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- La indocumentación, la corrupción y la falta de agilidad en los trámites se volvieron ley en el país con el mayor éxodo del continente
Son las 4:00 am y la plataforma en línea de Gestión de Trámites Universitarios (GTU) no abre. Los ojos de Daniel se entrecierran, toma otro sorbo de café y sigue insistiendo. Hace click de nuevo pero la falla persiste, decide apagar la computadora y acostarse. La madrugada siguiente volverá a intentarlo, para él ya es rutina tratar de solicitar su cita en el ente, muchos le han sugerido intentarlo en la madrugada para tener éxito, así que ingresa diariamente alrededor de las 2:00 de la mañana. Aún no lo logra.
Las fallas que han causado los desvelos del joven se presentan en el GTU desde inicios de marzo del año 2019. Y es que, la palabra suerte pasó a formar parte del argot de los ciudadanos a la hora de realizar algún papeleo para emigrar. Sin la legalización de los documentos que se gestionan desde esta plataforma, no hay apostilla. No hay otra opción.
La escena se repite en casi todos los trámites migratorios, especialmente en la emisión de pasaportes, la solicitud de antecedentes penales y la apostilla de documentos, cuyas fallas se prolongan incluso por años. Lo que antes parecía una solución, hoy es otro de los cientos de problemas que aquejan a los ciudadanos.
Resulta una ruta larga, ardua, en que la corrupción y la lentitud se apoderan del proceso administrativo, lo que, en circunstancias normales, supondría un trámite sencillo y sin complicaciones.
Los venezolanos emigran del país como consecuencia de la grave crisis económica, humanitaria y social; huyen para dejar atrás una nación sumida en el caos. Las dificultades para adquirir la documentación necesaria (pasaporte, antecedentes penales, etc.) originaron un éxodo desorganizado y sin control que preocupa especialmente a los gobiernos sudamericanos.
Colombia alberga alrededor de 1,3 millones de venezolanos, en Perú hay más de 768.000, en los países del Caribe viven unos 110.000, mientras que en Chile hay 288.233. Las cifras dejan al descubierto el mayor éxodo de la historia en Latinoamérica, que, según cifras de Acnur, supera los 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo.
Los huérfanos de identidad
En mayo del año 2017, Gabriela, una estudiante de Derecho recién graduada y que anhelaba emigrar por mejores condiciones de vida, acudió a la cita para solicitar su pasaporte. El proceso fue sencillo: en menos de una hora estaba de salida y esperaba recibir el documento, como mínimo, en un mes. Pero no ocurrió. Pasó el tiempo estipulado y las visitas al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para exigir la entrega se hicieron rutina.
Probó solicitar el “pasaporte express”, anexando una carta de trabajo emitida desde el país al que deseaba emigrar para agilizar el trámite, pero tampoco tuvo éxito. Ingresó a la plataforma de madrugada con la esperanza de efectuar el pago y claro, también buscó la opción de agilizar el trámite por medio de un gestor. Los precios eran exorbitantes, no pudo costearlo.
Desde ese entonces, Gabriela espera un correo que notifique que su pasaporte está impreso, revisa a diario el estado de su trámite, pero permanece detenido desde hace dos años en el chequeo de huellas dactilares. Para ella no hay respuestas, menos opciones.
Su caso es uno de los tantos que se registraron en los últimos tres años en Venezuela y que no cuentan con una estadística oficial que lo respalde. Estudiantes, profesionales y personas enfermas con urgencia para viajar copan a diario las sedes del Saime para exigir la entrega de sus pasaportes. En las filas interminables se palpa el desánimo y la desesperación por huir del país cuanto antes.
De todos los trámites, la emisión de pasaporte es el más complejo. Desde hace unos tres años, el Saime comenzó a presentar fallas, por lo que no entregaba el documento con la rapidez debida, alegando escasez de material. Hoy la situación no ha hecho más que empeorar: entre la solicitud y la impresión, el proceso puede tardar años.
El organismo implementó varios mecanismos para depurar el sistema de las muchas solicitudes que a diario recibe, pero no lo logró. Incluso, en la opción “pasaporte express”, en algunos casos el usuario pagaba el trámite y no recibía respuestas, cuando debía tenerla en una semana.
Ahora, en un nuevo intento, el ente implementa un mecanismo de ratificación para aquellos que solicitaron el documento entre enero de 2016 y junio de 2018 y que siguen a la espera, procurando una vez más aliviar la plataforma. Sin embargo, el sistema comienza a presentar fallas nuevamente.
En la sede del Saime ubicada en Los Ruices, en el este de Caracas, una periodista hace una larga fila para reclamar por el sistema de ratificación. La joven, quien evitó decir su nombre por temor, comentó que la plataforma le indica que no tiene documentos por ratificar, pero su solicitud de pasaporte fue realizada en mayo de 2018.
Intentó tramitarlo por vía ilegal, pero tampoco resultó una opción debido a que el precio por las gestiones rondaba la cuantiosa suma de 2.000 dólares, con la promesa de recibir el documento en un par de semanas, aunque nada ni nadie se lo garantizaba.
Con tal panorama los planes migratorios de la joven se vieron afectados, por ahora sigue intentando, espera que la opción de ratificación le permita obtener el documento y así pueda retomar sus planes de salir de Venezuela.
Mientras, la plataforma sigue arrojando fallas para pagar la ratificación, la cual tiene un valor de dos petros, cuatro veces el salario mínimo (estipulado en 40.000 bolívares). Es la vía económica.
De acuerdo con una trabajadora del Saime, gestionar un pasaporte en el mercado negro puede superar los 5.000 dólares, y se recibe en una semana, o en un máximo de 15 días.
“Ese precio es porque se trata de una cadena, el dinero va cayendo de persona en persona: contacto, enlace, el que lo registra, el que lo imprime, y así va. En un mes una persona puede hacer, fácil, 4.000 dólares”, aseguró la empleada del ente, quien no quiso revelar su identidad por temor a represalias.
Aunado a las irregularidades, también persisten las fallas en la plataforma para solicitar la prórroga del pasaporte, la medida que extiende su vigencia por dos años.
En caso de que la persona logre acceder, no siempre puede optar por este mecanismo, debido a dos factores: el dinero y el tiempo. En algunas de las sedes es muy común encontrar a personas que llevan meses esperando para recibir la prórroga.
En junio de 2019 el presidente interino, Juan Guaidó, emitió un decreto para extender la vigencia de los pasaportes vencidos por cinco años, una medida aceptada por los países de la región, Estados Unidos y varios de Europa, como fue el caso de España. La situación alivia a aquellos con el documento vencido, pero no a quienes no lo poseen y planean solicitarlo.
Para personas como Gabriela las opciones son más escasas, solo les resta esperar, aunque en el proceso los planes de emigrar se vayan complicando. Cuando planeaba irse (2017) el éxodo de venezolanos no había repercutido tanto en la región, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la cifra de migrantes venezolanos de ese entonces era de 900.000. Hoy la historia es distinta, países como Chile y Perú exigen tramitar visas especiales para permitir la entrada de los migrantes venezolanos y así poder regularlos.
“Es como si tu vida, tus planes, todo se detuviera, como si no pudieras decidir qué hacer, realmente no depende de mí, he hecho de todo pero aún espero por mi pasaporte, es muy frustrante porque eres joven y tienes un camino que recorrer, y aquí en Venezuela no es, aquí no hay futuro”, comenta visiblemente desanimada y sosteniendo copias de sus intentos fallidos para obtener el documento. Aún espera.
La mafia de los gestores
“7.000 solicitudes por día”, advierte de entrada la página del Ministerio del Interior y Justicia y Paz. Es un aviso dirigido a los usuarios que desean solicitar sus antecedentes penales, un documento imprescindible para emigrar porque respalda que la persona no tiene pasado delictivo.
Anteriormente, obtener los antecedentes penales podía tardar solo un par de días, pero ante la alta demanda, el proceso se complicó. El Ministerio ahora acepta las solicitudes de acuerdo con el terminal de cédula del solicitante, y hay un día asignado para dos terminales: lunes: 1–6; martes: 2–7; miércoles: 3–8; jueves: 4–9 y viernes: 5–0. Alrededor de las 7:00 am ya no quedan cupos.
Algunos usuarios denunciaron que incluso en la madrugada el sistema arroja que no hay solicitudes disponibles, sin embargo, hay quienes logran hacer la petición, pero no reciben los antecedentes de inmediato y demoran hasta seis meses en obtener respuesta por parte del ente responsable.
Una cita por vías tradicionales y legales es gratuita, pero hay quienes sacan partido de la situación, y apelando a gestorías, este proceso podría tener un precio de 80 dólares.
En la plataforma de la GTU la situación es similar: fallas para la solicitud de citas desde inicios de 2019. La solución que se ofrece es seguir intentando hasta lograr el acceso al portal.
Anteriormente, el correo que llegaba con los documentos legalizados tardaba máximo tres días, mientras que ahora puede tardar hasta cuatro meses.
Para que un documento sea válido internacionalmente debe estar apostillado; sin embargo, en Venezuela esto requiere de mucho tiempo y paciencia, por las trabas en el proceso de legalización.
Hay quienes para agilizar los trámites recurren a una tercera persona: el gestor, quien puede llegar a cobrar desde 20 hasta 350 dólares, dependiendo del número de documentos para apostillar. Hay quienes cobran hasta 180 dólares por la carga de cada documento.
Los precios que ofrecen los gestores no solo son exorbitantes, sino que también son ilegales porque la mayoría de los trámites (excepto el pasaporte) son gratuitos por vía oficial.
Es precisamente por la tardanza en cada proceso que la figura del gestor tomó tanto protagonismo. Actualmente, estas personas ofrecen la agilización de cualquier trámite, lo anuncian a través de redes sociales o por mensajerías instantáneas, todo ante la mirada ciega del Estado venezolano que poco ha hecho para poner un alto a la situación.
El Ministerio de Interior, Justicia y Paz apenas fomenta una campaña en Twitter en la que invita a los usuarios a denunciar a través de un correo electrónico la especulación y el sobreprecio de trámites.
Mientras, el Saime denunció la detención de varios de sus trabajadores (se desconoce la cifra oficial) por ofrecer el pasaporte previo pago en dólares. En este caso se vieron involucradas bandas de empleados del ente que emiten pasaportes y se dividen el dinero.
Ante este panorama, algunos venezolanos ven lejana la posibilidad de emigrar con sus papeles en regla. Por eso, cada vez son más los ciudadanos que huyen indocumentados, incluso sin cédula de identidad, un trámite también complicado en estos días.
No hay cifras de cuántos venezolanos han emigrado sin documentacion, pero Acnur estima que la mayoría está en Sudamérica, especialmente Colombia, Perú y Ecuador. Son huérfanos de identidad, aunque son venezolanos no hay documentos que lo comprueben. Protagonistas de un éxodo dramático y bajo un anonimato forzado que se sigue agravando.
