El regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela podría acelerar la transición política y mejorar las perspectivas de recuperación económica, en un proceso que hasta ahora ha avanzado más en la estabilización de la economía que en los cambios institucionales.
Los analistas Asdrúbal Oliveros y Alejandro Arreaza consideran que la presencia de la dirigente podría aumentar la presión para definir un calendario electoral, mientras advierten que la sostenibilidad del crecimiento dependerá de instituciones creíbles y de una mayor seguridad jurídica.
Oliveros, socio fundador de Summa Consulting & Strategy, sostuvo en un análisis publicado por Americas Quarterly que el regreso de Machado podría acercar los tiempos de la transición política y económica. A su juicio, los avances institucionales serán determinantes para reducir la incertidumbre, fortalecer la confianza de los inversores y atraer capital de largo plazo.
Por su parte, Arreaza, economista para la región andina de Barclays, consideró en el mismo artículo que el regreso de Machado podría modificar el ritmo de la transición y aumentar la presión para celebrar elecciones antes. Un informe de análisis al que tuvo acceso El Diario también plantea que el retorno de la dirigente aumenta la probabilidad de que los comicios presidenciales se celebren durante el segundo semestre de 2027.
El regreso de Machado podría acelerar la transición
Arreaza calificó el retorno de Machado como el avance más significativo hacia una transición política desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. El economista señaló que la dirigente sigue siendo la figura política más popular del país.
Su presencia en Venezuela podría dar mayor peso a las demandas de la oposición y reducir el margen de maniobra de la administración encargada de Delcy Rodríguez. Sin embargo, Arreaza advirtió que el regreso no implica un cambio inmediato de poder, sino que su efecto dependerá de cómo evolucione el proceso político y de las condiciones en las que se convoquen los comicios.
El economista también sostuvo que la participación de Machado podría canalizar las demandas ciudadanas dentro de la transición y reducir el riesgo de un proceso desordenado. Una ruta electoral más clara, añadió, ayudaría a establecer un horizonte para el proceso y a dar mayor previsibilidad a las expectativas políticas y económicas.
Benigno Alarcón Deza, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y socio director de Polis Consultores, ofreció una perspectiva más cautelosa en Americas Quarterly. A su juicio, el regreso de Machado es un acontecimiento político importante, pero no representa un avance irreversible hacia la democratización.
Entre los obstáculos pendientes, Alarcón mencionó la inhabilitación política de la dirigente, la ausencia de una fecha electoral y las limitaciones para garantizar la participación política. También advirtió sobre la posibilidad de nuevas acciones judiciales contra Machado, por lo que consideró necesario observar las decisiones que adopten los actores políticos en los próximos días.
La renovación institucional, un paso pendiente
La posibilidad de acelerar la transición coincide con una hoja de ruta respaldada por Estados Unidos que contempla renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de avanzar hacia una convocatoria presidencial.
La renovación del TSJ ya tiene un procedimiento abierto. El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, abrió el 28 de octubre la convocatoria para recibir candidaturas a las magistraturas, con plazo hasta el 11 de noviembre. La designación de los nuevos integrantes del máximo tribunal está prevista para el 11 de diciembre.
Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el 26 de octubre que Washington respalda una hoja de ruta que contempla renovar el TSJ a finales de 2026 y designar posteriormente nuevas autoridades del CNE, lo que permitiría celebrar elecciones previsiblemente en 2027.
Según la previsión expuesta por el funcionario estadounidense, una vez establecidos ambos organismos, Delcy Rodríguez debería declarar la falta absoluta de la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para convocar elecciones.
Las previsiones sobre la fecha de los comicios tampoco coinciden por completo. Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en las conversaciones con el oficialismo, estimó en una entrevista a El Nacional que las elecciones podrían celebrarse a finales de 2027 o comienzos de 2028. Antes, señaló, deben avanzar la renovación institucional, la depuración del Registro Electoral y las garantías para la participación de partidos y candidatos.
La seguridad jurídica, clave para la recuperación económica
Para Oliveros, el avance de la transición política no es un asunto separado de la economía. Su sostenibilidad dependerá de que los cambios institucionales reduzcan la incertidumbre y fortalezcan la confianza de los inversores.
El consultor señaló en Americas Quarterly que consolidar instituciones creíbles, garantizar la seguridad jurídica y establecer reglas previsibles son condiciones esenciales para atraer inversiones de largo plazo y sostener el crecimiento. Un proceso ordenado, respaldado por acuerdos institucionales y un horizonte electoral claro, podría fortalecer la confianza y estimular la inversión. Por el contrario, una dinámica de confrontación podría aumentar la incertidumbre.
Oliveros también advirtió que la recuperación económica puede tardar en traducirse en mejoras para los hogares. El deterioro de los servicios públicos, las condiciones de vida precarias y los bajos salarios alimentan el descontento social. Si las expectativas de la población no se satisfacen, la movilización podría aumentar la incertidumbre y dificultar la consolidación de la recuperación.
Arreaza también considera que una transición política creíble mejoraría las perspectivas económicas de Venezuela a mediano plazo. Sin embargo, el regreso de Machado y una eventual aceleración electoral no bastan para garantizar ese resultado. La capacidad de atraer el capital privado que necesita el país dependerá de mejoras en la credibilidad de las políticas públicas, la calidad institucional y el Estado de derecho.
Las perspectivas de crecimiento y los desafíos pendientes
Las proyecciones económicas ofrecen otro elemento para evaluar el escenario que enfrenta Venezuela. En sus Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) venezolano a 5 % para 2026 y 7 % para 2027, frente al 4 % y 6 % que estimaba en abril, respectivamente.
Sin embargo, el organismo también prevé una inflación promedio de 467,9 % en 2026 y de 174,7 % en 2027. Aunque la previsión apunta a una desaceleración, los niveles proyectados reflejan que la inflación seguirá siendo un desafío para la economía y el poder adquisitivo de la población.
En paralelo, Venezuela reanudó sus relaciones con el FMI y el Banco Mundial en abril de 2026, después de la suspensión iniciada en 2019. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también retomó sus vínculos con el país y ha avanzado en la evaluación de posibles áreas de cooperación.