Octubre fue un mes que cerró con cambios bastante significativos en la política venezolana. La mesa de negociación entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez avanzó en su tercera ronda, y se instaló el Comité de Postulaciones Judiciales para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y, como sorpresa final, la líder opositora María Corina Machado logró regresar al país con un recibimiento multitudinario y el aparente aval de las autoridades interinas.
En entrevista para El Diario, el diputado de la AN 2015 Juan Miguel Matheus señala que todos estos pasos forman parte del mismo plan diseñado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición política en Venezuela. Un plan del que todavía quedan varios pasos pendientes, como iniciar el debate de garantías civiles y políticas, pero que, a su juicio, ya ha dado resultados importantes en estos casi tres meses.
“La mesa de fortalecimiento de la democracia que tiende a la transformación del sistema de justicia es quizás la que más ha avanzado en el proceso de reinstitucionalización del país. El 12 de agosto acordamos, y así fue suscrito, la transformación del sistema de justicia y la renovación de todo el Tribunal Supremo, la máxima instancia jurisdiccional de la República. Por ello ha continuado el procedimiento para la designación no solo de esos magistrados, sino también el titular de la Inspectoría General de Tribunales y el titular de la Escuela Nacional de la Magistratura, y esos pasos se han concretado en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales”, explica.
Precisamente el Comité de Postulaciones Judiciales informó el 4 de noviembre que han recibido 267 solicitudes hasta el momento. Estas se desglosan en 228 candidaturas a magistrado del TSJ, 31 a la Inspectoría General de Tribunales y 8 a la Escuela Nacional de Magistratura. De acuerdo con el cronograma establecido, el 11 de noviembre cerrará el lapso de postulaciones y se publicará la lista de aspirantes. Luego vendrá el proceso de entrevistas e impugnaciones, la revisión por parte del Poder Ciudadano, y finalmente se espera que la Asamblea Nacional electa en 2025 anuncie al nuevo TSJ el 11 de diciembre.
Comenzar por la base
Una de las mayores críticas que la mesa de negociación recibió durante esta ronda de conversaciones ha sido la velocidad con la que han avanzado los acuerdos. Si bien el lapso estimado por la delegación de la AN de 2015 de entregar un nuevo TSJ para el mes de diciembre sigue el curso de su cronograma publicado, la situación cambia al hablar de la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al respecto, Matheus aclara que en el plan diseñado por Estados Unidos, en su rol como facilitador, priorizó comenzar por el Poder Judicial, ya que es la base sobre la cual se sostiene todo el proceso de renovación de los demás poderes públicos, así como el encargado de ratificar o derogar las leyes que también se están discutiendo en la mesa. Como jefe de la mesa técnica de fortalecimientos de la democracia, insiste en que, una vez se tenga un nuevo Poder Judicial, el resto de reformas pendientes fluirá con mayor facilidad.
“Lo lógico es ir a los cimientos del Estado, a la columna vertebral del Estado, que es la justicia, y comenzar a regenerar desde allí las condiciones cívicas que hagan posible anidar una democracia sostenible en el tiempo dentro del aparato del Estado venezolano”, dijo.
Aunque evitó responder por qué no se consideró reformar tanto el TSJ como el CNE de forma simultánea, recordó que en las últimas décadas el Poder Judicial estuvo subordinado a los intereses del oficialismo, lo que llevó a emitir resoluciones que socavaron la institucionalidad del país y todos los intentos anteriores de la oposición de promover un cambio democrático. Por ejemplo, al declarar en desacato a la AN de 2015, al torpedear acciones como el referendo revocatorio de 2016 o, más recientemente, al validar la proclamación de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Por eso justifica que es importante tener listo el nuevo TSJ antes de avanzar con una agenda electoral.
“Si en Venezuela estuviésemos apuntando a la celebración de una única elección libre, no sería necesario comenzar por el TSJ. Pero como el deseo de todos nosotros en la mesa de conversaciones es inaugurar un sistema democrático que pueda perdurar en el tiempo, entonces es necesario comenzar por la transformación del sistema de justicia”, apunta.
Leyes reformadas
En una entrevista previa para El Diario, la presidenta de la AN de 2015 y jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, aseguró que la mesa de negociación tiene contemplado reformar alrededor de 18 leyes relacionadas al sistema de justicia venezolano. Empezando por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya tuvo una reforma parcial aprobada a finales de agosto para darle peso a la sociedad civil dentro del Comité de Postulaciones Judiciales.
Matheus precisa que dentro de este ecosistema de leyes que tendrán cambios se encuentran la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley Orgánica de Defensa Pública y la Ley del Sistema de Justicia. Fuera del ámbito judicial, también menciona otras que se acordó revisar en la ronda del 21 de octubre, referentes a las garantías civiles y políticas.
Entre ellas destacó la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista, que contempla penas de entre 25 y 30 años de cárcel a las personas acusadas de apoyar las sanciones económicas o acciones extranjeras contra el gobierno. También la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente el artículo 105, el cual le da al contralor general la potestad para emitir inhabilitaciones políticas o suspender funcionarios de sus cargos a discreción.
“Hay otras leyes que fueron consideradas en la mesa durante el ciclo de trabajo, como la ley que regula las ONG, sobre la cual hay plena conciencia que debemos trabajar y probablemente sea materia u objeto de trabajo para el próximo ciclo de la mesa de conversaciones”, añade.
El nuevo TSJ
Si se cumplen correctamente los tiempos señalados en el cronograma del Comité de Postulaciones Judiciales, la inauguración del año judicial 2027 iniciará con rostros nuevos en el TSJ. A partir de este punto, corresponderá a sus magistrados no solo deliberar sobre la constitucionalidad de las reformas políticas que desarrolle la mesa, sino incluso tendría la capacidad de revertir algunas de las medidas más controversiales tomadas por la magistratura anterior.
Por ejemplo, algunos sectores señalan que podría anular las sentencias emitidas en su momento por la Sala Constitucional, como la intervención de partidos políticos disidentes. No obstante, Matheus aclara que la devolución de las tarjetas electorales a sus directivas legítimas ya es un punto abordado actualmente por la mesa de negociación, junto a la reforma de la Ley de Partidos Políticos.
“Creo que es muy pronto para saber cuáles serán los desahogos institucionales ante el TSJ en esa reivindicación de derechos, y cuáles serán materias propias que se reservará la mesa porque requieren voluntad estrictamente política y no necesariamente una voluntad jurídica. Lo que sí es cierto es que la mesa va a seguir trabajando por la reivindicación de los derechos de los venezolanos”, acota el parlamentario.
—La abogada Thelma Fernández hizo la propuesta de que tanto el TSJ como el CNE tuvieran un carácter transitorio, es decir, que tengan un rol para esta coyuntura puntual de la transición, y ya luego cuando haya un Estado más consolidado se pueda finalmente elegir a unos magistrados y unos rectores para su periodo ordinario. ¿Qué posición tiene al respecto sobre esta propuesta?
—Los momentos de transiciones democráticas son periodos de incertidumbre y el rol, me parece a mí, de quienes están llamados a conducir los procesos de transición tiene que ver con el aminorar las incertidumbres, y una manera de aminorar la incertidumbre es precisamente dar estabilidad institucional. ¿Cuál es la fuente de esa estabilidad institucional? La Constitución, y la Constitución demarca claramente cuál es el periodo de cada uno de los poderes públicos, y en especial en este caso, tanto de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como de los rectores del CNE.
En mi criterio, le haríamos un flaco favor a la democracia venezolana que vamos a inaugurar si la dotásemos de mayores niveles de incertidumbre y no fuésemos capaces de dotarla de estabilidad. Estabilidad en los cargos, estabilidad en los poderes públicos. Creo que vamos por muy buen camino. Creo que la designación de los magistrados y eventualmente la de los rectores del CNE serán cónsonas con lo que aspira el país democrático y por eso me parece que lo que conviene precisamente a la transformación democrática del país y al periodo transicional, es que esos poderes públicos se asienten en la dinámica cívica de Venezuela y puedan dotar de certezas al pueblo de Venezuela con su funcionamiento constitucional.
Regreso negociado
La mañana del domingo 25 de octubre, María Corina Machado anunció que había entrado al país después de 10 meses en el exilio y varios intentos infructuosos de volver. Una noticia que tanto Matheus como la delegación de la AN de 2015 declaran haber recibido con felicidad, pues desde septiembre han estado trabajando junto a Estados Unidos en garantizar las condiciones de seguridad y participación política para el regreso de los exiliados venezolanos.
“El regreso de María Corina Machado es una formidable noticia para Venezuela y para los deseos de democracia que tenemos los venezolanos. Basta ver al pueblo de Venezuela desbordado de alegría en las calles para alentarse en la esperanza y ver que todo lo que estamos haciendo en el proceso de conversaciones pareciera apuntar a un destino seguro”, opina Matheus al respecto.
El 26 de octubre, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, afirmó que funcionarios estadounidenses se habían comunicado previamente con las autoridades interinas venezolanas para instruir que la líder opositora debía volver a su país sin impedimentos. También aseguró que las condiciones que permitieron el retorno seguro de la líder opositora fueron resultado directo de las “conversaciones de reconciliación” que supervisa la administración de Donald Trump en Venezuela.
“Las palabras de Rubio apuntan exactamente en la dirección de expresar que esta vuelta de María Corina Machado se da en el clima de las conversaciones y de la negociación, más el secretario de Estado, ha hecho la invitación a todos los actores políticos para que participen en alguna medida del mecanismo de conversaciones y para que lo apoyen, sabiendo que todo apunta a que en Venezuela haya un proceso de democratización que conlleve no a una elección aislada, sino a la inauguración de las próximas generaciones”, ratifica.