• Karina Barbosa, representante de dos menores de edad que cursaban estudios en el Instituto Escuela, asegura que sus hijos fueron expulsados de dicha institución
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Foto: Víctor Álvarez

Para los ojos de la discriminación no hay edad. Karina Barbosa lo supo por experiencia propia cuando su hija de 13 años fue discriminada por darle un beso a una estudiante de bachillerato en el transporte de su casa de estudios: el Instituto Escuela ubicado en Prados del Este, de la ciudad de Caracas. El hecho ocurrido en junio pasado provocó que las autoridades escolares le prohibieran, tanto a la menor como a su hermano, la reinscripción en el siguiente año académico 2019–2020.

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¿Por qué mi hija tiene que estar pasando por esto?”, se pregunta con aflicción.

En ocasiones, sus ojos se humedecen y la voz se le entrecorta, pues reitera que “no ha sido nada fácil” lidiar con las medidas que tomó la institución. Ahora, a dos meses para el regreso a clases, en ella solo aumenta la preocupación por no tener cupos escolares para sus hijos.

La madre, quien también es educadora, explicó a El Diario que, luego de lo que ocurrió con su hija aquel día, la subdirectora académica Mireya Pérez y el subdirector general Óscar Velásquez la citaron con carácter de urgencia para informarle sobre la decisión del colegio y, para su sorpresa, también le entregaron un acta escolar donde aseguraban que su hija tenía problemas de conducta.

“Yo les dije que lo que estaban haciendo era una expulsión y ellos me dijeron que no, que estaban ‘recomendando un cambio de ambiente’, y el profesor Velásquez argumentó que la institución no estaba preparada para lidiar con ese tipo de temas”, relata Barbosa, quien también comenta que su hija pasó a primer año de bachillerato con un promedio de 17 puntos, en lo que la propia menor considera fue “un año difícil”.

Ante este incidente, Barbosa acudió a la abogada Tamara Adrián, quien accedió a llevar el caso y elaboró la denuncia. Posteriormente, acudieron al Consejo de Protección del Niño y Adolescente del municipio Baruta. Allí los consejeros les pidieron el nombre y número telefónico del colegio para citar a sus autoridades y aclarar la situación.

Como lo establece la Constitución venezolana en su artículo 21:

blank Todas las personas son iguales ante la ley”.

Es por ello, que no se debería aceptar ningún tipo de discriminación “que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.

En ese sentido, Adrián explica que “ningún colegio puede negar el derecho a la educación sobre la base de la expresión de afecto que no sea igualitario, quiere decir que lo mismo tendría que ser aplicado tanto a las relaciones heterosexuales como a las relaciones de personas del mismo sexo”.

Daños colaterales

Enterarse de que la reinscripción también le fue negada a su otro hijo ocurrió luego de acudir al Consejo de Protección, lo que tomó nuevamente por sorpresa a Barbosa. Aquella decisión no le fue comunicada mediante una citación, sino que en el momento en el que intentó cargar las planillas para el nuevo período académico, un error le impedía entrar al sistema. En consecuencia, acudió al Instituto Escuela, donde Pérez y Velásquez le dijeron que su hijo tampoco podía reinscribirse.

En este caso el motivo no era una mala conducta del menor: las autoridades de la institución le aseguraron a Barbosa que la decisión se vio motivada a que ella “habló mal del colegio en las redes sociales”, de modo que pidió ver las pruebas de aquellas acusaciones, pero su solicitud no fue atendida.

“Les pregunté si el Consejo de Protección los había llamado por el caso de mi hija y me dijeron que no”. La madre acudió el lunes 29 de julio al organismo municipal para preguntar por el caso, pero los funcionarios le dieron como respuesta que “se les inundó la oficina, se mojaron los papeles y trataron de llamar al colegio, pero no se pudieron comunicar”.

Con indignación, Barbosa asegura que se siente “en un limbo”. El futuro académico para sus hijos es incierto, el tiempo sigue transcurriendo y las autoridades permanecen silentes. “¿A quién le hizo daño mi hija?”, se pregunta pausadamente. Como también explica, los días posteriores al hecho fueron incómodos para la menor, “pero el estrés de mi hija no era por sus compañeros, era por las autoridades de la institución”.

Para la abogada Adrián, “el silencio es el arma preferida de las intolerancias, y evitar que se hable hace que no se tomen medidas”, por lo que opina que el Consejo de Protección tuvo que emitir una “respuesta inmediata” ante este caso.

En 2017, la Organización de las Naciones Unidas indicó en su informe Detrás de los números: terminar con la violencia y el acoso escolar que “una atmósfera de ansiedad, miedo e inseguridad es incompatible con el aprendizaje, y los entornos de aprendizaje inseguros pueden, por lo tanto, socavar la calidad de la educación para todos los alumnos”.

“Se supone que me tiene que importar a mí porque soy su mamá, pero me importa ella y me importan todos, porque los demás no están exentos de un atropello como este. Y si el hecho de que yo salga a dar la cara sirve para que eso no le suceda a más nadie, pues bienvenido sea, también me doy por servida”, explica la representante.

Pese a las agobios y tristezas, Karina Barbosa se expresa con firmeza y sostiene que su esfuerzo es por una causa justa. Aunque varias lágrimas siguen corriendo sobre su rostro, se aferra a la esperanza de que las leyes se cumplan y que sus hijos puedan conseguir cupo en otra unidad educativa. El Instituto Escuela ya no es una alternativa, como lo indica, “qué madre quiere a su hijo en un sitio donde no lo quieren”.

Su hija ha tomado fuerzas en el genuino apoyo que su madre le reitera y con la inocencia de sus 13 años asegura que se siente “tranquila”. Sin hablar de rencor alguno, expresa que su deseo es que los demás “luchen por sus derechos y compartan lo que nos sucede, porque quedarse callados no es una opción”.

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