por ello que, cuando alguien muere bajo custodia, no basta con informar la causa del fallecimiento, sino que las autoridades también deben rendir cuentas sobre la atención que recibió”, destacó.
El director general del OVP, Humberto Prado, instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a los organismos de justicia a esclarecer el caso de manera imparcial, que abarque las actuaciones de los funcionarios a cargo de la custodia y el protocolo sanitario del recinto.
Asimismo, solicitó que las averiguaciones abarquen de manera integral la crisis de los derechos humanos en los recintos carcelarios venezolanos, con énfasis en las muertes provocadas por la privación de cuidados médicos y la violencia interna, a fin de determinar responsabilidades e impedir la impunidad.
Opacidad en la reestructuración del penal
El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que este centro de reclusión estuvo bajo el control de Teófilo Rodríguez Cazorla, conocido como “El Conejo”, quien mantuvo el dominio de la infraestructura hasta su asesinato en enero de 2016, evento que desencadenó el desalojo y posterior traslado de más de mil reclusos hacia otros penales del país.
En el Informe Anual 2024 del OVP, documentaron que se mantuvieron al menos 125 personas recluidas en dicha cárcel, a pesar de la ausencia de anuncios oficiales sobre su reapertura formal o trabajos de acondicionamiento.
“Recibimos denuncias de que algunos reclusos pagaban para permanecer allí, mientras otros detenidos de Nueva Esparta aún permanecen hacinados en calabozos policiales de la isla y otros estados del país”, puntualizó el OVP.
Otras denuncias recientes
El OVP denunció el 19 de octubre la muerte de otro recluso bajo custodia del Estado, quien fue identificado como Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años de edad, quien se encontraba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, en el estado Zulia.
La organización señaló que el hombre padecía VIH y cirrosis hepática, entre otras enfermedades.
En ese mismo centro de reclusión en Zulia, el OVP denunció la muerte bajo custodia del Estado de Santiago Elvis, el lunes 21 de septiembre.
De acuerdo con el organismo, el preso falleció en el Hospital Universitario de Maracaibo, a donde fue trasladado por presentar insuficiencia respiratoria producto de una supuesta tuberculosis.