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- El equipo de El Diario, en alianza con Cotejo Info, entrevistó a los familiares de las víctimas de varias ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales, grupo táctico adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Cada caso narra el dolor de la pérdida de un ser querido y la necesidad de obtener justicia
La violencia en Venezuela tiene múltiples rostros. Muchos de ellos usan la máscara de la delincuencia organizada y otros portan el antifaz del exterminio bajo el manto protector de la indiferencia del Estado. El daño infringido por aquellos rostros que portan uniforme policial y que asesinan a sangre fría se refleja en las cifras de ejecuciones extrajudiciales. Pero son mucho más que eso, detrás de cada número hay una historia, una vida aniquilada y una familia fracturada por una pérdida irreparable.
Una persona fue asesinada por el impacto de una bala cargada con saña por parte de un cuerpo policial dedicado al exterminio e intimidación, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La luz de la Luna fue la única testigo de un crimen que ocurrió la noche del 24 de septiembre de 2018. Los recovecos de Petare, la mayor barriada de Venezuela y una de las más grandes de Latinoamérica, estaban en calma. Pero al llegar la madrugada, las fiestas en la zona estaban en su apogeo. Los jóvenes aprovechaban el fin de semana para divertirse y bailar en casa de algún amigo o conocido. Entre el alcohol y la música, las preocupaciones se desvanecieron por un momento. Cristian Charris, de 26 años de edad, se divertía esa noche sin saber que sería la última para él.
Un poco más temprano, Cristian decidió ir a una fiesta para celebrar su cumpleaños. Bebió y bailó hasta que se hizo tarde y decidió regresar a su casa, aunque no pensó en las consecuencias de caminar de madrugada por las calles de Petare y mucho menos que se encontraría de frente con un grupo de funcionarios de las FAES, organismo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y acusado de ser el responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales.
A sus 26 años de edad ya era padre de tres niños. Se enfocó en ser siempre el mejor papá y por eso pasaba horas cortando cabello en una barbería cerca de su casa, para ganar dinero. Cristian se hizo conocido por La Dolorita, una zona popular de Petare. Los hombres hacían fila afuera del local para que les hiciera alguno de sus afamados y extravagantes cortes. Pero esta no era su única habilidad. Cuando no tenía que trabajar, la cancha de baloncesto se convertía en el mejor lugar para divertirse. Driblaba el balón con talento, —eso comentaban en el barrio —, y era el participante fijo de cada torneo o encuentro que los jóvenes de la zona organizaban. La comunidad lo quería y la herida que dejó su muerte aún no sana.
El semblante de Carmen Arroyo, la madre de Cristian Charris, está marcado por el dolor que le infringió una pérdida irreparable. Las lágrimas recorren su mejilla y prefiere no ahondar mucho en el día en que ese cuerpo policial le arrebató la vida a su único hijo.
La vida de Charris esa noche estuvo en manos de los uniformados, quienes, como parte de su jornada de exterminio, le dispararon sin ninguna razón, según lo que cuenta su madre. Estos funcionarios decidieron arbitrariamente terminar con la vida de un joven trabajador, un deportista comprometido y un hijo ejemplar. Estos hombres con el rostro cubierto también decidieron dejar a tres niños huérfanos y fracturar así una familia completa.
FAES en Monagas
José Enrique González, de 23 años de edad, fue asesinado junto a su cuñado, Yohandris Blanco, de 25 años de edad, el 7 de septiembre de 2020. “Su esposa nos cuenta que la sacaron de la casa y mientras caminaba por la calle, escuchó cinco balazos. Tres para su hermano y dos para mi hijo José. Nos enteramos cuando nos llamó como a las 5 de la mañana. El cuerpo de mi hijo estaba tirado en el piso del hospital”, narra Samuel González, padre de una de las víctimas. nnVerónica Bastardo, periodista.
FAES como grupo de exterminio
La muerte en Venezuela está a la orden del día. Las Fuerzas de Acciones Especiales ha subido escalafones en la violación sistemática de derechos humanos en el país. Ellos disparan, en la mayoría de los casos, contra jóvenes que viven en las barriadas que forman parte de las zonas populares del país. Se crearon para combatir la delincuencia pero han asesinado a miles de personas alegando presuntos enfrentamientos o resistencia a la autoridad. A pesar de que no portan identificación su temible vestimenta ya es conocida. Son funcionarios encapuchados, armados y que siempre andan en grupo, logrando que a su paso la vida de más de un joven, que haya delinquido o no, corra peligro.
Las FAES actúan bajo la mirada indiferente de un Estado que no garantiza justicia. “Todo el apoyo para las FAES”, dijo Nicolás Maduro en una alocución en 2019, ratificando el poder de este cuerpo policial.
Este organismo, que ha sido calificado como un grupo de exterminio, fue precedido por la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un operativo multipolicial cuyo objetivo era combatir la delincuencia organizada en zonas populares. Este operativo se creó el 6 de julio de 2015, cinco meses antes de las elecciones parlamentarias en Venezuela.
La primera OLP que se realizó fue en la Cota 905, una de las barriadas más peligrosas de Caracas y dominadas por la delincuencia organizada. En esta incursión se registró la primera masacre: 15 personas fueron asesinadas. Sin embargo, la Operación Liberación del Pueblo continuó durante dos años más, tiempo en el que asesinó a 505 personas, según cifras del Ministerio Público.
Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones a los derechos humanos acompañaron a las OLP desde su inicio. Fue en julio de 2017 cuando el régimen de Nicolás Maduro decidió eliminar este operativo y en su lugar crear un cuerpo policial “de élite” que combatiera la delincuencia en Venezuela. Así nació las Fuerzas de Acciones Especiales.
Al menos 546 personas fueron asesinadas por las FAES entre mayo de 2017 y 2019, según los datos recopilados por el Monitor de Víctimas. Human Right Watch aseguró en septiembre de 2019 que en Venezuela se han registrado 18.000 muertes por presunta resistencia a la autoridad. Sin embargo, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “muchas de estas muertes pueden tratarse de ejecuciones extrajudiciales”.
Detenciones arbitrarias en Margarita
La periodista Ana Carolina Arias informó que el 13 de agosto de 2020 se registró una protesta en la avenida Miranda de Porlamar por la falta de combustible.nnFuncionarios del grupo FAES se presentaron en el lugar y detuvieron a cinco personas, cuatro de las cuales eran conductores a la espera del abastecimiento de gasolina y el quinto detenido era un joven que pasaba por el lugar de regreso a su casa.
Sed de justicia
Cristian Charris no se resistió a la autoridad, no portaba un arma y tampoco se enfrentó a un grupo de funcionarios encapuchados y con armamento. Esa noche regresaba a su casa de una fiesta cuando le arrebataron la vida. El dolor se deja ver en la mirada de su madre y la voz se le corta al recordar a su hijo: un joven de contextura delgada, tez morena y alto. Pero sobre todo, Carmen Arroyo lo recuerda como alguien “sano”, que no tenía problemas con nadie.
Su asesinato causó gran impacto. La familia perdió a un hijo y padre, mientras que la comunidad se despidió de un amigo y trabajador querido por muchos. El dolor ha acompañado y ha impulsado los pasos de Carmen Arroyo en su búsqueda de justicia. Poco tiempo después de la muerte de su hijo, ella comenzó a estudiar Derecho, para ser parte de las voces que luchan por el cese de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
La mujer asegura que el miedo ya no forma parte de ella. Lo que más quería en la vida era a su hijo y fue asesinado. Sin temor habla sobre todo lo que ha vivido y las irregularidades en la Fiscalía. Para llegar a su casa en La Dolorita hay que atravesar una cancha y unas estrechas calles con viviendas de ambos lados. Luego el camino deja de estar pavimentado y la tierra cubre los recovecos que llevan hasta su hogar. Hay que bajar un pequeño barranco para llegar a un estrecho callejón. Los envases plásticos están ubicados en la entrada de cada casa para recolectar agua de lluvia porque, además de la violencia policial, los habitantes se enfrentan a la falta de servicios públicos.
Las paredes de su casa dejan ver los bloques con los que fue construida. Es una vivienda pequeña, dos cortinas dividen la sala, la cocina y los cuartos. La lluvia cae sobre el techo de zinc y se convierte en el sonido de fondo durante toda la entrevista. Carmen Arroyo se sienta en un pequeño sillón. De vez en cuando esboza una ligera sonrisa. Luce cansada pero no derrotada.
La tristeza la embargaba, pero no iba a dejar que la muerte de su hijo quedara impune, o por lo menos haría todo lo que estuviese en sus manos para conseguir justicia. Fue cuando se dirigió a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía a denunciar el asesinato de su hijo, pero las respuestas que obtuvo fueron pocas y no hubo una investigación del caso.
La determinación y fortaleza acompaña cada una de sus palabras. Ella está segura de que la muerte de su hijo fue una injusticia, un asesinato como los miles que se le atribuyen a los cuerpos de seguridad del Estado.
30% de las muertes causadas por funcionarios de seguridad del Estado se atribuyen a las FAES, 70% restante se distribuye entre demás organismos policiales y militares, cifra que a juicio del investigador de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila, queda invisibilizada porque la atención se concentra en el accionar del grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana.
Presión y denuncias internacionales
Las denuncias en contra de las FAES fueron subiendo escalones internacionales. Fue en julio de 2019 cuando la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela para constatar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el país.
La alta funcionaria se reunió con víctimas de la violencia policial. De acuerdo a los testimonios, la Acnudh recopiló información que le permitió establecer un modus operandi en las actuaciones de las FAES así como motivos para suponer que gran parte de las muertes durante los supuestos enfrentamientos constituyen ejecuciones extrajudiciales.
“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al Acnudh le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”, reza el primer informe de la ONU y recomienda enfáticamente la eliminación de este cuerpo policial.
El régimen venezolano negó la veracidad del informe a pesar de que la alta comisionada se reunió también con funcionarios oficialistas. Fue entonces cuando Maduro, durante una alocución televisada, expresó todo su apoyo a las Fuerzas de Acciones Especiales, a pesar de las innumerables denuncias que pesan sobre este cuerpo policial.
Los datos recabados por la Misión ONU, publicados en septiembre de 2020, contienen las cifras oficiales (Ministerio de Interior y Justicia) del total de muertes por “resistencia a la autoridad”. La cifra correspondiente al año 2019 corresponde a los datos oficiales ofrecidos hasta el mes de julio. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) acumula la data de todas las muertes registradas por acción de los distintos componentes de las fuerzas de seguridad del país. Sus estadísticas son publicadas en informes. Cofavic, por su parte, documenta los casos de “ejecuciones extrajudiciales” y compartió los datos de los años 2017, 2018 y 2019 directamente con la Misión ONU.
Dos años de impunidad en San Cristóbal
El 22 de noviembre del 2018 dos jóvenes tachirenses fueron asesinados en su casa en San Cristóbal, Táchira. La madre de las víctimas, Paula Flórez, responsabiliza a las FAES de este hecho. nnJimmy Alexander Montoya Flórez, de 24 años, y Sixto Xavier Montoya Flórez, de 18 años de edad, se vieron involucrados en una pelea. Funcionarios de la PNB allanaron su casa y los amenazaron. A los días llegaron las FAES y presuntamente los asesinaron en su casa. nn“Ellos mataron a mis hijos en mi propia casa, les pusieron dos armas de fuego con seriales dudosos y a cada uno le dieron un tiro de gracia, cada uno tenía un tiro en el corazón, ellos no usaban armas y de eso puedo dar fe”, expresó la madre de las víctimas.
Luego del primer informe de la Acnudh, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció, el 27 de septiembre de 2019, la Misión Independiente de Determinación de los hechos en Venezuela para investigar violaciones a los derechos humanos enfocadas en cuatro aristas fundamentales: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos.
El 2 de julio de 2020, la oficina de la alta comisionada presentó un segundo informe sobre derechos humanos en Venezuela. En este escrito Bachelet expresó su preocupación por el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro hiciera caso omiso a su recomendación de eliminar a las Fuerzas de Acciones Especiales. En el texto la Acnudh denuncia el asesinato de más de 2.000 jóvenes durante el primer semestre del año 2020.
Pero la presión internacional continúa. Luego de un año recabando información sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la Misión de determinación de hechos presentó su informe final. En esta recopilación de hechos se verificó la letalidad de las FAES y las denuncias de violaciones de derechos humanos que se le atribuyen. “Las FAES se convirtieron rápidamente en la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64,5% de las muertes que la Misión examinó en 2019. La Misión no ha podido localizar documentos oficiales u otra información de dominio público en relación con las FAES, incluidos los manuales de operaciones, desde su creación”, dice el informe.
La Misión ONU contabilizó -entre 2014 y 2019- 2530 muertes atribuibles a los diferentes cuerpos de seguridad que operan en Venezuela: en el año 2017 la Misión registró 10 muertes atribuidas a las FAES, en el año 2018 ubicó 119 asesinatos mientras que en el año 2019 contabilizó 796 casos, 668,9% más que lo registrado durante todo el año 2018.
Hasta el 2018 el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue la fuerza de seguridad más involucrada en los casos de ejecuciones extrajudiciales con una presunta responsabilidad en 45,4% de las muertes hasta el año 2018. Pero en 2019, las FAES fue identificada como la responsable de 64,5% de los asesinatos. Estas dos fuerzas de seguridad fueron las autoras de 59% de los asesinatos en los años examinados.
Estos informes dieron paso a una nueva etapa para la denuncia interpuesta contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscal de ese organismo de Justicia, Fatou Bensouda. determinó el 5 de noviembre que existen bases razonables para considerar que en Venezuela se cometieron crímenes que forman parte de la jurisdicción de su tribunal. La CPI avanzó a la fase III de su investigación en el que recaba información sobre crímenes en Venezuela y si los presuntos responsables han sido investigados en el país.
A las fuerzas de seguridad del Estado se le atribuyen 1 de cada 3 homicidios que ocurren en Venezuela, explica Keymer Ávila, investigador y profesor de pre y posgrado en Criminología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) . “Si se analizan las informaciones parciales de los informes de la Alta Comisionada, este porcentaje sigue en aumento durante 2020. Siguiendo esa lógica, los guardianes de la ley son los que la están violando, los que deben proteger nuestras vidas son los que nos las están arrebatando. Esto sin duda no se traduce en más seguridad, su efecto es justamente lo contrario”, precisa.
A pesar de los avances internacionales para determinar responsables en los crímenes ocurridos en Venezuela, los verdaderos afectados padecen diariamente el drama de la violencia policial y la pérdida irreparable de un familiar. La realidad se encuentra muchas veces dentro de casas hechas con bloques en zonas populares del país. Ahí donde la pobreza lidia con la escasez de servicios públicos y sortea el miedo a las balas, a pesar de que en muchos casos los ciudadanos desconocen las dimensiones del daño generado por las FAES.
Ávila afirma que la sociedad apoya estas políticas policiales debido al desconocimiento de las implicaciones de estas acciones. “El apoyo a las políticas de exterminio se hace desde el desconocimiento, los prejuicios sociales de clase y de raza, y también desde la distancia. ¿Cuándo deja de existir ese apoyo? Cuando esa violencia institucional letal les toca de cerca, a un amigo, un familiar, a un hijo, un marido o un vecino.A todo evento los derechos fundamentales no pueden sacrificarse por aclamación pública, si como sociedad permitimos eso, nos estamos colocando todas las sogas al cuello”, explica.
Una desaparición y ejecución
José Camero habla con determinación. De vez en cuando el dolor por la pérdida de un ser querido, se deja ver entre las facciones de su rostro, pero se da cuenta y rápidamente se cubre con la entereza que él considera necesaria para obtener justicia para su hijo, de 18 años de edad, quien fue asesinado por las FAES en abril del año 2019.
Desde la entrada de su casa en El Valle, Caracas, Camero relata cómo un grupo de funcionarios le quitaron la vida a su hijo Ángel Camero. Era un lunes en la mañana, todo estaba en calma, cuando el joven se dispuso a salir de su casa para visitar a una amiga en “la 18”, una zona cercana.
El hombre, de 55 años y padre de cuatro hijos, recibió una llamada. Ángel había recibido presuntamente un disparo de las FAES. Rápidamente Camero se dirigió a la zona donde estaba su hijo y no lo consiguió en ninguna parte. Preguntó desesperado a las personas de la zona y todos le indicaron que los funcionarios se lo habían llevado herido del lugar. Fue entonces cuando inició la angustiante búsqueda de su hijo por varios hospitales y morgues de Caracas, porque existía la posibilidad de que no siguiera con vida. La respuesta en cada centro de salud y morgue que visitaba era la misma: “No, su hijo no está aquí”.
Esa noche regresó a su casa con el corazón lleno de incertidumbre y temor por el bienestar de Ángel, quien podía ser víctima de una desaparición forzada.
”Nos pasaron tantas cosas por la mente, por no conseguirlo. No me quería ni imaginar lo que le podía haber pasado”, narra mientras clava su mirada en la fachada blanca con rejas negras de su casa. Se queda absorto mientras revive uno de los momentos más difíciles de su vida.
A las 2:00 am sonó la reja de su casa. “Igualito como la abría Ángel. Pensé que era él quien había llegado. Pero cuando me asomé me di cuenta que no era”, en ese momento un mal presentimiento se apoderó de Camero. “Algo le pasó a mi hijo”, se repetía una y otra vez. La última opción era buscarlo en las comisarías de la ciudad para ver si estaba detenido. Temprano en la mañana se dirigió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la avenida Urdaneta, a preguntar si su hijo se encontraba ahí. La respuesta fue diferente esta vez. El cuerpo de Ángel Camero estaba en la morgue.
Debe hacer una pausa en el relato. La voz se le quiebra y baja su mirada para ocultar las lágrimas que comienzan a brotar de sus ojos. Fue en ese momento que recordó que su hijo ya no lo abrazaría de nuevo.
Ángel era un joven muy ingenioso, según cuenta su padre. No terminó los estudios de bachillerato porque prefirió salir a trabajar para a apoyar económicamente a su familia. La sonrisa aparece en su rostro al recordar a su hijo y a la habilidad que tenía para reparar lo que se topara en su camino como bicicletas, licuadoras, motos, entre otras cosas. “Todo lo reparaba. Era muy hábil”, comenta su padre.
Seis meses después del asesinato de Ángel, José Camero obtuvo el protocolo de autopsia y los expedientes policiales de su caso. El joven recibió un impacto de bala en el pecho lo que provocó su muerte, además los informes policiales hablan de un presunto enfrentamiento entre la víctima y los funcionarios. La Fiscalía solicitó a las FAES el armamento que fue utilizado en este operativo para investigar la trayectoria de balística, pero no ha habido respuesta.
“Todo lo malo que se hace en esta vida, aquí se paga”, dice José Camero, sin perder la serenidad y la entereza. Durante todo el proceso Camero se ha dedicado a investigar la muerte de su hijo y ha presionar lo más posible para obtener justicia. Sabe cómo funcionan las instituciones policiales porque formó parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero esa entereza a veces se quiebra pues ha sufrido dos pérdidas irreparables: su primer hijo fue asesinado por la delincuencia, mientras que Ángel fue asesinado por funcionarios policiales.
“Yo estoy aquí y recuerdo cuando él llegaba de la calle y me abrazaba”, dice tratando de contener las lágrimas.
El motivo por el que José Camero se levanta con fuerza todas las mañanas son sus hijos y su nieta, la hija que Ángel que no llegó a conocer puesto que fue asesinado pocos días después de su nacimiento. Pero en su mente está la necesidad de obtener justicia por la muerte de su hijo.
2020: disminución de los asesinatos
Para los familiares de las víctimas mantener la entereza y fortaleza puede resultar difícil de lograr cuando se enfrenta a un cuerpo policial que cambió sus objetivos iniciales. El investigador de la ONG Provea Marino Alvarado explicó para El Diario que las FAES representan la antítesis del propósito con el que fue creada la Policía Nacional Bolivariana.
Explica que este cuerpo táctico no cuenta con la confianza de la población y que además de asesinar, también es acusado de robar, secuestrar y allanar arbitrariamente.
Si bien las Fuerzas de Acciones Especiales han mantenido un récord constante de asesinatos desde su creación, los recientes pronunciamientos internacionales han contribuido a la disminución de las ejecuciones extrajudiciales durante parte de 2020. Alvarado explica que luego del informe de la Acnudh y la la Misión de determinación de hechos a partir del mes de septiembre se registró una disminución de casos de violaciones de derechos humanos que involucra a las FAES.
Keymer Ávila comparte esta visión y agrega varias aristas que contribuyeron a su disminución. Señala que la necesidad de crear un clima de distensión para las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen para el 6 de diciembre así como la visita de la delegación de la CPI y su pronunciamiento sobre la existencia de bases razonables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “No hay que confiarse de esta disminución circunstancial, sin duda, es maravilloso porque se trata de cientos de jóvenes de los barrios cuyas vidas se están preservando, lo importante es tratar de mantener estos efectos el mayor tiempo posible para seguir protegiendo vidas y avanzar en ese sentido”, afirma.
El Monitor de Víctimas registró 15 asesinatos a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales durante septiembre de 2020. Entre enero y junio de 2020 fueron asesinadas 1.611 personas por policías y militares en Venezuela, de acuerdo con un informe especial publicado en septiembre por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). 417 (25,88 %) de esas 1.611 muertes fueron atribuidas a la actuación de las FAES y la PNB. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad, destaca el informe.
Según Provea los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda. Las estadísticas del Monitor de Víctimas revelan que en el Área Metropolitana de Caracas, entre el 4 de enero y el 25 de noviembre de 2020, 116 personas han muerto en ejecuciones extrajudiciales o resistencia a la autoridad en actuaciones de las FAES.
A pesar de esta disminución circunstancial de ejecuciones extrajudiciales, las víctimas exigen más que eso. A quienes no dejan que el miedo los invada hacen lo que esté a su alcance para que los responsables paguen y llegue la justicia a sus vidas.
Una madrugada de terror en Las Minas de Baruta
A Rosa Párez le costó reponerse. Todavía pesa sobre ella la tristeza y el dolor por la muerte de su hijo Genyill Chacón a manos de las FAES, presuntamente. Nunca olvidará esa madrugada del 6 de junio de 2019, cuando a las 5:00 am sonó el timbre de su casa ubicada en una urbanización en el municipio Baruta, estado Miranda. Dos amigos de su hijo, de 31 años de edad e ingeniero en sistemas, llamaron insistentemente a su puerta. Al abrir escuchó una frase que la llenó de temor: “Baje que las FAES están en la casa de Genyill”. Su hijo vivía en la zona popular llamada las Minas de Baruta, no muy lejos de la casa de su madre.
La mujer solo atinó a ponerse un suéter y unos zapatos. “Yo ni siquiera me lavé los dientes, salí desesperada a ver qué había pasado con mi hijo”. Cada palabra que sale de su voz se quiebra constantemente y las lágrimas amagan con salir.
Genyill Chacón se encontraba durmiendo esa madrugada cuando escuchó golpes fuertes en la puerta. Se levantó sobresaltado y se asomó por la ventana, ahí se dio cuenta que al menos 12 funcionarios de las FAES intentaban entrar a su casa que compartía con otras dos personas.
“No la tumben, yo tengo la llave”, le dijo el ingeniero a los policías para luego bajar y abrirles la puerta. “Mi hijo no tenía nada que temer y no debía nada, por eso él les abrió”, dice su madre con la mirada clavada en el piso de la sala de su casa. Al abrir la puerta los funcionarios encapuchados y sin ningún tipo de identificación esposaron a Chacón e ingresaron a la vivienda. Mientras que este padre de una hija se encontraba arrodillado y sometido en la puerta de su casa, las FAES sacó a las otras personas que se encontraban en la casa. Con la casa sola metieron a Chacón. Insistentemente preguntaban por el dinero que había en la casa, pero Genyill les negaba que tuviese dinero o algo de valor.
El otro inquilino de la casa escuchó un disparo acompañado del grito desgarrador de Genyill. Pocos minutos después escuchó un segundo disparo. Ahí supo que algo malo había pasado.
Cuando Rosa Chacón llegó a la casa de su hijo no la dejaban pasar. La empujaban y le negaban información. El desespero la dominó. No le daban información sobre lo que le había pasado a su hijo. La calle estaba cerrada custodiada por los funcionarios. “Su hijo está vivo pero está detenido”, le dijo un funcionario a Pérez. Llegó a ella un poco de esperanza, pero el miedo y la incertidumbre seguían presentes. La opción de la familia Chacón era buscarlo en los hospitales, por lo que su otro hijo se dispuso a hacer el recorrido acompañado de una prima mientras que la madre se quedó en las inmediaciones de la casa.
No pasó mucho tiempo cuando llegó la llamada de su hijo desde el Hospital El Llanito. “Aquí está Genyill, pero está muerto”, escuchó su madre. El cuerpo no reaccionó, el dolor se apoderó de ella y entró en un ataque de pánico. Su hijo había sido asesinado y eso era lo único que retumbaba en su mente. Rosa Pérez no recuerda mucho después de ese momento. Despertó al día siguiente en un Centro Diagnóstico Integral debido a que debió recibir medicación porque entró en estado de shock.
Los días y meses siguientes fueron una agonía. No podía levantarse de la cama, perdió el apetito y tampoco le apetecía bañarse. La depresión había tocado a su puerta. El dolor por la injusticia y el odio hacia quienes le quitaron la vida a su hijo la acompañan a cada paso y no la abandonan. Fue madre soltera y con trabajo y esfuerzo crió a cuatro hijos, todos ellos profesionales.
Su único impulso para seguir adelante es la necesidad de obtener justicia para su hijo, pues está convencida que su muerte no puede quedar impune. Su mirada refleja la tristeza de una madre a quien le arrebataron a su hijo de su lado, un hombre jovial, divertido, trabajador y buen padre. Frecuentemente busca en su teléfono cualquier video, nota de voz o mensaje que le haya enviado Genyill porque ella lo que más extraña es escuchar su voz todos los días.
Para ella ya no existen navidades, año nuevo ni cumpleaños felices. Su dolor la acompañará por siempre así los responsables paguen por sus delitos.
“Se lo llevaron con vida y al día siguiente estaba muerto”
En los barrios populares de Venezuela las sentencias de muerte son declaradas bajo eufemismos del lenguaje. Les llaman “culebras”, pero no se trata de reptiles que se deslizan para morder y envenenar, es una advertencia de guerra, conflicto y por último, de muerte. A Luis* le cegaron la vida por una “culebra” en el edificio en el que vivía.
Lo acusaron de asesinar a otra persona en Sabana Grande, en Caracas, donde residía. A su apartamento llegaron más de cinco funcionarios vestidos de negro y se identificaron como funcionarios de las FAES, a pesar de no tener ningún tipo de insignía en sus uniformes. Dijeron que se trataba de un operativo, pero al día siguiente, Amaya*, su madre, tuvo que trasladarse hasta la morgue del hospital Miguel Pérez Carreño, pero a reconocer a su hijo muerto. Lo habían asesinado.
El 7 julio del año 2016, Luis fue acusado por una mujer de haber “entregado” a su hijo a los policías. Amaya relata que funcionarios policiales se encontraban en la búsqueda de esa persona por estar presuntamente involucrada en algunos delitos. Meses después, en un operativo policial realizado en el edificio donde vivían, ese joven resultó herido y Luis intentó auxiliarlo. Cuando bajó de su apartamento, el lugar se encontraba rodeado. Los funcionarios terminaron asesinando al herido con tres tiros más. “Lo remataron”, agregó Amaya. A partir de ese momento, la mamá del joven le dictó la sentencia a Luis: “Ya sabes que somos culebra”, le dijo.
Amaya comenta que su hijo no le restó importancia a la amenaza. Sabía que la mujer tenía poder en la zona y que se encontraba en malos pasos, pero intentó seguir con su vida. Tenía una novia, trabajaba y ayudaba a su mamá con algunas compras. El 11 de julio decidió tomar unas vacaciones con su pareja y viajó hacia la isla de Margarita. En esa semana ocurrió un tiroteo en el bulevar de Sabana Grande.
Fue inculpado siendo inocente
Eran las 8:00 pm del Día del Niño en Sabana Grande. Todavía había movimiento en la zona que se convirtió en un intercambio de disparos. El tiroteo corrió a la multitud y las balas alcanzaron a un funcionario de la PNB, y presuntamente a otras cinco personas.
De acuerdo con la versión policial, dos agentes de la PNB salían de cumplir su jornada en la estación del Metro de Plaza Venezuela cuando detectaron que un hombre armado se encontraba cerca de una tienda. Éste supuestamente habría disparado a los uniformados e hirió a Franklin Javier Tovar Vegas, de 26 años de edad.
El compañero del herido pidió apoyo para trasladarlo hacia el Hospital Clínico Universitario, pero falleció a la medianoche mientras era intervenido. Era el uniformado número 82 asesinado en lo que iba de año en la Gran Caracas, según cifras extraoficiales de Monitor de Víctimas.
Por este hecho, presume Amaya, Luis fue inculpado. Lo acusaron de haber disparado y asesinado al funcionario. Sin embargo, la mujer dice que su hijo se encontraba de vacaciones en el estado Nueva Esparta. A los días siguientes de su llegada a Caracas, hombres vestidos de negro y encapuchados llegaron a su puerta. Preguntaron por su nombre.
Amaya comentó que ella se encontraba con Luis en el momento que lo sacaron del apartamento. Su hijo se encontraba acostado y con un yeso, pero aun así, lo cargaron y se lo llevaron fuera de la habitación. Un uniformado se quedó con ella y le dijo que se trataba de un operativo. Le impidieron salir de su propia casa. Ella insistió en que la dejaran salir. No lo hicieron, forcejeó, pero no pudo. Unos minutos después, escuchó unos disparos y luego, el silencio. Desde ese momento, no volvió a ver a Luis con vida.
En las paredes de la planta baja del edificio aún se encuentran más de 20 agujeros de impactos de bala. Amaya dice que los funcionarios quisieron simular un enfrentamiento para justificar el asesinato de su hijo y en el parte oficial así fue reseñado este hecho. Para la mujer, de 44 años de edad, la imagen en la entrada del edificio es un recordatorio diario de la falta de justicia en el sistema venezolano, pues decidió denunciar el hecho ante las autoridades, pero como el 95% de las denuncias realizadas ante el Ministerio Público por los operativos de las FAES, no se procedió a realizar las averiguaciones correspondientes.
Ella describe el asesinato de su hijo como un vacío muy grande, como cuando se le quita la viga principal a una construcción. Se siente impotente, desgastada y teme por su propia vida por el poder que tiene la mujer que presuntamente ordenó la ejecución de su hijo. Al finalizar la entrevista dice que desde ese día le cuesta conciliar el sueño. Le preocupa que toquen a su puerta. Sin embargo, afirma que sabe que su hijo está bien. Cuando puede dormir sueña con su hijo; sueña que hace justicia.
Tres balas de las FAES lo convirtieron en víctima a él y a su familia
Alexis Lira dice que a su mamá le quitaron la mitad de su vida cuando llamaron para avisar que a su hermano, Fernando Lira, lo habían matado. Fue la noche del 6 de marzo de 2019, la más oscura para la familia. La tarde siguiente ocurriría un apagón nacional que sumiría a todo el país en una penumbra que se prolongó, en algunos estados, hasta por siete días continuos. Lo mismo sintió Alexis cuando horas antes le enviaron un mensaje el 6 de marzo del año 2019 avisándole que un hombre con las características de su hermano había sido baleado por las FAES. La noticia lo ahogaría dentro de una opacidad que todavía mantiene no solo él, sino toda su familia en una penumbra que no se ha ido y que ha perdurado desde ese día.
Alexis no ha podido volver a la estación de servicio de Trapichito, en el estado Miranda. Su hermano, de 31 años de edad, había comprado unos dólares y acordó junto a su amigo Eligio Duarte, de 41 años de edad, trasladarse hasta la carretera de Guarenas-Guatire para recoger el dinero. Fernando era un exfuncionario de la Policía Municipal de Chacao, pero también fue comerciante y necesitaba las divisas para adquirir una materia prima para su emprendimiento de estampado de camisas. 500 dólares fueron la razón por la cual recibió tres disparos de bala, otras 50 terminaron impactando en el carro en que se trasladaban.
“La persona era de confianza. Ofreció los dólares en Instagram y la pareja de mi hermano le depositó el dinero. Para entregarlo, le dio muchas largas. Hasta que finalmente aseguró que ese miércoles entregaría el efectivo. A Fernando le parecía rara la situación, por lo que llamó a Eligio para que lo acompañara. Él usó su hora del almuerzo en la Policía de Chacao para ir con él”, indicó Alexis Lira, hermano de la víctima y abogado defensor del caso.
Aproximadamente a las 4:00 pm de ese día, 6 de marzo, se difundió la información a través de grupos de WhatsApp. Alexis había pedido a sus contactos policiales que le informaran sobre el paradero de su hermano, pues tenía varias horas sin responder los mensajes de texto. Él todavía guarda en la memoria de su teléfono la nota de voz en la que informan que grupos de las FAES “neutralizaron a dos secuestradores” en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura de Trapichito.
La versión policial sostiene que Lira y Duarte estaban “extorsionando a un vendedor de dólares” y que el procedimiento se trató de un “operativo de búsqueda y rastreo”. “Una vez en el lugar se generó un enfrentamiento con las fuerzas policiales y resultaron neutralizados los dos sujetos”, reza el parte oficial. Pero para el abogado Alexis Lira esto se trató de una ejecución extrajudicial.
Él relata que ambos llegaron hasta la estación de gasolina de Trapichito en el vehículo de Lira. Al lugar llegaron aproximadamente 15 funcionarios de las FAES a bordo de tres carros color negro mate.
Los funcionarios de las FAES pretendían detenerlos cuando estos intentaron escapar. Hubo una persecución y cuando los miembros del cuerpo policial comenzaron a disparar, Lira y Duarte se bajaron del vehículo donde se trasladaban, con las manos en alto y pidiendo cese el fuego.
Duarte se identificó como oficial activo. Sin embargo, fue esposado al igual que Lira. El desenlace lo relata el abogado Alexis Lira para El Diario: “De ese vehículo se bajaron unos hombres vestidos de negro, quienes dispararon al carro de mi hermano, intentaron huir, pero fueron interceptados por otro carro con las mismas características. Mi hermano se bajó del carro y lo agarraron los funcionarios, le dijeron manos arriba, Eligio se entregó con la intención de identificarse y esclarecer que era funcionario, pero los esposaron, arrodillaron y le metieron tres tiros a mi hermano y dos a Eligio. Los uniformados tenían fusiles y ametralladoras, le dispararon nuevamente al carro para simular enfrentamiento y le sembraron pistola”.
Lira también explica que la respuesta del supervisor de la policía ante los hechos fue que las acciones fueron ejecutadas “bajo estado de proporcionalidad”. No obstante, las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte accionaron un arma para convalidar la teoría de un supuesto enfrentamiento.
La opacidad informativa de parte del sector oficial en Venezuela hace que las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país asuman el reto de llevar las estadísticas sobre distintos hechos cuantificables. La data de Provea, en este caso, corresponde al informe sobre el primer semestre de 2020 (de enero a junio), el total de casos de asesinatos vinculados a las FAES. Los datos de Proiuris abarcan el período de enero- agosto del año 2020. La cifra de COFAVIC se refiere a presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas entre enero y marzo de 2020 por parte de los distintos componentes de las fuerzas de seguridad. Y el conteo de Monitor de Víctimas corresponde a las ejecuciones extrajudiciales o resistencia a la autoridad atribuibles a la FAES, entre enero- noviembre 2020, en el Área Metropolitana de Caracas.
El viacrucis para exigir justicia
El abogado Alexis Lira señaló que desde la noche de la muerte de su hermano decidió comenzar una lucha para poder llevar este caso a la justicia y desvanecer la impunidad que ronda actualmente en el sistema judicial venezolano con los procedimientos de las FAES. Ha tenido que observar el proceso judicial, que comenzó con la imputación y encarcelación de seis funcionarios, se desestimó a pesar de que las pruebas que dictan su culpabilidad están presentes.
Dice que ha tenido que soportar intimidación de los funcionarios que custodian a los imputados en cada traslado a los tribunales. Son hasta 20 hombres vestidos de negro y con armas largas. Y es que son al menos 60 elementos probatorios los recabados por la Fiscalía contra los siete funcionarios de las FAES, incluyendo al supervisor José Miguel Oliveros Gómez.
El informe médico legal contradice la versión policial. El documento señala que Duarte recibió dos impactos de bala en el tórax, mientras que Lira Granado recibió tres. Sin embargo en los certificados de defunción se registró como causa de muerte “shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el tórax”.
De acuerdo con un análisis realizado por la ONG Proiuris, el shock hipovolémico es la causa de muerte que usualmente se registra en las actas de defunción correspondientes a presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Se trata de una súbita disminución de los fluidos sanguíneos que provoca el deceso inmediatamente. El impacto de disparos en el tórax también es un patrón utilizado por este cuerpo policial y que sugiere que la intención es matar y no “neutralizar”, como suele indicarse en los reportes oficiales.
El informe médico legal también demostró que los disparos fueron descendentes, con entrada y salida para Lira, y solo entrada para Duarte. Esto indica que los que dispararon lo hicieron desde un plano superior al de las víctimas, lo cual coincide con la posibilidad de que ambas fueran ejecutados luego de obligarlos a arrodillarse.
La última información sobre este caso es que los seis funcionarios se encontrarían detenidos en un comando policial en Guarenas, aunque el tribunal Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Miranda ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Yare III, en el estado Miranda.
“Ese grupo estuvo involucrado en 24 homicidios en lo que iba de año. Es decir, en tres meses. Presuntos enfrentamientos con 24 muertos, como el de mi hermano”, añadió Alexis, quien también tiene un posgrado en criminalística.
Asegura que las FAES es un grupo exterminio que se vale del terror para mantenerse impune. Describió que después de los homicidios, a los familiares de las víctimas les llegan amenazas de muerte telefónicas para que no denuncien. Incluso, algunos familiares son asediados hasta el punto de migrar hacia otro país.
El caso de la familia Lira es singular porque existe un acercamiento a la justicia, principalmente por las peripecias y conocimiento del hermano de la víctima, pero en ningún momento existió una atención del Estado hacia las víctimas. En su casa, ubicada en Caracas, se encuentra un mesón de madera que ocupa una gran parte de la sala. Sobre ella mantienen una gorra roja que Fernando solía utilizar, las fotos de su graduación y su medalla. Su cuarto queda justo al lado del de su mamá. Cuando se tomaron las fotografías dentro de esa habitación, ella prefirió no mirar, mucho menos entrar. Dice que no solo su hijo fue una víctima, ellos también lo son.
Los funcionarios que asesinaron a Genyill, a Ángel, a Cristian, a Luis* o a Fernando no actuaron según los lineamientos policiales adecuados. Esto forma parte de una serie de patrones que forman parte de la forma de actuar de las FAES.
Patrones
La ONG Proiuris y el primer informe de la Acnudh identificó varios patrones que caracterizan los operativos realizados por este grupo táctico de la PNB como la irrupción violenta en residencias y domicilios, concentración de la actuación policial en barrios pobres, las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva, entre 16 y 41 años, presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad, “siembra” de armas para simular enfrentamientos, alteración de la escena del crimen para borrar evidencias de excesos policiales, allanamientos sin autorización judicial, robos en las residencias y domicilios, actuación de agentes policiales enmascarados y no identificados.n
El abogado penalista Luis Izquiel explicó para El Diario que el accionar de las FAES ha profundizado la desconfianza que la población tiene sobre los cuerpos de seguridad del Estado. El jurista explica que los delitos cometidos por este denominado grupo de exterminio no prescriben incluso si este cuerpo policial es eliminado. Sin embargo, destaca la impunidad que existe en Venezuela por parte de las autoridades judiciales y su inacción en torno a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. “Si aquí hubiese imparcialidad y justicia en Venezuela la Corte Penal Internacional no tendría nada que hacer. Pero como no hay justicia tienen que actuar”.
En cada informe y en cada estudio las cifras de ejecuciones extrajudiciales van en aumento. Las FAES se convirtieron en un cuerpo policial sin rostro que arrebata vidas a su paso. Detrás de cada muerte hay una madre que llora desconsoladamente a su hijo, una esposa cuya familia ahora está rota, un hermano que siempre vivirá con el dolor y unos hijos a quienes solo les queda extrañar a sus padres y esperar que en algún momento la justicia llegue a sus vidas y les brinde un ápice de tranquilidad.
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